Impacto España Noticias
JUPOL ha elevado este miércoles la presión sobre el Ministerio del Interior por la gestión de los acontecimientos de Ceuta. El sindicato de la Policía Nacional ha reclamado públicamente la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y del delegado del Gobierno en Ceuta, al considerar que las informaciones conocidas sobre avisos e informes policiales previos obligan a depurar responsabilidades políticas.
La petición de dimisión de JUPOL por la invasión de Ceuta llega después de que saliera a la luz un informe elaborado por una unidad de inteligencia de la Policía Nacional y remitido a la Audiencia Nacional que atribuye a fuerzas de seguridad marroquíes un papel activo en los acontecimientos del 30 y 31 de julio. La controversia ha alcanzado al propio Interior: Marlaska ha enviado una carta a Francisco Pardo para exigirle que aclare desde cuándo disponía la Policía de esa información y que se la facilite «a la mayor brevedad».
El comunicado difundido este 2 de septiembre centra directamente sus exigencias en tres cargos: Grande-Marlaska, Pardo Piqueras y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma. El sindicato sostiene que se ha conocido «la existencia de informes y comunicaciones internas de la propia Policía Nacional» que advertían de la posibilidad de que se produjera una entrada masiva en Ceuta y considera que las explicaciones ofrecidas hasta ahora resultan insuficientes.
JUPOL asegura además que llevaba alertando públicamente de la situación desde el 18 de julio, doce días antes de los acontecimientos del 30 y 31. Según su comunicado, ya entonces advirtió de que el escenario en la ciudad era «insostenible» y pidió reforzar de forma inmediata los medios humanos y materiales disponibles para la Policía Nacional. El sindicato afirma también que trasladó una petición a la Asamblea de Ceuta y al Ministerio del Interior que, según su versión, no obtuvo respuesta.
La petición de dimisión de JUPOL por la invasión de Ceuta se sustenta, por tanto, en dos planos diferentes: las advertencias que el propio sindicato asegura haber realizado antes del 30 de julio y la información policial cuya existencia ha trascendido posteriormente. Esto último ha abierto además un conflicto institucional sobre quién conocía qué información y en qué momento.
JUPOL incorpora a su argumentación las declaraciones realizadas el pasado viernes por el presidente de Ceuta, Juan Vivas. Según el comunicado del sindicato, Vivas informó al presidente de la ciudad de la existencia de un documento que, siempre de acuerdo con la versión de JUPOL, reflejaba que la propia Policía Nacional disponía de información previa sobre la posibilidad de que se produjera una entrada masiva.
A partir de ahí, el sindicato da un paso más y sostiene que la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior «tenían conocimiento de esta información antes de la invasión». Esta afirmación pertenece al comunicado sindical y debe distinguirse de lo que, por el momento, ha reconocido oficialmente Marlaska. Precisamente la carta enviada esta madrugada por el ministro a Francisco Pardo muestra que Interior reclama ahora determinar desde cuándo disponía la Policía de la información que ha provocado la nueva polémica.
El ministro considera que, si los datos publicados son ciertos, se trata de información «absolutamente esencial» para que el Gobierno pueda tomar decisiones relacionadas con la seguridad nacional, la política interior, la política exterior y la defensa del Estado. Marlaska también recuerda en su misiva que el ministro del Interior ejerce el mando superior en materia de seguridad interior.
La petición de dimisión de JUPOL por la invasión de Ceuta coincide con la publicación del informe del CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. El documento fue remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón dentro de las diligencias abiertas para analizar lo sucedido en la frontera.
Según la información publicada sobre su contenido, el informe sostiene que gendarmes marroquíes habrían dirigido activamente los movimientos de personas hacia determinados puntos de entrada mientras individuos de paisano, identificados en el documento como presuntos agentes marroquíes, impartían instrucciones sobre el terreno. El análisis policial plantea que el objetivo habría ido más allá del estrictamente migratorio y habría buscado saturar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de reacción española.
Estas conclusiones constituyen una valoración de inteligencia policial incorporada a unas diligencias judiciales, no una resolución judicial que haya establecido responsabilidades. La Audiencia Nacional deberá valorar el alcance de la documentación. Tampoco puede darse por acreditado, a partir de la información conocida, que existiera una orden directa del Gobierno marroquí o de sus máximas autoridades políticas.
La reacción del ministro añade una dimensión especialmente delicada al asunto. Marlaska escribió durante la madrugada al director general de la Policía para preguntarle por la «veracidad» de las informaciones publicadas y, en caso de confirmarse, conocer desde cuándo estaba el cuerpo en posesión de esos datos. La pregunta ha trasladado la controversia desde la frontera de Ceuta hasta la propia cadena de información del Ministerio del Interior.
Marlaska sostiene que una información de esta trascendencia debería haberse puesto inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y del resto de órganos competentes, especialmente después de que se declarara la situación de interés para la seguridad nacional. El ministro recalca además que las diligencias judiciales abiertas no deberían impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad informen a Interior de cuestiones que puedan afectar a la seguridad del Estado.
Por ahora, esa petición de explicaciones no permite concluir que Pardo ocultara deliberadamente información al ministro. Precisamente uno de los interrogantes que queda abierto es determinar qué documentos existían antes del 30 de julio, quién los recibió y hasta qué nivel de la estructura policial y política llegaron.
El sindicato policial endurece considerablemente el tono al abordar las consecuencias de los hechos. JUPOL sostiene que no se trata únicamente de una cuestión policial, sino de la seguridad de los agentes destinados en Ceuta y de la protección de la ciudad. También recuerda que Marruecos mantiene su reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla, una circunstancia que, a juicio de la organización, obliga a extremar las medidas preventivas ante cualquier información sobre movimientos en la frontera.
«No estamos hablando únicamente de una cuestión policial», sostiene el comunicado, que acusa a los responsables políticos de no haber adoptado las medidas necesarias pese a las advertencias que asegura que existían. El sindicato concluye reclamando las tres dimisiones y exigiendo explicaciones sobre por qué, en su opinión, las advertencias previas no se tradujeron en actuaciones suficientes.
La organización cierra su pronunciamiento con el lema «Ceuta no se vende. Ceuta se defiende», elevando así la petición de dimisión de JUPOL por la invasión de Ceuta a una exigencia política que ya no se limita a Marlaska, sino que alcanza simultáneamente al máximo responsable de la Policía Nacional y al representante del Gobierno en la ciudad autónoma.
La ofensiva de JUPOL se produce además cuando el Ejecutivo afronta críticas desde distintos frentes por la información conocida. Fuentes de La Moncloa han mostrado su sorpresa ante la posibilidad de que existiera información policial de esta relevancia que no hubiera sido trasladada al Gobierno, mientras el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido prudencia hasta conocer todos los detalles.
La cuestión central pasa ahora por reconstruir la cronología documental. Una cosa son las alertas previas sobre el riesgo de una entrada masiva y otra distinta el informe posterior que analiza la actuación de las fuerzas marroquíes durante los acontecimientos. Determinar cuándo se elaboró cada documento, quién tuvo acceso a él y qué información concreta contenía será fundamental para esclarecer si existieron fallos en la transmisión de información entre la Policía Nacional, Interior y el resto de organismos encargados de la seguridad nacional.
Mientras llegan esas explicaciones, JUPOL ya ha fijado su posición: considera insuficiente aclarar qué ocurrió dentro de la cadena de mando y reclama consecuencias políticas en la cúpula de Interior y en Ceuta.
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