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El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, ha ordenado que el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, responsable de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) que afectan al Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez, siga al frente de las pesquisas aunque ascienda de rango.
Desde el pasado 1 de julio, Balas ya cumplía los requisitos para ascender al empleo de coronel. La promoción implicaba su traslado a un nuevo destino. Moncloa pretendía agilizar su ascenso para propiciar precisamente su marcha a otra unidad para tratar de colocar al frente de las investigaciones que afectan al PSOE a otro mando más permeable a sus presiones.
El juez Moreno ha frustrado las esperanzas del Gobierno con esta decisión. El magistrado ha acordado que Balas siga al frente de las averiguaciones del caso Koldo a propuesta del fiscal anticorrupción del caso Koldo, Luis Pastor, y ha comunicado la medida al coronel de la UCO, Pedro Merino Castro, que tendrá que asegurarse de que se hace efectiva.
Aunque la decisión afecta únicamente a la causa relacionada con la compra de mascarillas y adjudicación de obra pública del Ministerio de Transportes, es previsible que la permanencia de Balas tenga igualmente efectos en el resto de causas que supervisa en estos momentos, como la trama de las cloacas del PSOE, la presunta corrupción en la SEPI y el caso Begoña Gómez.
El Gobierno ya ascendió en diciembre al entonces coronel de la UCO, Rafael Yuste, al empleo de general de brigada para forzar su marcha a otro puesto. Como han revelado investigaciones efectuadas precisamente por esta unidad policial, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que es militante del PSOE e íntima de Sánchez, habría incoado expedientes contra Yuste para intentar neutralizar los procedimientos que inquietan a Moncloa.
El Gobierno ha tenido una especial fijación en desactivar a Balas. Este diario desveló en mayo de 2025 que la fontanera de Ferraz, Leire Díez Castro, se reunió por videoconferencia con un empresario del sector de los hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, para tratar de conseguir información comprometedora para "matar" al teniente coronel.
Audios y documentos intervenidos a Leire y otros miembros de las cloacas del PSOE demuestran que también hicieron otro tipo de gestiones para quitar de en medio a Balas. Entre esos movimientos figuran tres reuniones de Leire con la propia directora general de la Guardia Civil. En un primer momento, González negó esos encuentros. Sin embargo, ha tenido que admitirlos ante la contundencia de las pruebas.
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