El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado que se investiguen presuntas irregularidades en la obra de los túneles de Belate, en Navarra. En concreto, el juez ha incorporado la investigación sobre las obras en los túneles que el Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite, adjudicó en 2024 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Acciona-Osés-Servinabar por 62,8 millones de euros más IVA, en total 76.080.980 euros. De momento, la causa ya ha incorporado las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de Karmele Atutxa, esposa de Antxon Alonso, imputado en la causa, de Tomás Olarte, ex directivo de Acciona y de Noran S. Coop. Pequeña, la empresa fundada por Antxon Alonso y Koldo García.
El juez Moreno recibió este pasado 24 de julio los documentos de la Hacienda de Vizcaya. La información ha llegado gracias al requerimiento que realizó el pasado año el Tribunal Supremo dentro de su investigación del Caso Koldo. El magistrado traslada ahora esos documentos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que los use si estima conveniente en los próximos informes que elabore. De hecho, el juez advierte que queda pendiente todavía un informe complementario que analice la ampliación de esta licitación.
Por su parte, la Hacienda vasca informa de que sólo constan en su base de datos los nombres de Karmele Atutxa, Tomas Sanz Olarte y la empresa Noran Coop. y añade que no dispone de información fiscal sobre Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, su hermana, María Belén Cerdán, ni de los ex directivos de Acciona, Justo Vicente Pelegrini y Manuel José García Alconchel y la empresa Erkolan S. Coop.
El juez incorpora al sumario de esta pieza separada, conocida como «contratos» el informe 177/2025, elaborado por la UCO para la Causa Especial 20775/2020 del Tribunal Supremo. Según aquella investigación, la concesión fue formalizada el 26 de diciembre de 2023 por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra, presidido entonces y ahora por María Chivite.
En un oficio para el juez, la UCO aclara que, aunque la adjudicación definitiva se produjo en 2023, los indicios recopilados durante la investigación apuntan a que la gestión administrativa de esta licitación podría remontarse al año 2019, cuando el Ministerio de Fomento estaba dirigido por José Luis Ábalos. La Guardia Civil también informa al juez de que el partido Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Navarra al considerar que podrían haberse producido irregularidades durante el procedimiento de licitación de las obras de los túneles de Belate. Esa denuncia pasó a formar parte de los elementos analizados por los investigadores.
En febrero de 2025 el Supremo encargó a la UCO comenzar estas pesquisas que, supuestamente, llevaron a los agentes hasta una obra denominada «Duplicación del túnel de Belate», licitada por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno navarro de la socialista María Chivite, dependiente del Departamento de Cohesión Territorial, cuyo titular era entonces Bernardo Ciriza, entre febrero y marzo de 2023. Ciriza estaba considerado persona muy próxima a Cerdán.
La obra fue adjudicada el 26 de diciembre de 2023, ya sin Ciriza al frente de la Consejería, por un valor de 76.086.980 euros (IVA incluido), a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Construcción S-A., Excavaciones Fermín oses S.L. y Servinabar 2000 S.L. Es ésta última empresa la que llamó la atención en las investigaciones de la Guardia Civil, por la supuesta cercanía de su presidente, Antxon Alonso, con Santos Cerdán. A finales de 2024 un particular interpuso una denuncia ante la Jefatura de la Guardia Civil de Pamplona, que comenzó a investigar el asunto.
La conclusión recogida en aquel primer informe de la UCO es que Joseba Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, tiene una presunta «implicación en los hechos relacionada con la constitución de las sociedades Noran Coop y Servinabar, cuya actividad económica conocida está fuertemente ligada a una serie de adjudicaciones en Navarra a las que habría concurrido Servinabar junto a Acciona Construcción. Del análisis de la mensajería y demás grabaciones ubicadas en los dispositivos intervenidos a Koldo, se deduce que Antxon, mediante la utilización de sus empresas, pudiera haber abonado contraprestaciones a Koldo y Ábalos».
La obra que ahora investiga la UCO fue adjudicada en agosto de 2023, pero contó con tres votos particulares contrarios a la concesión a la UTE que finalmente resultó adjudicataria. El primero de ellos fue emitido por el vocal designado por la junta de Contratación de Navarra, Ángel Gonzalo Pérez.
«En este marco, he de manifestar mi posición discrepante por las razones que a continuación expongo. No tengo objeción alguna a la toma en consideración de la obra “Autovía A-23. Tramo alto de Monrepós-Calderaenas” como obra similar, porque así ha sido considerada por quienes tienen los conocimientos técnicos para apreciarlo así. Parece, además, fuera de toda duda que la obra contempla un túnel y que se ajusta al CPV determinado en el Pliego, más aún si tenemos en cuenta el art. 11 del Reglamento de la Ley de Contratos», escribió.
Sin embargo, las dudas que albergaba este vocal tenían importancia porque eran sobre el importe de adjudicación, «no puedo compartir que se venga a alterar el importe de la obra ejecutada manifestado por el licitador en su certificado. De esta manera, si el licitador ha determinado y lo ha hecho bajo su responsabilidad, que la obra del túnel (subgrupo A5) ha ascendido a 51.820.708,04 €, no parece que la Mesa pueda tener por acreditado, y certificado, un importe diferente sin una evaluación que constituya suficiente motivación, dado que se tasa de manera inconcreta (“en unos 77 millones de euros”) sin especificar tampoco como se ha llegado a ésta», explicaba. Es decir, que ya entonces se ponía en duda la ampliación del coste de la obra.
