Impacto España Noticias
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado este viernes en el BOE una orden ministerial en la que se concede la autorización a la central nuclear de Almaraz para seguir operando hasta el 8 de junio del 2030.
Es una prórroga de entre 19 y 31 meses, en función del reactor, cargada de significado político: el Gobierno se muestra flexible y abierto a aplicar criterios técnicos en su posición ante el cierre de las nucleares, pero al mismo tiempo asegura que se mantiene el calendario de clausura pactado con las eléctricas en el 2019, con fecha de desconexión en el 2035.
En la orden ministerial, el Gobierno alude a la guerra de Irán entre los motivos que aconsejan ahora adoptar esta decisión. Argumenta que “la crisis en Oriente Medio ha supuesto una disrupción en el contexto energético global” que añade “volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles”, lo que “extiende el riesgo y la incertidumbre a los próximos años”. España, dice, está más preparada gracias a sus avances en las renovables, pero el “contexto sobrevenido de precios elevados y mayor volatilidad e incertidumbre incrementa la exposición del país”.
También argumenta que la ampliación de la vida de la central contribuirá a moderar “unos picos de precios no previstos anteriormente, procedentes de los mercados internacionales de gas natural”. Sin embargo, asegura que esta circunstancia es “coyuntural” y viene marcada por el escenario actual.
En la orden ministerial, que llega poco después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) diese el visto bueno a la ampliación de la central, realiza una defensa de su política energética y de la apuesta por las renovables “como forma más competitiva de producir electricidad”. Las renovables, insiste, han mejorado el posicionamiento internacional de España y generado “un contexto inédito de atracción de proyectos industriales y de electrificación”.
Sostiene además que la extensión de Almaraz no será demasiado significativa para el mix. La autorización, señala, no solo “representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español”, sino que no altera el calendario acordado de cierres. No se modifica “el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear a 2035”, afirma. La extensión, insiste, “tiene un impacto muy limitado sobre los objetivos de política energética del país”.
Sin embargo, la orden ministerial es una pista para el futuro del parque nuclear, en el que deben concretarse los próximos pasos del calendario de cierre, con la central catalana de Ascó como próximo hito. Según lo acordado, en octubre del 2030 debe clausurarse Ascó I, en noviembre de ese año Cofrentes, en septiembre del 2032 Ascó II, en febrero de 2035 Vandellós II y en mayo de 2035, Trillo.
La decisión confirma que el Gobierno está dispuesto a adaptarse a las condiciones que lleva meses planteando para la renovación del parque nuclear: que se cumplan los principios de seguridad fijados por el CSN, que no afecte a la seguridad de suministro y que no suponga ninguna carga adicional en la factura de los consumidores. Mientras, las eléctricas avisan de subidas en el precio de la electricidad si hay cierre y habían reclamado bajadas de impuestos.
La orden se publica tras completarse todos los trámites administrativos en torno a la ampliación. El reactor uno de la central extremeña tenía permiso para operar hasta noviembre del 2027 y el dos, hasta octubre del 2028, y era en estos meses en los que se habrían tomado las primeras decisiones de cierre de haberse cumplido con el planteamiento inicial del Gobierno.
Se pone fin además a un trámite que oficialmente dio comienzo en octubre del 2025, cuando las tres propietarias de la planta, que son Iberdrola, Endesa y Naturgy, acordaron pedir formalmente la prórroga. La orden ministerial precisa además que la ampliación del funcionamiento estará subordinada al cumplimiento estricto de las condiciones e instrucciones de seguridad dictadas por el CSN.
El Gobierno también considera que el efecto de la “extensión limitada” de la central extremeña sobre la producción renovable y el mix eléctrico será “acotado y poco significativo”. La cifra su impacto en lo equivalente al 1,4% de la generación renovable prevista en el 2030 y al 7% de la producción de ciclos combinados de gas. “La extensión solicitada no compromete la contribución de España al objetivo de renovables”, afirma.
El incremento de los costes de desmantelamiento será “poco significativo y no exige ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes”, al tiempo que recoge la posición de Redeia sobre la decisión. El operador considera que la ampliación “aporta al sistema eléctrico”, aunque “de forma limitada en algunos aspectos, por lo que en ningún caso”, por lo que no habrá cambios en las medidas para reforzar la garantía del suministro.
Al margen de los cálculos técnicos, la decisión tiene efectos políticos. Foment del Treball ha reaccionado celebrando la decisión del Gobierno. Lo considera “un paso en la buena dirección” que confirma su posición de que “la política energética se ha de basar en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, no en planteamientos ideológicos”. Aprovecha además para pedir que se apliquen los mismos criterios para las centrales de Ascó I, Ascó II y Vandellós II. “Reclamamos al Gobierno que revise el calendario nuclear y garantice también la continuidad de las centrales catalanas”, dice.
En cambio, la decisión genera críticas dentro de la propia coalición de Gobierno. Sumar dice se que se toma “al servicio del oligopolio” y que “frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía”. “El mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica”, afirma.
“Los costes de prolongar la vida útil de la Central irán a parar a las arcas públicas e hipotecarán los presupuestos y, con ello, los recursos destinados a la ciudadanía”, aseguran desde Sumar. “Las constantes concesiones al oligopolio energético implican que un sector clave sigue teniendo privilegios en vez de obligaciones”, continúan. “No podemos seguir el camino de la derecha y la extrema derecha”, añaden.
Desde Podemos, su diputada Ione Belarra también es crítica. “Hay que tener poca vergüenza, pero poco más se puede esperar de un Gobierno que prometió vivienda y sólo hizo rearme. El PSOE es una máquina de alimentar a la derecha”, afirma.
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