Impacto España Noticias
La acusación popular reclama una condena de 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis para su asesora, según consta en el nuevo escrito de acusación presentado ante el juez Juan Carlos Peinado. El escrito atribuye a la esposa del presidente del Gobierno un delito de tráfico de influencias y dos de malversación. La solicitud supone una rebaja respecto a los 24 años que se reclamaban en el primer escrito enviado al Juzgado 41 de Madrid.
Este lunes, la acusación popular unificada —integrada por HazteOir.org, Iustitia Europa, el Movimiento de Regeneración Política de España, VOX y el sindicato Manos Limpias— presentó ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid su escrito de conclusiones provisionales, solicitando la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y María Cristina Álvarez Rodríguez, ex directora de Programas del Gabinete de Presidencia.
El escrito relata toma como punto de partida el ascenso de Gómez tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente en 2018, momento en que —según la acusación— giró su trayectoria profesional hacia círculos de poder e influencia. En 2018 contrató como personal eventual, con fondos públicos, a su amiga Cristina Álvarez, oficialmente para asistirla en su agenda institucional.
Ese mismo año impulsó la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la UCM, tras una reunión que el entonces rector Joaquín Goyache mantuvo con ella en solitario en el Palacio de la Moncloa. La Cátedra se constituyó en octubre de 2020 pese a que Gómez no era personal de la UCM ni tenía titulación universitaria, y sin el codirector académico que exigía la normativa (nombrado meses después, con funciones meramente formales).
A través de la Cátedra, Gómez y Álvarez captaron patrocinios y colaboraciones técnicas de grandes empresas —Reale Seguros, Fundación La Caixa, Telefónica, Indra, Google, Deloitte, Making Science, Devoteam, Lefebvre, entre otras— para desarrollar un software de medición de impacto social, aprovechando, según la acusación, la posición institucional de Gómez como esposa del presidente. Los ingresos captados ascendieron a unos 176.000 euros directos a la Cátedra, más otras aportaciones paralelas de Google (70.000 euros) no reflejadas en las cuentas universitarias.
El escrito sostiene que, mientras la UCM sufragaba los costes sustanciales del proyecto (diseño, desarrollo técnico, contratos con Deloitte y Making Science, valorados en más de 100.000 euros de perjuicio directo), Gómez registró a su nombre personal —y con fondos propios— la marca «TSC Transformación Social Competitiva» (2020) y posteriormente otra marca vinculada a la plataforma (2022), se hizo con el dominio transformatsc.org y, en noviembre de 2023, constituyó en solitario la sociedad Transforma TSC, S.L.
Cuando la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM intentó en 2022 formalizar la cesión del software a la Universidad, las acusadas habrían interrumpido abruptamente la comunicación.
La acusación entiende que ello constituyó un desvío del activo tecnológico —desarrollado con fondos públicos— hacia la esfera privada de Gómez.
Respecto a Álvarez, se le imputa haber dedicado sistemáticamente su tiempo laboral, retribuido con fondos públicos (más de 364.000 euros brutos entre 2018 y 2025), a gestiones privadas de Gómez —reuniones con patrocinadores, correos institucionales, seguimiento de contratos— en lugar de a sus funciones oficiales de asesoramiento institucional.
La acusación imputa a Gómez un delito de tráfico de influencias (art. 429 CP) por la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora; un delito continuado de malversación por destino a usos privados de la fuerza de trabajo de Álvarez (art. 432 bis CP); y un delito de malversación por apropiación lucrativa del software (art. 432.1 y 432.2.b CP), este último en cooperación necesaria de Álvarez. Subsidiariamente, plantea un concurso medial entre el tráfico de influencias y la malversación del software.
Las penas solicitadas para Gómez suman, sin concurso medial, trece años de prisión (2+3+8) más inhabilitación absoluta de veinte años, multa del duplo del beneficio obtenido y prohibición de contratar con el sector público; subsidiariamente, en caso de apreciarse concurso medial, diez años de prisión más las penas accesorias. Para Álvarez se solicitan seis años de prisión e inhabilitación absoluta de quince años.
El escrito solicita también prueba anticipada (declaración preconstituida de una testigo de la OTRI por motivos de salud), fianzas a ambas acusadas, medidas cautelares reales (anotación de prohibición de disponer sobre las participaciones de Transforma TSC, S.L. y las marcas registradas, y bloqueo del dominio web), el ofrecimiento de acciones civiles a la Abogacía del Estado y a la UCM como perjudicadas, y un extenso listado de pruebas testificales, periciales y documentales, incluyendo decenas de testigos vinculados a las empresas patrocinadoras y a la propia Universidad.
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