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José Luis Rodríguez Zapatero habría informado a los responsables de Plus Ultra de que la aerolínea recibiría el rescate público de 53 millones de euros antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara oficialmente la operación. Según la documentación incorporada a la investigación judicial, el aviso se produjo el 26 de febrero de 2021, once días antes del visto bueno definitivo del Consejo de Ministros y varios días antes de que la SEPI emitiera su propuesta favorable.
Los escritos remitidos al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por Julio Martínez Martínez, señalado por la investigación como presunto testaferro de Zapatero, y por el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, coinciden en una cronología que sitúa al expresidente con conocimiento previo del desenlace del expediente de rescate.
De acuerdo con la documentación, Zapatero comunicó a Julio Martínez Martínez que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedería la financiación solicitada por Plus Ultra. Tras recibir ese mensaje, el empresario trasladó la información a los principales accionistas de la compañía, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes.
En uno de los escritos presentados ante la Audiencia Nacional, la defensa de Martínez Martínez sostiene que el expresidente estaba informado de cada avance del procedimiento y que fue él quien notificó a su cliente que la ayuda pública sería aprobada.
La versión coincide con la ofrecida por el presidente de Plus Ultra en otro documento remitido al magistrado, lo que refuerza la hipótesis de que la compañía tuvo acceso a información sobre el resultado del expediente antes de que concluyeran los trámites administrativos.
Cuando el miedo sustituye al debate: el relato del calor extremo merece más preguntas y menos dogmasLas fechas reflejadas en la investigación adquieren especial relevancia. El Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas no aprobó elevar una propuesta favorable hasta el 2 de marzo de 2021. Ese mismo día, el director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, comunicó al presidente de la aerolínea que el expediente había superado ese trámite y únicamente restaba la autorización política.
Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el rescate el 9 de marzo de 2021. Posteriormente, la SEPI efectuó un primer pago de 19 millones de euros, mientras que el segundo desembolso, por 34 millones, se realizó el 10 de agosto, completando así la ayuda pública de 53 millones.
Esta secuencia temporal plantea uno de los principales interrogantes de la causa: cómo pudo conocer Zapatero el resultado del expediente antes de que los órganos competentes adoptaran formalmente la decisión.
Julio Martínez Martínez, que ha anunciado su voluntad de colaborar con la Justicia, también atribuye a Zapatero el origen de su relación con Plus Ultra. Según su relato, fue el expresidente quien le advirtió de que recibiría una llamada del presidente de la compañía y de su consejero delegado, Roberto Roselli, para abordar la búsqueda de financiación.
Ese contacto se produjo el 16 de mayo de 2020, momento en el que los responsables de la aerolínea expusieron la delicada situación económica de la empresa. A partir de entonces, Martínez Martínez comenzó a desempeñar labores de intermediación, asegurando que Zapatero permanecía informado de todos los avances.
La documentación judicial recoge que Plus Ultra suscribió el 30 de julio de 2020 un contrato con la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, por un importe de 5.000 euros mensuales más IVA. Un mes después, el 1 de septiembre, la aerolínea presentó formalmente su solicitud de rescate ante la SEPI.
Posteriormente, cuando las posibilidades de obtener la ayuda aumentaron, se firmó un segundo acuerdo con Idella Consulenza Strategica, que contemplaba una comisión equivalente al 1% del importe del rescate en caso de que la operación fuese finalmente aprobada.
En su escrito remitido al juez, el presidente de Plus Ultra reconoce que la contratación de estos servicios respondió a una situación límite y que recurrieron a la intermediación vinculada a Zapatero como una medida para intentar garantizar la supervivencia de la compañía.
Las diligencias también reflejan que los implicados llegaron a estudiar la posibilidad de que el propio Zapatero o Julio Martínez Martínez intervinieran directamente ante responsables de la SEPI para agilizar la tramitación del expediente y obtener garantías sobre la futura aprobación del rescate, con el objetivo de facilitar financiación bancaria provisional.
Asimismo, la causa recoge una reunión celebrada a comienzos de febrero de 2021 entre Zapatero y Camino Ibrahim Issa. Según la versión aportada por Rodolfo Reyes, el expresidente trasladó entonces un mensaje de tranquilidad al asegurar que la operación seguía avanzando favorablemente.
La investigación judicial centra ahora su atención en determinar de dónde procedía la información que permitió anticipar la concesión del rescate y si Zapatero mantenía algún canal de comunicación con responsables de la SEPI o del Gobierno durante la tramitación del expediente.
Los informes incorporados a la causa señalan además que Zapatero recibió cerca de medio millón de euros de Análisis Relevante, sociedad que participó en las gestiones relacionadas con el rescate. Con estos nuevos escritos, la Audiencia Nacional deberá esclarecer no sólo el alcance de su intervención, sino también cómo conocía con antelación una decisión que oficialmente aún no había sido adoptada.
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