Impacto España Noticias
Olga García García, ex consejera de Transición Ecológica en el Gobierno extremeño de Guillermo Fernández Vara (PSOE) y actual presidenta de la pública Enresa, participada por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), ha sido citada para declarar el próximo 7 de octubre como imputada en un juzgado madrileño en un procedimiento en que se investiga presunto trato de favor público a Iberdrola para la instalación de un parque fotovoltaico en Alcántara (Cáceres) en 2024 que llegó a recibir 22 millones de fondos europeos públicos Feder.
En el mismo procedimiento ya han declarado como imputados la actual directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Marta Gómez Palenque, y su subordinado ya jubilado, Eugenio Domínguez, pocos días después, el 3 de marzo pasado, detenido por presuntamente haber cobrado cinco millones de euros de soborno a cambio de aprobación medioambiental para proyectos de Forestalia.
García, presidenta de Enresa, ha sido ahora imputada junto a varios ex subordinados suyos por participar en el tracto de aprobación del megaproyecto, llamado FV Tagus y denunciado por la entidad protectora del territorio Fondenex, representada por la abogada Dorinda Aventín.
La Fiscalía llegó a tachar la aprobación medioambiental del proyecto, trabajada por Domínguez y firmada por Gómez Palenque, de "resolución manifiestamente contraria a la normativa nacional y europea de protección ambiental", y de "apartarse groseramente de los objetivos de conservación ambiental de los hábitats y espacios protegidos, y que favorece arbitrariamente el interés del promotor".
El parque se construyó en zona protegida por la Red Natura 2000 y habitada por buitre negro, águila imperial y lince ibérico, entre otras especies, certificó Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid... Aunque luego, a la declaración de Palenque y Domínguez, nadie de la Fiscalía se presentó en Instrucción 41 de Madrid, el juzgado en el que el juez Juan Carlos Peinado, el mismo que ha investigado a Begoña Gómez, dirige las pesquisas.
Fiscalía, que en un primer momento aseveró de forma muy rotunda que se habían producido irregularidades palmarias, sostiene ahora que los plazos para la investigación habrían prescrito, pero Peinado es de la opinión contraria, por lo que la Audiencia Provincial de Madrid deberá decidir en breve la pervivencia del procedimiento.
Los hechos se remontan al 23 de enero de 2023, cuando Domínguez aprobó el informe positivo de Declaración de Impacto Ambiental sobre la planta a construir en Alcántara (Cáceres), de la que Iberdrola ha hecho bandera por sus 380 megawatios, que fue visitada y respaldada durante su construcción por los responsables de la Consejería del ramo, incluida García como titular.
Junto con Olga García declararán, igualmente como investigados, Jesús Moreno Pérez, director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura de Vara, y Ángel Sánchez García, coordinador de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta.
Domínguez fue detenido pocos días después de deponer ante Peinado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), por presuntamente permitir a cambio de cinco millones de euros otro gran proyecto de energías renovables: el llamado Clúster del Maestrazgo, en el que la empresa aragonesa Forestalia pretende levantar cerca de 200 molinos de viento de más de 150 metros en una zona protegida por la Red Natura 2000 de Teruel.
El proyecto era tan lesivo para el medio ambiente según varios indicadores, que Teruel Existe y la ONG Paisajes de Teruel lo denunciaron, el juez de Instrucción 1 de la ciudad le encargó investigarlo al UCOMA y los agentes descubrieron que varias mercantiles de Forestalia habían pagado altas cantidades por otras sin ese valor y pertenecientes a la esfera de Domínguez, con la colaboración de un notario madrileño que autorizó las operaciones societarias y las mantuvo en secreto, escondidas en una caja fuerte.
La investigación de UCOMA, y la de la propia UCO conectando Forestalia con el entorno presuntamente corrupto del ex número 2 del PSOE, Santos Cerdán, a través del empresario Antxon Alonso y del ex presidente de SEPI Vicente Fernández, extiende densas sombras sobre los proyectos de Forestalia en Aragón... Y ahora se abre un flanco nuevo en Extremadura, una tierra que, al igual que la aragonesa, vivió un 'boom' de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos con la llegada del Gobierno del PSOE.
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