Impacto España Noticias
La tensión entre España y Marruecos suma un episodio especialmente sensible. El ministro marroquí de Habices y Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, se ha referido a Ceuta como una ciudad «ocupada» durante una ceremonia religiosa celebrada en el Palacio Real de Rabat y presidida por el rey Mohamed VI. La intervención llega después de que el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, haya vuelto a reivindicar las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.
La escena adquiere una dimensión todavía mayor por el momento en que se produce. Es una de las primeras apariciones públicas de Mohamed VI después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio, una crisis que las informaciones más recientes elevan hasta alrededor de 80.000 entradas, de las cuales unas 70.000 personas habrían regresado posteriormente a Marruecos.
El monarca no realizó declaraciones sobre la crisis migratoria. Sin embargo, durante el acto religioso celebrado ante él volvió a aparecer una cuestión que España considera absolutamente cerrada: la soberanía sobre Ceuta y Melilla.
La ceremonia celebrada en el Palacio Real de Rabat conmemoraba el Mawlid, el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma.
Durante su intervención, Ahmed Toufiq habló de dos figuras religiosas históricamente vinculadas con Ceuta y calificó a la ciudad como «ocupada». Su discurso evocó además la movilización histórica marroquí para la liberación de ciudades y territorios ocupados.
El matiz es importante: Toufiq no realizó un llamamiento explícito a emprender ahora una acción para tomar Ceuta y Melilla, por lo que presentarlo de esa manera iría más allá de lo que permiten sostener sus palabras.
Fue pronunciada durante una ceremonia solemne, retransmitida por medios marroquíes y celebrada ante el propio Mohamed VI. Y llega en un momento en el que otro miembro del Gobierno marroquí está hablando abiertamente del futuro de las dos ciudades españolas.
El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha defendido en los últimos días lo que denomina el «derecho histórico y geográfico» de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.
Ouahbi ha llegado a plantear la creación de un mecanismo de diálogo con España para abordar el futuro de ambas ciudades y su eventual «retorno» a Marruecos.
No se trata, por tanto, de una declaración aislada surgida de una organización nacionalista ajena al Ejecutivo.
Estamos hablando de un miembro del Gobierno marroquí.
La posición española, por el contrario, es inequívoca: Ceuta y Melilla son ciudades españolas y forman parte de la integridad territorial de España y de la Unión Europea. El Ejecutivo ha trasladado a Marruecos su rechazo a cualquier cuestionamiento de esa soberanía.
El contexto convierte las declaraciones en políticamente explosivas.
A finales de julio se produjo una entrada masiva desde Marruecos hacia Ceuta. Las primeras cifras hablaron de más de 70.000 personas, aunque posteriormente Interior elevó la estimación hasta aproximadamente 80.000 entradas.
Alrededor de 70.000 habrían regresado rápidamente a Marruecos, mientras miles permanecieron en territorio ceutí y las administraciones tuvieron que afrontar una enorme presión asistencial, policial y administrativa.
La magnitud de la crisis ha terminado llevando al Gobierno a declarar la situación de interés para la seguridad nacional y a impulsar un mando único para coordinar la respuesta.
Y sigue existiendo una pregunta políticamente incómoda: qué sabía exactamente Rabat antes de que decenas de miles de personas alcanzaran la frontera y qué capacidad tenía para impedirlo.
Marruecos niega haber provocado la entrada y ha defendido su actuación. Las autoridades marroquíes sostienen que alertaron previamente a España del riesgo existente y atribuyen buena parte de lo sucedido a redes de inmigración irregular y al efecto de cambios jurídicos españoles.
España, además, reconoce posteriormente la colaboración marroquí en las devoluciones. El propio Grande-Marlaska llegó a calificar esa cooperación de «extraordinaria».
Ahí aparece la enorme contradicción política que rodea estos días a las relaciones hispano-marroquíes.
Por un lado, Madrid necesita la cooperación de Marruecos para controlar una frontera sometida a una presión extraordinaria y gestionar el retorno de ciudadanos marroquíes.
Por otro, miembros del Gobierno de Rabat mantienen públicamente un discurso que cuestiona la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.
Ouahbi no se ha limitado a realizar una referencia histórica. Ha reclamado abiertamente un diálogo sobre ambas ciudades y ha defendido el supuesto derecho marroquí sobre ellas.
Ahora, durante una ceremonia presidida por Mohamed VI, el responsable de Asuntos Islámicos vuelve a introducir el concepto de Ceuta «ocupada».
La coincidencia temporal hace inevitable que las declaraciones sean observadas desde España con mucha más atención de la habitual.
Mientras sus ministros hablan, el rey marroquí mantiene públicamente el silencio sobre la crisis.
Mohamed VI presidió la ceremonia religiosa en Rabat sin realizar declaraciones sobre la entrada masiva de migrantes.
La imagen del monarca resulta especialmente relevante precisamente por eso.
Después de semanas en las que Ceuta ha soportado una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente, el rey reaparece públicamente sin referirse al asunto mientras, ante él, un ministro de su Gobierno utiliza la expresión «Ceuta ocupada».
No demuestra que el monarca haya respaldado personalmente esas palabras, pero sí evidencia que la reivindicación marroquí sobre Ceuta continúa presente en el discurso político e institucional del país.
La relación con Rabat lleva años asentada sobre un equilibrio especialmente delicado.
España considera imprescindible la colaboración marroquí en inmigración, lucha contra el terrorismo, seguridad y control fronterizo. La crisis de julio ha vuelto a demostrar hasta qué punto cualquier alteración de esa cooperación puede tener consecuencias inmediatas en Ceuta.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, destacaba recientemente la voluntad de Marruecos de colaborar con España en el retorno de sus ciudadanos y mantenía abierto el diálogo con Rabat.
Pero esa cooperación convive ahora con las reiteradas reivindicaciones territoriales procedentes del propio Gobierno marroquí.
Y esa es la fotografía política que deja este episodio: España necesita a Marruecos como socio estratégico mientras desde Marruecos se vuelve a cuestionar públicamente la españolidad de dos ciudades sobre las que Madrid asegura que no existe absolutamente nada que negociar.
La crisis migratoria terminará remitiendo. La cuestión mucho más complicada es saber hasta dónde pretende llegar Rabat con una reivindicación que, lejos de desaparecer, ha vuelto a escucharse en uno de los escenarios institucionales más simbólicos posibles.
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