La crisis de Ceuta puede terminar convirtiéndose en un negocio millonario para Rabat. Apenas tres semanas después de la entrada de más de 70.000 personas, la Unión Europea prepara un acuerdo millonario con Marruecos que incluirá más financiación para controlar la inmigración irregular y reforzar sus fronteras.
El pacto no nació después de lo sucedido en Ceuta. Bruselas y Rabat llevaban tiempo negociando una asociación estratégica y pretendían cerrarla antes de finales de año. Sin embargo, la llegada masiva registrada el pasado 30 de julio ha modificado las negociaciones: fuentes comunitarias consultadas aseguran que la Unión Europea incrementará la financiación destinada al control fronterizo y la gestión migratoria de Marruecos como consecuencia de la crisis.
El resultado deja una fotografía difícil de ignorar. Después de que decenas de miles de personas alcanzaran una frontera exterior de la Unión Europea desde Marruecos en cuestión de horas, Bruselas responde ofreciendo más recursos económicos al mismo país del que depende para impedir que episodios semejantes vuelvan a producirse.
El acuerdo millonario con Marruecos no nació después de lo sucedido en Ceuta. Bruselas y Rabat llevaban tiempo negociando una asociación estratégica, pero la crisis migratoria ha llevado a la UE a plantear un incremento de los recursos destinados al control fronterizo.
Uno de los precedentes es Egipto. En 2024, la Unión Europea acordó con El Cairo una asociación estratégica dotada con 7.400 millones de euros, destinada a inversiones, cooperación económica, estabilidad regional y gestión de los flujos migratorios.
No significa que Marruecos vaya a recibir esa misma cantidad. La cifra todavía no existe públicamente y sería incorrecto trasladar automáticamente el paquete egipcio al acuerdo con Rabat. Lo confirmado por las fuentes comunitarias es que la crisis de Ceuta ha provocado que Bruselas quiera aumentar el componente financiero dedicado a inmigración y fronteras.
La presidenta de la Comisión Europea ya había avanzado el camino apenas unos días después de los acontecimientos. En una carta dirigida a Pedro Sánchez el 2 de agosto, Ursula von der Leyen calificó a Marruecos como un «socio estratégico» en la lucha contra la inmigración irregular y planteó mejorar tanto los sistemas de alerta temprana como el «apoyo técnico y financiero» europeo al reino alauí.
Lo ocurrido en Ceuta ha vuelto a mostrar una de las principales debilidades de la política migratoria española y europea: una parte importante del control de la frontera exterior de la UE depende de la voluntad de cooperación de Marruecos.
Cuando las fuerzas de seguridad marroquíes impiden los desplazamientos hacia Ceuta, la presión sobre la frontera española disminuye considerablemente. Cuando ese dispositivo falla o resulta insuficiente, las consecuencias pueden ser inmediatas.
El 30 de julio quedó demostrado a una escala inédita. Las autoridades españolas terminaron elevando a alrededor de 72.000 el número de personas que habían cruzado irregularmente hacia Ceuta, según recoge un informe publicado posteriormente por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes británica.
La magnitud de aquella entrada puso contra las cuerdas a una ciudad de poco más de 80.000 habitantes y provocó una crisis que rápidamente dejó de ser exclusivamente española para convertirse en un problema europeo.
Bruselas parece haber extraído una conclusión clara: necesita que el régimen alauita refuerce sus controles. Y para conseguirlo está dispuesta a llegar a un acuerdo millonario con Marruecos.
La situación reproduce una estrategia que la Unión Europea lleva años aplicando en el Mediterráneo: financiar a terceros países para que contengan los flujos migratorios antes de alcanzar las fronteras comunitarias.
Marruecos ocupa una posición especialmente poderosa dentro de ese sistema por su situación geográfica. Ceuta y Melilla constituyen fronteras terrestres entre España y el reino alauí, mientras que las costas marroquíes son también punto de salida hacia territorio español.
Von der Leyen reconoció expresamente después de la crisis que la cooperación con Rabat debía reforzarse. Entre las medidas propuestas se encuentran una mejor gestión fronteriza, nuevos mecanismos de alerta temprana y más asistencia económica y técnica para las autoridades marroquíes.
La paradoja resulta evidente: la entrada masiva que evidenció el fracaso del control fronterizo terminará previsiblemente proporcionando a Marruecos más financiación europea para ejercer precisamente ese control.
La relación entre Marruecos y la Unión Europea trasciende ampliamente la inmigración. Rabat constituye un importante socio comercial y estratégico de Bruselas y mantiene una relación económica particularmente intensa con España.
Pero la inmigración proporciona al país norteafricano una capacidad negociadora adicional. La propia Unión Europea admite que necesita su colaboración para combatir las redes de tráfico de personas y reducir las entradas irregulares.
El acuerdo millonario con Marruecos permitirá comprobar hasta dónde está dispuesta a llegar Bruselas para garantizar que Rabat vuelva a contener los flujos migratorios hacia las fronteras europeas.
La UE no ha acusado oficialmente a Rabat de organizar la entrada masiva, por lo que no puede presentarse como un hecho probado que Marruecos ordenase la operación. Lo que sí está documentado es la secuencia: más de 70.000 personas entraron irregularmente en Ceuta desde territorio marroquí; la crisis puso en evidencia las vulnerabilidades de la frontera europea; y Bruselas ha decidido ahora incrementar la financiación a Marruecos para reforzar precisamente la gestión migratoria.
Mientras tanto, la cantidad definitiva permanece pendiente de negociación. Cuando se conozca permitirá determinar el verdadero alcance económico de una asociación que Bruselas llevaba tiempo preparando pero que, después de Ceuta, tendrá más dinero europeo destinado a Marruecos para impedir que vuelva a producirse una crisis semejante.
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