Durante años, el euro digital fue presentado por el Banco Central Europeo (BCE) únicamente como una alternativa moderna y práctica a los billetes y monedas. Ahora se ha reconocido abiertamente que el proyecto tiene como objetivo responder a la dominancia de las empresas de pago estadounidenses. Visa y Mastercard procesan el 61% de los pagos con tarjeta en la zona euro, según los propios datos del BCE, y es esta dependencia la que Bruselas pretende romper.
El 23 de junio, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo aprobó su posición negociadora sobre el paquete legislativo del euro digital por 43 votos a favor y 14 en contra. Aunque esta aprobación no constituye la ley definitiva, se espera un acuerdo final con el Consejo antes de finales de 2026, con una implementación proyectada para comenzar a partir de 2029.
El dominio de Visa y Mastercard en las transacciones transfronterizas en Europa genera miles de millones de euros en comisiones; una reducción significativa de ese dominio debilitaría el dólar, representaría una pérdida económica para estas empresas estadounidenses y amenazaría una de las herramientas de poder blando de Washington. Sea cual sea el resultado de esta disputa entre bloques, es el ciudadano europeo quien primero soporta el costo de la respuesta elegida por Bruselas.
Este desarrollo refleja el enfoque cada vez más proteccionista que la Unión Europea ha adoptado en el ámbito tecnológico, como se ha visto con la Ley de Mercados Digitales y el reciente Paquete de Soberanía Tecnológica, que dificultan la competencia abierta y la innovación privada. Bajo el pretexto de defender la soberanía europea, Bruselas ha optado por crear infraestructuras públicas centralizadas.
Pero el dinero no es infraestructura. Es el instrumento a través del cual el Estado y el ciudadano negocian, cada día, los límites de la libertad individual. Por eso, desde el inicio de los debates sobre el euro digital, ha ido emergiendo una dirección de avance particularmente peligrosa.
Según la posición negociadora que acaba de ser aprobada, no serán los ciudadanos, sino la Comisión Europea, actuando a propuesta del BCE, quien determinará el monto máximo de euros digitales que cada persona podrá tener, probablemente alrededor de €3.000 (poco menos de $3.500), con revisiones periódicas.
Además, las empresas no podrán mantener saldos en euros digitales por más de 24 horas, excepto para acumular los pagos recibidos, que deberán transferirse automáticamente transcurrido ese período.
Esto impide que las empresas utilicen el euro digital como herramienta de gestión de tesorería, reserva de liquidez o para pagos habituales como proveedores y nóminas. Con esta norma, Bruselas refuerza el control estatal centralizado y reduce significativamente la utilidad del euro digital para el sector empresarial. Las empresas pierden libertad y opciones.
Los límites de tenencia y las restricciones impuestas a las empresas, aunque impactantes para los defensores de la libertad, no son nuevos. Estas ideas han estado incorporadas en el proyecto del euro digital desde sus etapas iniciales. En la propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea en 2023, el BCE y Bruselas reconocieron explícitamente que se impondrían límites a la cantidad de euros digitales que cada ciudadano podría tener, con la justificación habitual de la “protección”, en este caso, proteger la estabilidad financiera y prevenir la fuga de depósitos de los bancos comerciales.
La novedad, por tanto, no reside en el principio, sino en su implementación. Lo que en 2023 era una posibilidad abierta se ha convertido ahora en una decisión concreta, tomada claramente sin tener en cuenta los deseos de los propios ciudadanos.
Estas condiciones siguen la misma lógica de control centralizado que se encuentra en la moneda digital de China, el yuan digital (e-CNY). En el sistema chino, también existe la posibilidad de obtener límites más altos a cambio de ceder más datos personales y aceptar menos privacidad, un modelo de “privacidad por niveles” en el que la libertad siempre se sacrifica y solo el grado de sumisión al Estado queda abierto a elección.
Así, con el fin de reducir la dependencia de las empresas de pago estadounidenses en nombre de la “soberanía europea”, en lugar de fortalecer la competencia privada y liberalizar el mercado, Europa está importando el modelo de control estatal que China ha perfeccionado.
Aunque el BCE niega públicamente que el euro digital vaya a ser una moneda programable, este tipo de soluciones tecnológicas y centralizadas siempre dejan abierta la posibilidad de que se construyan funcionalidades condicionales sobre su arquitectura.
El dinero puede hacerse caducar, condicionarse o rastrearse, transformándolo en un instrumento de política pública mucho más poderoso de lo que el efectivo jamás ha sido. Para combatir una supuesta dependencia externa de América del Norte, Europa está creando una dependencia interna aún más peligrosa, una en la que el dinero deja de ser un instrumento de libertad individual y mercados abiertos, y se convierte en una herramienta de control y rivalidad geopolítica.
En definitiva, el euro digital no libera a Europa, no la moderniza ni facilita los pagos. Simplemente cambia quién tiene el control, trasladándolo de las empresas privadas estadounidenses a las autoridades públicas europeas, y refuerza ese control en el proceso. En su esencia, este proyecto revela una elección civilizatoria profunda: el dinero deja de pertenecer principalmente a los individuos, ya que el Estado asume el poder de definir los límites de la libertad financiera.
Bruselas no solo amenaza la libertad de sus ciudadanos, sino que también corre el riesgo de escalar las tensiones transatlánticas. Un desafío directo a la dominancia de los gigantes del pago estadounidenses y a la infraestructura global del dólar difícilmente será ignorado pasivamente en Washington. Cuanto más se transforma el dinero en un instrumento de política pública y rivalidad geopolítica, menor es el espacio que queda para la libertad individual y los mercados abiertos.
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