Impacto España Noticias
Empleados del Tribunal de Cuentas se han personado en la Diputación de Badajoz para recabar información del caso David Sánchez. Tras la admisión a trámite de la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa y la remisión del expediente a la Sección de Enjuiciamiento, el órgano encargado de depurar responsabilidades contables se ha puesto en marcha.
Los fiscalizadores del Tribunal de Cuentas, según fuentes internas consultadas, se han presentado ante la administración provincial en relación con la reclamación de que el hermano del presidente del Gobierno devuelva los 340.572,36 euros que ha percibido de la Diputación pacense entre julio de 2017 y mayo de 2025.
El caso también afecta a Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa, cuyo puesto en la institución extremeña le ha reportado 86.988,76 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. En conjunto, el volumen inicial de retribuciones sometido a comprobación asciende a 427.561,12 euros.
El organismo fiscalizador ha comunicado, tanto a Iustitia Europa como a HazteOir, que se ha dado traslado del expediente a la Sección de Enjuiciamiento «para que, si procede, continúe la tramitación legal prevista». Esta decisión no implica todavía que se haya declarado responsabilidad alguna, pero abre formalmente la vía para investigarla.
Según ha explicado Iustitia Europa, ésta es la primera denuncia relacionada con el asunto que ha logrado superar el trámite inicial y llegar a la fase de enjuiciamiento contable. No obstante, también otras formaciones como el PP y Vox han acudido también al Tribunal de Cuentas con idéntico objetivo.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha subrayado que la denuncia «abre la vía para exigir responsabilidades contables por el dinero de todos los españoles». Ha añadido que su compromiso «continúa hasta lograr la devolución de hasta el último euro a las arcas públicas».
El traslado del expediente resulta relevante también por motivos procesales: evita el riesgo de que prescriba una eventual responsabilidad contable, un aspecto que ha cobrado un cariz especialmente delicado dado el tiempo transcurrido desde la creación de las plazas investigadas.
El asunto arranca de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. El fallo ha calificado la plaza que ocupaba como «innecesarias y vacías de contenido», una expresión que también se ha aplicado al puesto reservado a Luis María Carrero.
El tribunal extremeño ha impuesto además 18 años de inhabilitación al ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y ha condenado a otros implicados en el procedimiento de selección, que los magistrados han descrito como puramente cosmético o «de escaparate». La resolución no es firme, y las defensas y las acusaciones han anunciado recurso.
La Audiencia, no obstante, ha rechazado obligar a los condenados a devolver los salarios cobrados, al no reconocer a la acusación popular legitimación para reclamarlos dentro del procedimiento penal. Los magistrados han señalado expresamente que esa pretensión debía plantearse ante la jurisdicción contable, es decir, ante el Tribunal de Cuentas, camino que ahora han emprendido varias entidades.
Se solicita también que se investiguen las cotizaciones sociales asumidas por la Diputación, las indemnizaciones, dietas y desplazamientos, así como los costes derivados de que otros empleados públicos hayan tenido que asumir funciones correspondientes a los puestos investigados.
El escrito presentado por Rubén Gutiérrez Sobrino, director letrado de la acción judicial, ha pedido al Tribunal de Cuentas que recabe nóminas, certificados de haberes, expedientes de personal y documentos presupuestarios, con el fin de determinar qué parte de las cantidades abonadas ha correspondido a una prestación real de servicios. Precisamente, el organismo fiscalizador presidido por Enriqueta Chicano estaría detrás de esos documentos.
La denuncia se extiende, además, a los gastos vinculados al Proyecto Ópera Joven y a la producción La Paz Perpetua, cuyo coste ha ascendido a 128.080 euros frente a una recaudación de apenas 2.000 euros, una desproporción que la formación pretende que sea también objeto de examen.
Pardo ha insistido en que la sentencia penal «ha señalado el camino» para que el Tribunal de Cuentas «siga el rastro del dinero público, cuantifique el daño y exija su devolución a quienes resulten responsables». A su juicio, «las plazas innecesarias, los procedimientos de escaparate y los salarios pagados con dinero de todos no pueden quedar sin una respuesta patrimonial».
El dirigente ha resumido: «El dinero público debe volver a las arcas públicas cuando fue abonado sin una prestación real y suficiente».
Lo cierto es que, mientras los técnicos del Tribunal de Cuentas ya han pisado los pasillos de la Diputación pacense para revisar papeles, la política extremeña contiene el aliento: por primera vez, un tribunal distinto al penal empieza a mirar de cerca la contabilidad de un caso que ha marcado la agenda española durante el último año. Varios altos cargos ya condenados podrían dejar sus responsabilidades tras la inhabilitación fruto de la sentencia de primera instancia contra la que todavía cabe recurso.
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