Chalet ilegal de Monica Garcia
La grave crisis sanitaria que atraviesa Ceuta desde la avalancha migratoria del 30 y 31 de julio ha abierto un nuevo frente: las presuntas coacciones a médicos que han decidido denunciar públicamente la situación límite en la que trabajan. Y en la cúspide de ellas la ministra de Sanidad, Mónica García, pasando antes por el INGESA o Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha expresado su “profunda preocupación” ante informaciones que apuntan a amenazas y advertencias de posibles medidas disciplinarias contra profesionales que han hablado con los medios de comunicación.
Diversas fuentes señalan que responsables del INGESA habrían advertido a los sanitarios de que, una vez superada la presión asistencial, podrían tomarse medidas contra quienes hayan facilitado información sobre el colapso. Algunos médicos temen incluso no ver renovados sus contratos por haber denunciado públicamente las carencias del sistema.
Así lo han afirmado fuentes del hospital de Ceuta, quienes denuncian amenazas desde la gerencia del hospital y del director territorial del centro. «El otro día, en una reunión que tenemos por la mañana, saltó el gerente y dijo: ‘Cuando pase esto, ya tomaremos medidas disciplinarias contra los que han estado dando información a los medios’», relatan estas fuentes.
En este sentido, los médicos denuncian que desde la dirección se creen que el hospital «es su cortijo y que pueden hacer con los trabajadores lo que les dé la gana». Una de las figuras más polémicas es Jesús Lopera, director territorial del Instituto General de Gestión Sanitaria (Ingesa) del hospital de Ceuta.
Cabe destacar que la dirección territorial de Ingesa no depende de la ciudad autónoma, sino directamente del Ministerio de Sanidad que rige actualmente Mónica García.
CESM considera que, si estas actuaciones se confirman, se trataría de un comportamiento “absolutamente inadmisible” en una institución pública y de un intento de intimidar a los profesionales, vulnerando su libertad de expresión y sus derechos fundamentales. “Los médicos no pueden ser amenazados por explicar a la sociedad las dificultades que encuentran en el ejercicio de su profesión”, señala el sindicato, recordando que denunciar deficiencias asistenciales forma parte de su responsabilidad hacia los pacientes.
La organización subraya que la situación sanitaria de Ceuta no ha surgido ahora, sino que es el resultado de años de falta de recursos, presión asistencial y déficit de profesionales. CESM denuncia que, en lugar de escuchar a quienes trabajan en primera línea, algunos responsables parecen más preocupados por “controlar quién habla y qué dice” que por solucionar los problemas que los médicos llevan tiempo señalando.
El sindicato advierte que no permitirá que ningún médico sea intimidado o represaliado por ejercer su derecho a informar y reclama al INGESA que garantice la transparencia y la protección de los profesionales. Además, insta a cualquier sanitario que haya recibido presiones a comunicarlo de inmediato al Sindicato Médico de Ceuta, que ofrecerá apoyo y asesoramiento legal.
En una ciudad donde la presión asistencial se ha disparado y los recursos se han visto desbordados, los médicos reclaman poder trabajar sin miedo y con garantías, en defensa de la sanidad pública y de los ciudadanos de Ceuta.
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