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La UCO localizó en la oficina del DAO de la Guardia Civil la única copia de los expedientes reservados que se abrieron contra agentes encargados de investigar casos relacionados con el ámbito de Pedro Sánchez.
Manuel Llamas, DAO, mantenía estos expedientes bajo llave, una práctica considerada irregular que indica un interés particular en agentes molestos para el Gobierno.
La directora de la Guardia Civil y el DAO enfrentan imputaciones por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire Díez, donde se investiga una posible maniobra para desprestigiar a la UCO.
Anticorrupción resalta encuentros y comunicaciones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, señalando posibles intentos de manipulación y ocultación de información clave para las investigaciones.
La Unidad Central Operativa (UCO) detectó en la oficina del DAO de la Guardia Civil la única copia disponible de las dos informaciones reservadas iniciadas desde la Dirección General contra sus propios compañeros, encargados de los procesos judiciales vinculados al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así lo confirmaron, en exclusiva para EL ESPAÑOL, mandos del Cuerpo, miembros del Estado Mayor del Instituto Armado y fuentes cercanas a la investigación.
El 27 de mayo pasado, agentes de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se trasladaron a la sede de la Dirección General, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, para solicitar esos expedientes abiertos contra dos investigadores.
Balas y su equipo debieron preguntar, sin resultado inicial, en varios departamentos del edificio hasta localizar la documentación. Primero, acudieron al área de régimen disciplinario.
Los expedientes contra sus colegas no se encontraban allí. Pasaron de un despacho a otro.
Tras varias gestiones dentro del edificio, finalmente les admitieron que el DAO, Manuel Llamas, guardaba el documento original de los expedientes bajo llave en su oficina.
Una situación que, según fuentes vinculadas al caso, resulta absolutamente «anómala».
Manuel Llamas conservaba ambos expedientes en físico en su despacho, que ni siquiera estaban digitalizados. Eran el único ejemplar existente de esos documentos.
Como verificó la UCO aquel mismo día, no había registro documental alguno en otro lugar dentro de la sede de la Dirección General.
Para los investigadores, según explican fuentes judiciales del caso, este dato tiene gran importancia porque revela una clara irregularidad en la custodia de los expedientes.
Evidencia el interés específico del DAO hacia agentes incómodos para el Gobierno, ya que están implicados en investigaciones relacionadas con el entorno del presidente Sánchez.
Días después de que la UCO solicitara esta documentación, el Gobierno divulgó en medios aliadas que Balas y la UCO se habían «excedido» al irrumpir en el despacho de Llamas, una práctica inédita y poco habitual.
No obstante, el equipo de Balas no accedió sin razones al despacho de su superior máximo, persona investigada por mandato del juez Santiago Pedraz.
Buscaban información muy concreta que Llamas no tuvo más opción que reconocer que guardaba en sus dependencias.
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO se encuentran actualmente formalmente imputados en el caso Leire Díez, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos están citados para declarar ante el juez el próximo 16 de julio.
Según el juez Santiago Pedraz, Llamas ordenó abrir una información reservada contra agentes de la UCO que actuaban como policía judicial para la jueza Beatriz Biedma, instructora de las diligencias contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Concretamente, el 4 de diciembre de 2024, Llamas solicitó iniciar una investigación preliminar para determinar si existían indicios suficientes que justificaran un expediente disciplinario.
Pidió que se analizara la inclusión en el informe de la UCO dirigido a Biedma de la dirección de correo electrónico usada por la esposa del presidente, dado que en la causa contra David Sánchez aparecieron correos enviados a su cuñada.
Estas informaciones reservadas coinciden con las reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, que bajo presunta dirección del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, coordinaba acciones para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO.
Según las diligencias que instruye Pedraz, las reuniones entre la directora y Díez se celebraron los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025.
En la última cita, Díez solicitó a la directora que devolviese a su destino al comandante Rubén Villalba.
Leire ofreció beneficios al agente Villalba, implicado en el caso Koldo, a cambio de información que pudiera usar contra los investigadores de la UCO, especialmente frente al teniente coronel Balas.
Días más tarde, el 29 de abril de 2025, la Jefatura de Información de la Guardia Civil emitió una nota de despacho que señalaba «la existencia de un grupo que estaría desarrollando una campaña de desinformación para desacreditar las investigaciones de la UCO».
La nota citaba expresamente a Leire Díez y agregaba que «este grupo estaría dirigido por Santos Cerdán, siendo conocimiento también de la directora general de la Guardia Civil«.
En ese momento aún no se conocían los tres encuentros previos entre Mercedes González y Leire Díez.
Una nota casi idéntica a la de la Jefatura de Información fue emitida el 6 de mayo de 2025 por la UCO. El documento fue entregado al jefe de Policía Judicial, el general Alfonso López Malo.
Este último revisó personalmente la nota junto al DAO el 8 de mayo de 2025.
Fue entonces cuando López Malo supo, a través de Llamas, de la existencia de la nota de la Jefatura de Información que advertía sobre las maniobras de Leire Díez, un documento que según Anticorrupción el DAO ocultó durante 10 días, desde el 29 de abril, pese a su relevancia para una unidad clave.
La preocupación de López Malo por la información contenida en la nota del 6 de mayo fue tal que ordenó crear un servicio de contravigilancia sobre dos oficiales de la UCO que eran blancos de la trama.
Lo más importante es que Llamas aseguró a López Malo haber informado a la directora de la Guardia Civil sobre la nota de la Jefatura de Información del 29 de abril.
Anticorrupción destaca que, aunque era evidente que González conocía las notas que advertían sobre el grupo de Leire Díez dedicado a desacreditar a la UCO, mantuvo comunicaciones telefónicas con la fontanera del PSOE.
A las 09:16 horas del domingo 11 de mayo de 2025, día en que se publicaron informaciones sobre mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez que la UCO no tenía, también se registraron mensajes en el chat entre Leire Díez y González. Esta última activó la función de borrado automático.
El 29 de mayo de 2025, la responsable de la Benemérita sostuvo una reunión con Llamas, López Malo, el coronel jefe de la UCO en ese momento, Rafael Yuste, y el teniente coronel Balas.
Todo ello, «sin que Mercedes González les informara de que había tenido conocimiento y había mantenido comunicación y encuentros personales con Leire Díez», según sostienen las fiscales, que no creen la versión presentada por la directora en la comisión de investigación del Senado unas semanas atrás.
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