Más de 20.000 inmigrantes irregulares procedentes del norte de África, mayoritariamente a bordo de grandes barcazas que zarparon desde Libia, llegaron a las costas de Creta en 2025, multiplicando por cinco la cifra registrada en el año anterior.
Un aumento de la presión migratoria que Grecia resolvió aprobando una serie de medidas de emergencia que incluían la suspensión temporal del derecho de asilo a los ilegales que habían entrado en su territorio para agilizar su devolución.
Algo que la Unión Europea permite en situaciones excepcionales, tales como escenarios en los que se registre una "afluencia masiva" o bien una "instrumentalización de la migración" por parte de terceros países.
Así lo recoge el 'Reglamento relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor' de abril de 2024, incluido el Pacto sobre Migración y Asilo, que prevé la aplicación de mecanismos y restricciones temporales severas en relación con estos procedimientos.
Ante la situación anómala por la que estaba pasando Grecia en el verano de 2025, la UE dio el visto bueno a la decisión del Parlamento heleno de suspender durante tres meses, de julio a septiembre, la tramitación de solicitudes de asilo específicamente para los inmigrantes ilegales que arribaran por mar en sus costas, determinando además que fueran detenidos, encarcelados y devueltos a sus países de origen o tránsito.
De hecho, el Gobierno griego impulsó la creación de un centro de internamiento permanente para albergar a estos irregulares, de manera que estuvieran confinados mientras permanecieran en su país, evitando así problemas de orden público o sanitarios como los que se están registrando en Ceuta desde el asalto masivo del 30 de julio, por el que alrededor de 80.000 ilegales entraron en una ciudad que tiene una población aproximada de 83.000 personas.
A la vista de estos datos, cabe pensar que Europa vería con buenos ojos que España adoptara una posición similar a la de Grecia, que se enfrentó a la llegada de un número de inmigrantes muy inferior, como pidió el pasado jueves el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Vivas lleva desde que se produjo la avalancha pidiendo que se gestione "cuanto antes" el retorno a Marruecos de los miles de inmigrantes ilegales que aún siguen en Ceuta, provocando todo tipo de problemas y colapsando los servicios de la ciudad. En última instancia ha reclamado además que no se acepten nuevas solicitudes de asilo ni traslados a la Península de las personas que han llegado ilegalmente.
El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha afirmado que Génova avala la petición del presidente ceutí. "Está más que justificada", ha aseverado en rueda de prensa recordando el antecedente griego.
Por otra parte, De los Santos ha alegado que el plan europeo de inmigración señala a Marruecos como un país seguro y sus habitantes no son susceptibles de estar bajo asilo. Y esto afectaría incluso a los menores no acompañados, en cuyo caso también está justificada la devolución inmediata.
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