La Guardia Civil mantiene almacenadas más de 9.000 pistolas modelo Ramon adquiridas a la empresa israelí EMTAM entre 2021 y 2023, sin poder utilizarlas por la imposibilidad de adquirir la munición compatible. El coste inicial de esta operación superó los dos millones de euros, pero la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de vetar la compra de balas israelíes ha dejado el armamento inoperativo en los almacenes del cuerpo.
Según fuentes de la Benemérita consultadas, la situación se agrava 15 meses después de que el Ministerio del Interior diera marcha atrás en un contrato para 15 millones de balas de 9 milímetros fabricadas por IMI Systems. Estas municiones eran las únicas que superaron los rigurosos tests de laboratorio del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial.
Otras opciones, como las italianas Fiocchi, las españolas Omena Technologies o las checas Sellier & Bellot, fallaban sistemáticamente al encasquillarse, lo que podría haber puesto en riesgo la seguridad de los agentes en intervenciones críticas.
No es el primer contratiempo con estas pistolas. En 2022 ya se detectaron fallos graves en el sistema de extracción que provocaron, incluso, un agente herido de gravedad. Aunque se distribuyeron kits de reparación, al menos 4.000 unidades quedaron directamente apartadas. La combinación de defectos de fabricación y la falta de munición compatible ha convertido la inversión en un lastre económico y operativo.
Para paliar la deficiencia, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha licitado recientemente 7.500 nuevas pistolas a otro proveedor israelí, Guardian Homeland Security, por un importe de 4,5 millones de euros. Cada arma costará unos 600 euros, un 120% más cara que las Ramon. Paralelamente, se ha retomado la compra de munición por 9,8 millones de euros.
El origen del problema se remonta a 2025, cuando se adjudicó el contrato de balas a IMI Systems. La publicación de la noticia generó fuertes críticas de los socios de coalición, especialmente Sumar e Izquierda Unida, por la posición del Gobierno respecto al conflicto en Gaza.
La portavoz Pilar Alegría reafirmó el compromiso de no comprar armamento a Israel, lo que llevó a la anulación del acuerdo pese a las consecuencias. Moncloa priorizó la política exterior sobre las necesidades operativas de la Guardia Civil, dejando sin solución inmediata el problema de equipamiento.
Esta situación ha generado malestar interno en el Instituto Armado, donde se denuncia que la seguridad ciudadana se ve comprometida por decisiones políticas ajenas a las exigencias técnicas del cuerpo. Mientras tanto, las pistolas siguen guardadas y el Gobierno busca alternativas más costosas para equipar a sus agentes.
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