Zapatero recurre la autorización del juez para investigar sus cuentas bancarias y las de sus hijas

José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al instructor del «caso Plus Ultra» que «deje sin efecto la autorización conferida» a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional para «ampliar la información que considere pertinente» sobre sus cuentas bancarias. La defensa del expresidente del Gobierno cree que los agentes de la policía judicial están llevando a cabo una «investigación prospectiva» y que muchas de sus tesis son «altamente elucubrativas».

Así consta en un recurso interpuesto por el letrado Víctor Moreno Catena, contra la resolución con la que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio el visto bueno a que los agentes extendiesen su indagación en los depósitos financieros que poseen el exlíder del PSOE y su familia (entre otras, las de la agencia de sus hijas, Whathefav).

Aunque el letrado no discute la «potestad» del magistrado de obtener información bancaria relativa a las cuentas del expresidente y su entorno o «sociedades vinculadas» al empresario y amigo «Julito» Martínez, si cree que la petición de ahondar en las cuentas de la empresa de sus hijas parece próxima a una «investigación prospectiva» y que su resultado podrá «desvanecer» la hipótesis de la UDEF relativa a que habría todo un elenco de sociedades mercantiles que habrían servido para canalizar pagos a Zapatero.

Zapatero no está de acuerdo con que sea la UDEF quien asuma el análisis de la información de sus cuentas y que la conclusión de su estudio llegue a las partes tras haber sido realizado en base al criterio de los investigadores. «Parece que será la misma unidad policial que sostiene la hipótesis acusatoria quien materialmente decidirá qué es relevante y qué no, y qué material se incorpora a las actuaciones».

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Tampoco lo está con que tanto su abogado como el resto de las partes «solo podrá acceder exacta y únicamente a lo que la UDEF decida citar (en su informe), y el material que no sea citado por ella –singularmente, el que resulte favorable a los investigados–», quedará excluido del sumario. Con esta dinámica, asegura que se producirá una «evidente afectación al derecho de defensa».

En otro orden de cosas, la defensa también se muestra en contra de que el expurgo de datos que puedan afectar a su intimidad lo decida, de igual forma, la Policía. El letrado sostiene que proporcionar a la UDEF la facultad de que «amplié» la información que se considere pertinente «carece de todo contenido delimitado» y supone una «delegación en blanco» que también «fricciona o choca con derechos fundamentales».

Así, recuerda la defensa que «una habilitación genérica podría avalar una investigación prospectiva». «Acordar la captación de seis años y medio de vida bancaria íntegra de seis personas físicas y 13 mercantiles comporta un riesgo real y no hipotético de exposición pública de datos íntimos ajenos al procedimiento», expone en las alegaciones remitidas al magistrado Calama.

En paralelo, Zapatero también reprocha que los agentes de la policía judicial ya habrían analizado sin autorización judicial alguna información bancaria que solicita ahora el instructor y que tengan la tentativa de «realizar una búsqueda generalizada de conductas reprobables».

En este sentido, el expresidente socialista se queja y se posiciona en contra de la amplitud temporal del requerimiento bancario (ya autorizado por el juez). A su juicio, carece de justificación que el acceso a los movimientos se extienda hasta la actualidad cuando los hechos investigados, sostiene el recurso, quedarían acotados como máximo a diciembre de 2025.

También solicita que se excluyan del requerimiento las comunicaciones mantenidas entre las entidades financieras y el cliente, al entender que afectan al secreto de las comunicaciones, exceden de la información estrictamente bancaria y conforma una petición «indiscriminada».

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