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Las denuncias de agresiones sexuales registradas en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes han vuelto a situar el foco sobre una tendencia que afecta al conjunto de España: las condenas por violación se encuentran en máximos y los ciudadanos extranjeros aparecen fuertemente sobrerrepresentados en las estadísticas.
En 2025 fueron condenadas en España 131 personas por violación, de las cuales 64 tenían nacionalidad extranjera, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Eso supone que el 49% de los condenados eran extranjeros, pese a que este colectivo representaba sólo el 14,1% de la población española durante ese mismo año. La cifra constituye, además, el máximo de la última década. Hace diez años, el número anual de condenados por violación se situaba por debajo de 30.
La sobrerrepresentación resulta todavía más marcada al analizar el origen de los condenados extranjeros. Desde 2017, primer año disponible en esta serie estadística del INE, los ciudadanos de nacionalidades africanas concentran el 21% de todas las condenas por violación dictadas en España, pese a representar aproximadamente el 2,8% de la población.
Los ciudadanos de países americanos, que constituyen alrededor del 4,2% del censo, acumulan por su parte el 17,2% de las condenas por violación registradas durante ese periodo.
Hay que tener en cuenta que la estadística del INE utiliza la nacionalidad y no el país de nacimiento. Por tanto, una persona nacida en el extranjero que haya adquirido posteriormente la nacionalidad española figura estadísticamente como española.
La tendencia no se limita a las violaciones. España registró en 2025 6.111 condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, frente a los 5.073 del año anterior. De ellos, el 32% eran ciudadanos extranjeros, nuevamente una proporción muy superior al peso de los extranjeros sobre el conjunto de la población.
El crecimiento durante la última década resulta considerable. En 2017 se contabilizaron 2.764 condenados por delitos sexuales, de los cuales el 24% eran extranjeros. Ocho años después, el número total más que se ha duplicado.
En este conjunto más amplio de delitos sexuales, los ciudadanos de países americanos representan desde 2017 el 11% de las condenas, pese a constituir aproximadamente el 4,2% de la población. Los africanos, por su parte, acumulan el 9% de las condenas por delitos sexuales, frente a un peso demográfico cercano al 2,8%.
Las estadísticas del Ministerio del Interior reflejan también un fuerte incremento de los delitos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En 2024 se registraron en España 22.846 delitos contra la libertad sexual, frente a los 9.869 contabilizados diez años antes. Es decir, se han multiplicado por 2,3 en una década.
El crecimiento resulta todavía mayor en las agresiones sexuales con penetración. En 2014 se contabilizaron 1.668. Una década después, en 2024, la cifra había ascendido hasta 5.222, más de tres veces el nivel registrado diez años antes.
Las comparaciones generales de delitos sexuales deben considerar la reforma del Código Penal de 2022, que unificó bajo la denominación de agresión sexual conductas anteriormente diferenciadas entre abuso y agresión.
Por ese motivo, para observar la evolución a largo plazo resulta especialmente relevante la categoría de violación o agresión sexual con penetración, cuya definición permite una comparación más homogénea.
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