La degradación institucional y de gestión que sufre el sistema energético español bajo la dirección actual del gobierno de Sánchez alcanza cotas insostenibles. Las consecuencias de una planificación ideológica y totalmente desconectada de la realidad técnica provocaron el caos absoluto el pasado mes de abril de 2025. Ante el riesgo evidente de un nuevo colapso, el personal cualificado que sostiene la infraestructura nacional ha decidido plantarse de forma contundente ante las directrices de los despachos gubernamentales.
Los técnicos de Red Eléctrica, los que manejan el sistema eléctrico español, han puesto pie en pared y se han plantado ante sus jefes políticos, adoptando las medidas que consideran necesarias e incluso ignorando algunas órdenes, según fuentes cercanas a la compañía. La consigna clara y rotunda entre estos profesionales es que «No va a haber otro apagón», un lema motivado principalmente por el temor real a acabar en los tribunales si se repite la negligencia del cero absoluto del 28 de abril.
Esta reacción interna, que emula un verdadero cortafuegos frente a la incompetencia, ineficacia y sectarismo de los altos cargos, introduce criterios de seguridad extremos ante el peligro estival. Ante cualquier oscilación, exageran el nivel de seguridad y les dan igual las directrices de arriba, confirman fuentes conocedoras de la situación interna de la empresa.
Este blindaje técnico frente al sectarismo político altera de forma drástica el funcionamiento de los mercados de ajuste intradiarios y obliga a ejecutar cortes drásticos de suministro a la industria pesada en los momentos de máxima demanda. Los profesionales anteponen la estabilidad física de las turbinas y las redes a las presiones de una cúpula obsesionada con colgarse medallas ecologistas a costa de la seguridad nacional.
A pesar de la catástrofe del gran apagón de primavera del año pasado, la consigna política de Red Eléctrica sigue siendo meter en el mix toda la renovable posible. Esta cabezonería ideológica sitúa a la red del país en una posición de vulnerabilidad extrema, obligando a los ingenieros a activar costosos parches de emergencia para estabilizar la frecuencia eléctrica.
El equipo de control mantiene permanentemente encendidos y conectados varios ciclos combinados de gas en puntos estratégicos para sustituir la volatilidad de la energía verde, recordando que las centrales síncronas que estabilizan la tensión y la frecuencia son el gas, la nuclear y la hidráulica.
Cuando el respaldo de los hidrocarburos resulta insuficiente por la falta de previsión gubernamental, el operador aplica sin miramientos el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD). Este eufemismo técnico esconde la interrupción del suministro eléctrico a las factorías nacionales para evitar el colapso general. Las industrias aceptan este chantaje operativo a cambio de indemnizaciones millonarias que sufragan los ciudadanos, con pagos que este verano superan con creces el precio de la luz en el mercado mayorista.
La temeraria hoja de ruta de los responsables políticos de Red Eléctrica obliga a activar este procedimiento lesivo para la industria hasta cuatro veces en apenas treinta y cinco días. Las oscilaciones imprevistas de las tecnologías renovables desbaratan los planes oficiales continuamente. Las nubes sobre la Península reducen la aportación fotovoltaica súbitamente y obligan a recurrir de inmediato al racionamiento industrial del SRAD para evitar el desastre.
Los técnicos prefieren penalizar la producción industrial antes que encender más turbinas de gas adicionales, una maniobra que dispararía aún más los costes y expulsaría la generación renovable de las estadísticas oficiales del ministerio.
Este escenario diario ilustra a la perfección el problema central: la mala planificación de Red Eléctrica, a pesar de la «operativa reforzada» que aplica desde el apagón de abril. Una programación verdaderamente segura exigiría reducir por la fuerza el hueco asignado a las energías intermitentes e incrementar la potencia de los ciclos combinados, desafiando directamente los dogmas del Gobierno.
Sin embargo, los responsables prefieren encarecer el recibo de la luz mediante los mercados de ajuste intradiarios o el uso masivo del SRAD antes que admitir el fracaso de su transición energética idealizada. El despliegue de refuerzo se concentra críticamente en Extremadura y Andalucía, las zonas que sufren el mayor exceso de renovables inestables y que originaron el apagón masivo del año anterior.
La pésima gestión de la cúpula energética se alía con las condiciones climáticas para destrozar la economía de los consumidores españoles. Las medidas desesperadas del Ministerio incluyen el desembolso de 615 millones de euros en estabilizadores o la prolongación de la vida útil de Almaraz, evidenciando que el país no puede prescindir de energía nuclear en la tesitura actual. Toda esta cadena de errores y desajustes provoca que el precio mensual de la luz escale un ochenta por ciento respecto al año pasado.
Durante el período estival, el calor extremo merma la eficiencia de las placas solares y desploma la producción fotovoltaica, desmintiendo las promesas del relato gubernamental. La falta de viento anula la aportación eólica y la sequía reduce al mínimo la generación hidráulica fluyente. Las eléctricas reservan el agua embasada para las franjas horarias más lucrativas debido al coste de oportunidad, imposibilitando alcanzar el punto de saturación de precios bajos que vendía la propaganda oficial.
El consumidor español paga así el precio de una demanda altísima por el uso del aire acondicionado, sufriendo la doble condena de tarifas abusivas y la amenaza constante de un fallo sistémico provocado por sus dirigentes.
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