El Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz destinará hasta 25,05 millones de euros a programas de empleo y formación específicamente dirigidos a jóvenes extranjeros cuya guarda o tutela esté o haya estado en manos de las administraciones públicas, un colectivo que incluye a menores extranjeros no acompañados que alcanzan posteriormente la mayoría de edad.
La convocatoria ha sido publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado y tendrá una cuantía máxima de 25.055.700 euros. El dinero no se entrega directamente a los jóvenes, sino mediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen los proyectos.
La medida vuelve a colocar en el centro del debate las prioridades de gasto del Gobierno en plena crisis migratoria, después de que durante las últimas semanas Ceuta haya tenido que afrontar una llegada extraordinaria de inmigrantes y un fuerte incremento del número de menores extranjeros bajo tutela pública.
La convocatoria fue aprobada por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal el pasado 29 de julio y publicada en el BOE el 4 de agosto.
Su denominación oficial resulta especialmente clara.
Se trata de subvenciones destinadas a financiar programas experienciales de empleo y formación TándEM dirigidos a personas jóvenes extranjeras cuya guarda y tutela sea o haya sido asumida por las administraciones públicas.
La convocatoria establece además otro requisito importante.
Los participantes deben contar con autorización de residencia en vigor.
Por tanto, aunque políticamente estos programas suelen asociarse a los denominados menas y extutelados, conviene precisar que la convocatoria no está dirigida genéricamente a cualquier inmigrante irregular ni supone entregar 25 millones directamente a menores.
El dinero financia proyectos gestionados por entidades.
Los beneficiarios jurídicos de las subvenciones son entidades privadas sin ánimo de lucro y determinadas agrupaciones.
Estas organizaciones tienen que acreditar que gestionan recursos habitacionales destinados a jóvenes tutelados o extutelados o, alternativamente, demostrar experiencia en políticas activas de empleo y colaborar con entidades que sí gestionen esos recursos.
El objetivo oficial es financiar programas en los que los jóvenes alternen formación con experiencia laboral.
La convocatoria señala expresamente que los proyectos buscan mejorar sus posibilidades de inserción laboral mediante cualificación y práctica profesional.
El Gobierno presenta el empleo como una herramienta para evitar que estos jóvenes lleguen a la mayoría de edad sin recursos económicos ni posibilidades de incorporarse al mercado laboral.
El importe máximo fijado en el BOE asciende exactamente a 25.055.700 euros.
La financiación corre a cargo del presupuesto de gastos de 2026 y de ejercicios posteriores del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Las organizaciones interesadas disponen de veinte días naturales desde el día posterior a la publicación para presentar las solicitudes.
No significa, por tanto, que los 25 millones ya hayan sido repartidos.
Se trata del máximo presupuestario disponible para una convocatoria competitiva.
Esta diferencia es importante porque permite entender exactamente qué ha aprobado el Ejecutivo.
No existe un cheque de 25 millones entregado a un grupo concreto.
Existe una bolsa presupuestaria de hasta 25 millones para financiar proyectos específicos dirigidos exclusivamente al colectivo definido en la convocatoria.
La política encaja en el enfoque recogido en la Ley de Empleo de 2023.
La norma incluye entre los colectivos que merecen una atención prioritaria en las políticas laborales a determinados jóvenes y personas migrantes con especiales dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.
Trabajo sostiene que la transición hacia la mayoría de edad es uno de los momentos más delicados para quienes han vivido bajo tutela administrativa.
Cuando cumplen 18 años, dejan atrás progresivamente muchos de los mecanismos diseñados específicamente para la protección de menores.
Sin empleo, vivienda o redes familiares fuertes en España, el riesgo de exclusión aumenta.
El programa TándEM pretende intervenir precisamente en esa etapa.
El momento político de la convocatoria añade combustible a la polémica.
España afronta durante este verano una fuerte tensión migratoria, especialmente en Ceuta.
El Gobierno ha tenido que aprobar mecanismos de redistribución de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.
El Real Decreto aprobado a finales de junio calcula que el sistema español tiene una capacidad ordinaria para 17.081 menores extranjeros no acompañados, repartida territorialmente según los criterios establecidos en la legislación de extranjería. Ceuta aparece con una capacidad ordinaria de apenas 29 plazas.
La realidad de la ciudad autónoma se ha situado muy por encima de esa cifra después de las entradas registradas este verano.
El Gobierno impondrá la reubicación de más de 1.340 menas de Ceuta en las próximas semanas, después de que la ministra Sira Rego anunciara el inicio de los traslados hacia la Península.
Existe además una circunstancia que puede provocar confusión.
Esta convocatoria de Trabajo por 25,05 millones de euros no es la misma partida que otros 25 millones anunciados durante agosto para atender la emergencia de menores extranjeros en Ceuta.
