La crisis de la invasión de Ceuta por parte de miles de inmigrantes marroquíes ha vuelto a poner bajo la lupa la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos y la política complaciente, cuando no de sumisión, del PSOE hacia el régimen de Mohamed VI.
El giro del Ejecutivo en la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental ya supuso uno de los mayores terremotos diplomáticos y cesiones de las últimas décadas. Ahora, con la presión migratoria como telón de fondo, han resurgido antiguos episodios que para muchos refuerzan la percepción de una excesiva cercanía del PSOE a los intereses de Rabat como el contrato de 2024 del lobby creado por dirigentes socialistas para vender los tomates marroquíes en Bruselas perjudicando de paso a la agricultura española.
La consultora Acento Public Affairs, fundada por el exministro socialista José Blanco y por Antonio Hernando -que después regresó al Gobierno de Sánchez como cargo de Moncloa y actualmente es secretario de Estado de Telecomunicaciones-, y que también contaba con el exdirigente popular Alfonso Alonso -la vendieron en febrero de 2026-, asumió la representación de la Embajada de Marruecos precisamente cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló los acuerdos agrícolas y pesqueros entre la UE y Marruecos por cuestiones relacionadas con el Sáhara Occidental.
No era un contrato cualquiera. Se trataba de defender los intereses de un sector de Marruecos -como la agricultura y los tomates- que compite directamente con los agricultores españoles y que lleva años siendo denunciado por organizaciones agrarias por las diferencias en costes de producción, controles fitosanitarios y condiciones laborales.
Es decir, mientras el campo español denunciaba una competencia que considera desleal, altos cargos del PSOE trabajaban para que los intereses del sector agrícola marroquí tuvieran una voz más fuerte ante las instituciones europeas. Legal, sí. Pero políticamente difícil de explicar.
Resulta inevitable preguntarse qué pensará un agricultor de tomates de Almería, Murcia o la Comunidad Valenciana al descubrir que antiguos ministros españoles y dirigentes del del PSOE estaban cobrando por representar en Bruselas a quienes compiten con él en el mercado europeo.
La crisis de Ceuta ha reabierto ese debate de la relación con Marruecos, y también la percepción de que las relaciones del Gobierno de Sánchez con el régimen de Mohamed VI han estado marcadas en los últimos años por decisiones políticas excesivamente favorables a Rabat perjudicando incluso intereses de España.
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