Impacto España Noticias
El Gobierno ha enviado al Congreso su nueva ley anticorrupción, el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, presentada como la gran reforma para blindar la transparencia institucional. Sin embargo, el propio Consejo de Estado ha puesto en duda su eficacia. El texto abre la puerta a que las empresas transmitan participaciones sin pasar por notario, esquivando así la base de datos que utilizan la UCO y la UDEF para detectar testaferros y operaciones de blanqueo de capitales.
El proyecto de ley deja abierta la posibilidad de que la transmisión de participaciones entre sociedades no necesite escritura pública. Bastaría con inscribir la operación en una sección especial del Registro Mercantil, un cambio técnico que en la práctica elimina un filtro clave para detectar movimientos sospechosos.
Los notarios están obligados a volcar cada operación en el índice único informatizado del Notariado, la herramienta que consultan habitualmente la Guardia Civil y la Policía Nacional para seguir el rastro del dinero opaco. Si las empresas dejan de pasar por notaría, esa información sencillamente no llegará a la base de datos que usan los investigadores.
El órgano consultivo del Ejecutivo ha cuestionado en su dictamen que esta ley anticorrupción cumpla realmente con el objetivo que dice perseguir. A su juicio, facilitar estas vías alternativas al control notarial abre resquicios para el uso de testaferros y complica el trabajo de quienes deben perseguir el blanqueo de capitales.
La investigación del caso Plus Ultra, que afecta a la gestión al frente de la fundación vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero, utiliza precisamente esa base de datos del Notariado que esta reforma legal pretende desactivar. Una coincidencia que no ha pasado desapercibida y que alimenta las dudas sobre las verdaderas intenciones de la norma.
En definitiva, la nueva ley anticorrupción del Gobierno llega envuelta en buenas intenciones, pero plagada de dudas técnicas que ni siquiera el Consejo de Estado logra disipar. Mientras el Ejecutivo insiste en presentarla como una herramienta de transparencia, la letra pequeña abre la puerta a los testaferros y complica el trabajo de la UCO y la UDEF justo cuando más se necesita luz sobre el dinero opaco
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