El Gobierno anuncia 25 millones para los menas de Ceuta mientras miles de enfermos de ELA siguen atrapados en la burocracia. Esa información hacía referencia a otra partida vinculada específicamente a la respuesta asistencial ante la crisis migratoria de la ciudad autónoma.
Por tanto, hablamos de actuaciones diferentes.
Una responde al sistema de acogida.
La otra financia programas de formación y empleo para jóvenes extranjeros tutelados o extutelados.
La coincidencia de cantidades puede llevar fácilmente a mezclarlas.
Los programas TándEM combinan dos elementos.
Formación profesional.
Y trabajo remunerado.
La intención es que los participantes puedan adquirir experiencia real mientras desarrollan competencias vinculadas a puestos con posibilidades de inserción laboral.
El enfoque recuerda al modelo de formación en alternancia.
Para el Gobierno, esta fórmula permite que el joven no termine simplemente un curso con un título, sino que acumule experiencia profesional y pueda facilitar posteriormente su incorporación a una empresa.
Las entidades sin ánimo de lucro desempeñan un papel fundamental porque no solamente organizan la actividad formativa.
En determinados proyectos pueden proporcionar también acompañamiento social y recursos residenciales.
La convocatoria aparece además en un escenario en el que el Gobierno ha aumentado su intervención sobre los menores extranjeros no acompañados.
El Ejecutivo aprobó este verano la nueva capacidad ordinaria de acogida de las comunidades y mantiene un mecanismo de redistribución cuando un territorio supera ampliamente ese umbral.
Dos centros educativos de Ceuta se adaptan para atender a menas tras la entrada masiva, mientras las administraciones habilitaban espacios extraordinarios ante la saturación del sistema.
A esto hay que sumar ahora los programas estatales de empleo.
El objetivo declarado es que la tutela no termine creando una bolsa de jóvenes sin posibilidades de independencia cuando cumplen 18 años.
La cuestión que alimentará el debate político es cuánto dinero público debe destinarse a estos programas y qué prioridad deben tener frente a otros colectivos vulnerables.
Este es probablemente el punto más sensible de la medida.
La convocatoria concreta publicada por el SEPE está reservada a personas jóvenes extranjeras cuya tutela haya sido asumida por una administración pública.
Un joven español en desempleo no puede convertirse en participante de estos proyectos por el mero hecho de encontrarse en una situación económica complicada.
Eso no significa que no existan otros programas de empleo para jóvenes españoles.
Sí existen.
Pero esta convocatoria específica cuenta con un criterio de acceso ligado a la condición de extranjero tutelado o extutelado.
Y es precisamente esa exclusividad la que convierte los 25 millones en una decisión políticamente sensible.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es cómo se distribuye el dinero.
Las ayudas no se adjudican automáticamente.
El BOE establece que las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva.
Las organizaciones presentan sus proyectos y el SEPE debe evaluarlos.
El importe final dependerá de las propuestas aprobadas y de las condiciones establecidas en las bases reguladoras.
La existencia de una cuantía máxima de 25.055.700 euros tampoco significa necesariamente que se termine gastando el 100% de esa cantidad.
Dependerá de las solicitudes admitidas y las adjudicaciones realizadas.
La decisión refleja una estrategia política más amplia.
El Ministerio de Trabajo parte de la idea de que la incorporación al mercado laboral es uno de los principales instrumentos para lograr la integración de los inmigrantes.
La lógica del programa es que un joven extutelado que trabaja, cotiza y dispone de ingresos tiene menos posibilidades de terminar dependiendo permanentemente del sistema asistencial.
Pero el debate sobre prioridades permanece abierto.
España afronta problemas de desempleo juvenil, dificultad de acceso a la vivienda y precariedad económica que afectan también a miles de jóvenes nacidos en el país.
Por eso una convocatoria reservada exclusivamente a extranjeros tutelados y extutelados puede convertirse rápidamente en munición política para la oposición.
El dato oficial no deja lugar a dudas.
El Ministerio de Trabajo ha reservado hasta 25.055.700 euros para estos programas.
Las ayudas serán gestionadas mediante entidades sin ánimo de lucro.
Los participantes deberán ser jóvenes extranjeros tutelados o extutelados y tener autorización de residencia vigente.
Y los proyectos combinarán formación con experiencia profesional para tratar de facilitar su entrada estable al mercado laboral.
El Gobierno lo presenta como una inversión en integración y prevención de la exclusión social.
Sus críticos previsiblemente pondrán el foco en otra cuestión.
Mientras miles de jóvenes españoles tienen dificultades para emanciparse, encontrar empleo estable o pagar una vivienda, Trabajo ha reservado una convocatoria de más de 25 millones cuyo colectivo destinatario está definido específicamente por su condición de joven extranjero tutelado o extutelado.
Ese será el debate que acompañará a las subvenciones mucho después de que termine el plazo para solicitarlas.
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