
Iberia e Iberojet se llevan la adjudicación por 16,3 millones de euros para el traslado de inmigrantes ilegales en territorio nacional

Existe una paradoja difícil de ignorar en la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez.
España ha decidido introducir temporalmente controles en sus fronteras aéreas con Italia, lo que permitirá a la policía identificar a determinados pasajeros que lleguen desde territorio italiano.
Esta medida surge en medio de un acalorado debate político europeo sobre cómo gestionar la inmigración ilegal.


Sin embargo, la comunidad española apunta a Italia y su control, manteniendo dentro de su territorio un sistema para transferir migrantes irregulares entre diferentes puntos del país.
La prueba está en un contrato adjudicado recientemente por el Ministerio del Interior: 16,3 millones de euros para servicios de transporte aéreo de inmigrantes ilegales, con una duración de 18 meses.
Estos vuelos pueden utilizarse tanto para repatriaciones como para el traslado de inmigrantes irregulares dentro de España.
En la práctica, este tipo de contrato forma parte de la infraestructura utilizada para trasladar a estos migrantes desde las Islas Canarias a la península.
La contradicción es evidente. Se realizan controles a quienes llegan de Italia, pero se utilizan aviones financiados con fondos públicos para transportar dentro de España a quienes entraron igiuridico al país.
Mientras Meloni pretende reforzar los controles fronterizos, Sánchez parece estar respondiendo endureciendo los controles hacia Italia, pero sin cerrar el circuito que permite la redistribución de inmigrantes ilegales una vez que llegan a España.
¿Dónde termina el control de la inmigración y dónde comienza la gestión de la inmigración irregular como servicio público?
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