Impacto España Noticias
La invasión que sufrió Ceuta el pasado mes de julio todavía sigue generando ríos de tinta. A nivel político y social, lo vivido en la ciudad autónoma ha terminado de romper el último hilo que conectaba al Gobierno de Pedro Sánchez con la ciudadanía.
La confianza, si es que quedaba, se ha venido abajo fruto de la indefensión y soledad que han sentido los 80.000 españoles residentes en la ciudad. Una crisis cuyo calado y profundidad destapó una guerra híbrida de Marruecos con España, amén de una batalla entre el Ejecutivo y los servicios de inteligencia, especialmente el CNI.
Sin embargo, las consecuencias de la entrada masiva han traspasado las fronteras de la nación. Todo lo relacionado con Ceuta ha causado una gran conmoción en la Unión Europea. Los socios comunitarios han seguido minuto a minuto la información que el Ejecutivo de coalición, con cuentagotas y oscurantismo, ha transmitido a Bruselas. Moncloa impuso un silencio sepulcral, impidiendo que nadie ajeno a la ciudad autónoma o el propio Gobierno pisara territorio invadido.
Sánchez impidió a Felipe VI viajar a Ceuta para apoyar al presidente Vivas y la población local, buscando abrir una grieta entre los españoles y la Corona, parte fundamental de su estrategia contra el régimen del 78.
Una huida hacia delante que ha salpicado a unas de las mayores autoridades en la materia del continente. Magnus Brunner, Comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, solicitó al Gobierno viajar a Ceuta en los días posteriores a la invasión para conocer de primera mano cómo estaba la situación. Un procedimiento habitual de las instituciones comunitarias cuando ocurren este tipo de desgracias en territorio europeo.
A pesar de la buena intención de Brunner, el Ejecutivo de Pedro Sánchez le impidió el traslado, “invitándole” a que no fuera a Ceuta alegando razones de seguridad. En realidad, y según trasladan fuentes conocedoras de la situación en Bruselas, esto se ha interpretado en el entorno de la Comisión como un intento de tapar la realidad que existe más de un mes después.
Tanto Brunner como Manfred Weber se reunieron con el presidente Vivas en Bruselas, de hecho el presidente del Partido Popular Europeo se desplazará a Ceuta el próximo 21 de septiembre, acompañado de Alberto Núñez Feijóo. Una prueba más de lo difícil que está resultando arrojar luz en este oscurantismo que pretende instaurar el Ejecutivo sobre todo lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio. Ni tan siquiera la desclasificación interesada e imparcial de los informes ha conseguido romper la sensación de que Moncloa se guarda varios ases debajo de la manga.
La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, pese a su conexión con el Gobierno de Sánchez y España, sigue sin visitar Ceuta, toda una “anomalía” en miembros de la UE, según reportan desde Bruselas. En casos que han implicado a alguno de los 27 Estados partícipes del pacto, a los políticos nacidos en dichos territorios les ha faltado tiempo para acudir.
El Pleno del Congreso rechazó ayer las propuestas del PP afrontar la crisis de Ceuta, un plan que incluye fortalecer el perímetro fronterizo alargando el espigón del Tarajal, un refuerzo permanente de Policía y Guardia Civil y más funcionarios para agilizar las expulsiones de quienes llegaron en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.
La iniciativa sólo ha contado con el apoyo de Vox y UPN, mientras que Coalición Canaria se abstuvo, y los partidos del Gobierno más sus habituales socios y Junts han votado en contra. El PP abogaba por solucionar la crisis de Ceuta sobre la base de cuatro pilares: infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales.
En materia de personal, el PP pidió consolidar refuerzos permanentes de Guardia Civil y Policía Nacional, dotar a Ceuta de las unidades de Extranjería necesarias para tramitar los correspondientes expedientes, reforzar a los profesionales sanitarios y promover ante los órganos competentes un aumento de jueces y fiscales.
En el apartado legislativo, proponía modificar la Ley de Extranjería para extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima y reformar la Ley de Asilo "de modo que una entrada por la fuerza no abra automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada conforme a derecho".
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