Y añadía que «si se ha considerado, como se ha hecho, que había de incluirse en el importe de la obra de referencia (túnel) no sólo el importe del subgrupo A5, sino también otros importes que constan en el certificado, debería solicitarse al licitador que, efectivamente, así lo especificara y motivara. Y, posteriormente, habría de haberse acreditado por la Mesa si el resultado de la subsanación requerida es admisible, o no lo es, a efectos de la acreditación de la solvencia técnica».
Otro problema que encontró este vocal para votar en contra fue «acerca de la inclusión de la obra en el período temporal definido por el Pliego (“ejecutadas en el curso de los últimos cinco años”), cabe comenzar diciendo que no comparto la visión de la mayoría, que considera al art. 17 LFCP como habilitante para que la Mesa acepte obras realizadas fuera del mencionado período».
Y concluía que «en mi opinión y teniendo en cuenta la valoración técnica que propugna la atribución a la obra del túnel de importes más allá de los del subgrupo A-5, debería de haberse requerido a la licitadora para que manifestara, y justificara, si hay partes de la obra que han de tenerse en cuenta para ser añadido su importe al de ejecución de las obras del subgrupo A-5 (túnel)».
El segundo voto particular que generaba dudas sobre la contratación fue emitido por el vocal secretario de la Mesa de Contratación, Lorenzo Serena.
En este caso el secretario era muy claro al afirmar que «en la sesión celebrada el día 14 de junio puse en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el hecho de que con anterioridad a la comunicación por el Presidente de la puntuación de las ofertas (del día 30 de mayo), varios empleados del Departamento (algunos de ellos miembros integrantes de la Mesa), me habían revelado la existencia de comentarios (incluso de personas ajenas a la Administración) acerca del sentido de la valoración. Este extremo, así como el acierto de la orientación del comentario, fue corroborado por cinco de los miembros de la Mesa presentes en dicha reunión».
Es decir, de manera resumida, lo que el secretario quiso decir era que ya se conocía la puntuación antes incluso de el Presidente hubiese comunicado las ofertas a los integrantes de la mesa de contratación.
Y continuaba diciendo en su voto discrepante que «quiero brevemente dar razón de la oportunidad y conveniencia de esta discrepancia, que también se ha cuestionado por la mayoría. Entiendo que no es un argumento válido apelar a la continuidad en los usos cuando el antecedente que se invoca se sabe dudoso cuando no errado (el imperativo de motivar suficientemente la valoración de las ofertas).
La necesidad de justificar que se ha intentado cumplir con la obligación legal de elegir la mejor oferta posible existe siempre y mayormente cuando se trata de una obra con la trascendencia social y económica de la presente; más si se han vivido las incidencias y litigios ocurridos tras la puesta en servicio del túnel de Belate en 1997».
Para concluir que «en suma, las razones de mi discrepancia, que impiden mi voto concurrente con la mayoría, radican en el incumplimiento de lo exigido por el artículo 100.3 LFCP y en los vicios procedimentales que afectan al principio de transparencia y buena administración».
El tercer voto particular, el del interventor, Jesús Muñoz, fue puesto por escrito el 5 de septiembre de 2023 y recogía dos cuestiones por las que se oponía a dar el contrato a la UTE adjudicataria. El primer argumento «se refiere al informe de valoración del Sobre nº 2 “Propuesta criterios cualitativos” de fecha 28 de agosto de 2023 firmado por el Presidente de la Mesa (Director del Servicio de Nuevas Infraestructuras) y los cuatro vocales técnicos en la materia (Director del Servicio de Conservación, Director del Servicio de Estudios y Proyectos, y los dos Jefes de Sección del Servicio de Nuevas Infraestructuras, dependientes jerárquicamente del Director del Servicio de Nuevas Infraestructuras).
A mi juicio, y en contra de lo exigido por el legislador (artículo 100.3 LFCP), dicho informe no expone las razones que justifican las puntuaciones, ni expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras, sino que, por el contrario, se reduce a una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores, en general sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo, lo que implica que dichas ofertas no sean comparadas de forma homogénea».
La segunda causa esgrimida por el interventor «se refiere al procedimiento seguido para valorar y puntuar las ofertas y las posibles consecuencias que de ello se derivan. Así, cada uno de los cinco miembros de la Mesa de contratación técnicos en la materia valoró individualmente las ofertas sin comunicación previa entre ellos ni puesta en común posterior y las remitió al Presidente de la Mesa, quien, una vez que tuvo a su disposición el resto de valoraciones, procedió a continuación a efectuar su propia valoración y a redactar el informe de valoración técnica».
Y al respecto añadía que «el procedimiento de valoración debe desarrollarse con garantía de imparcialidad objetiva, de forma que ningún miembro de la Mesa de contratación puntúe tras haber tenido conocimiento de otras puntuaciones anteriores que puedan contaminar la suya propia. Lo contrario conduce a un vicio del procedimiento que afectaría a los ya mencionados principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación, así como al principio de transparencia».
De esta manera, la conclusión a la que llegó el interventor fue que «para el Secretario de la Mesa de contratación, la única solución que a su modo de ver podía salvar la situación, pasaba por una nueva valoración de las ofertas efectuada por el designado como suplente del Presidente, siempre que ésta persona no conociese las puntuaciones de los otros miembros técnicos de la Mesa y pudiese garantizarse que su valoración se hacía de forma independiente a la ya existente.
Esta propuesta no ha obtenido la mayoría necesaria, ya que todos los miembros de la Mesa de contratación técnicos en la materia, incluido el Presidente, ha manifestado su posición contraria. A mi juicio, la solución propuesta por el Secretario, de haberse aprobado, habría salvado la legalidad de la valoración en este segundo aspecto».
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