UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios a nivel estatal, han presentado este martes un documento con cuatro bloques de propuestas unitarias en el que destaca, por su novedad, el planteamiento de establecer una ley para el diálogo social y la negociación colectiva.
La Constitución Española reconoce el papel de los agentes sociales (sindicatos y asociaciones empresariales), pero ninguna norma a nivel estatal desarrolla todavía su labor ni blinda su financiación, lo que expone a las organizaciones a las sensibilidades de cada gobierno.
El debate sobre la necesidad de institucionalizar el diálogo social y la negociación colectiva es histórico en el seno de los sindicatos, pero en pocas ocasiones se ha materializado con tanta claridad. En el documento elaborado conjuntamente por UGT y CCOO se definen los contenidos básicos que piden para la nueva ley, la cual incorporaría desde criterios de participación para el desarrollo de las políticas públicas a la provisión de una financiación estable anual.
En este sentido, los sindicatos proponen que la nueva ley fije una compensación anual en concepto de indemnización por la participación de los agentes sociales en el diálogo social y en la negociación colectiva. Esta compensación sustituiría a las actuales subvenciones que aprueban los gobiernos autonómicos y el estatal y estaría incluida en los presupuestos de cada año. Cada organización más representativa propondría las cantidades al ministerio competente y se abonarían con periodicidad trimestral.
De manera adicional, los sindicatos proponen la creación de un Consejo del Diálogo Social presidido por el presidente del Gobierno como órgano de "participación y concentración de carácter estable", en el cual participarían las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y se alcanzarían acuerdos anuales.
Según han referido en una rueda de prensa conjunta, el objetivo es evitar "depender de la voluntad política". Han puesto el ejemplo de la reforma laboral de 2012 del gobierno de Rajoy, no negociada con los sindicatos, y de la ley de participación institucional de la Región de Murcia, modificada en julio de 2025 por el gobierno de coalición de PP y Vox. Aunque el Tribunal Constitucional ha suspendido dicha modificación por el momento por un recurso del Ministerio de Trabajo, esta pretendía eliminar la financiación nominativa y directa a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
Esto supone una amenaza clara para el modelo actual de diálogo social, en el que las subvenciones se destinan habitualmente a UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, las organizaciones más representativas a nivel estatal. Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, ha explicado que la financiación pública de las actividades del diálogo social y la negociación colectiva está justificada en que, según el modelo de España, lo acordado en el diálogo social se aplica a todos los trabajadores, no solo a los afiliados.
Por lo tanto, considera que "es injusto que todo el peso -de financiación- recaiga sobre los afiliados". UGT y CCOO aspiran a pactar la nueva norma con las organizaciones empresariales y a que genere el consenso suficiente en el ámbito parlamentario.
Cabe recordar que, más allá de la falta de regulación, el actual modelo de subvenciones no está exento de polémicas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo anuló en 2024, tras un recurso de Conpymes, un decreto de 2022 del Ministerio de Educación que concedía 30,6 millones de euros en subvenciones directas a CEOE, Cepyme y UGT.
Aunque no se trata de una ayuda vinculada al diálogo social, la sentencia estimó que la asignación directa carecía de justificación en este caso y beneficiaba injustamente a estas organizaciones en la formación para el empleo.
Por otra parte, el debate sobre la representatividad empresarial y la posible apertura de órganos consultivos a otras organizaciones como Pimec es periódico. El actual Gobierno prometió desarrollar las reglas de representatividad empresarial y de los autónomos, pero la iniciativa ha quedado aparcada en un cajón dada la negativa de los actuales componentes del diálogo social y la falta de apoyos políticos para sacar adelante cualquier normativa.
Muestra de ello es lo sucedido en el Consejo Económico y Social (CES). El Ministerio de Trabajo intentó incorporar a la patronal catalana cambiando el reglamento; sin embargo, los miembros del organismo se opusieron, de manera que la renovación de los integrantes acumula más de un año de retraso.
En el documento unitario, UGT y CCOO han planteado otras reformas sobre la regulación del despido y de la contratación. Para el despido, han presentado una batería de medidas con el objetivo de hacer "disuasorios" los ceses como instrumento de flexibilidad interna, exigiendo que tenga una justificación "más rigurosa". También proponen ampliar los requisitos de preaviso, la comunicación escrita motivada y la audiencia previa para que los sindicatos tengan más control de los procesos, así como recuperar los salarios de tramitación.
Los sindicatos evitan pedir un aumento concreto de las indemnizaciones en el caso de los despidos improcedentes. En su lugar, plantean que exista una indemnización mínima "en línea con los estándares europeos" y que en cada caso se puedan establecer indemnizaciones que "reparen el daño real". Estos aspectos se deberían debatir en una mesa de diálogo social con el Ministerio de Trabajo de la que ya se ha descolgado la patronal.
Además, en el Ejecutivo no existe consenso para reformar el despido en estos términos, menos después de la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza indemnizaciones a la carta, por lo que la materialización de alguna de estas medidas se antoja complicada.
Para los contratos a tiempo parcial, los sindicatos piden una mayor justificación y que se aplique la presunción de jornada completa en los casos en los que las horas complementarias sean la norma. Además, piden un aumento de los requisitos de previsibilidad de la jornada y dar prioridad a la promoción interna cuando haya vacantes a tiempo completo.
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