Los datos del déficit público mundial son, como poco, alarmantes. Aunque parezca imposible, el saldo negativo en la mayor parte de países del mundo está siendo peor que en los años de la burbuja. Las economías avanzadas tuvieron un déficit medio anual del 3,7% del PIB entre 2001 y 2010 y, en la década actual (con las previsiones del FMI hasta 2030) el saldo negativo asciende hasta el 4,7%. Y lo mismo ocurre con los países emergentes y en desarrollo, que han pasado de un déficit del 1,3% en la primera década del siglo al 5,4% de esta década.
Y lo más preocupante es que lo peor está por llegar. Un informe publicado esta semana por la OCDE alerta del impacto que tendrá el envejecimiento para las cuentas públicas. Y no solo por el aumento del gasto vinculado a pensiones, sanidad y cuidados (temas muy tratados ya), sino por el impacto negativo que tendrá sobre la recaudación. El envejecimiento tiende a reducir los ingresos públicos al drenar la principal base imponible que existe, las rentas salariales. Esto agravará aún más la situación fiscal en las próximas décadas.
El organismo calcula que los ingresos fiscales se reducirán en un punto del PIB en 2060 en los países de la OCDE debido al cambio demográfico. A precios actuales, en España serían unos 18.000 millones de pérdida recaudatoria. Una caída que será más intensa en países que vayan a experimentar un envejecimiento más rápido, como es precisamente el caso de España. Ante esta situación, señala una posible solución a los gobiernos: "Aumentar la proporción de la tributación de la renta del capital en su sistema tributario".
Pero no es solo una recomendación de la OCDE, sino que muchos países están ya buscando fórmulas para gravar la riqueza y sus rentas. También España ha dado pasos en esta dirección, por ejemplo, con un endurecimiento de la tributación del patrimonio a nivel nacional, o con subidas de IRPF a las rentas del capital más altas.
El caso de los impuestos sobre las herencias es particular, porque no serán necesarias subidas de impuestos para elevar su recaudación. En muchos países del mundo hay umbrales de herencia elevados para permitir que las clases bajas y buena parte de las medias no tengan que pagar este impuesto. Sin embargo, hay dos factores clave que provocarán que muchas sucesiones superen estos umbrales.
El primero es que el precio de los diferentes activos se ha disparado en los últimos años, lo que eleva las cuantías heredadas. El segundo es que la reducción del número de hijos a partir de la generación del baby boom concentra las herencias en pocas personas. En muchos casos serán hijos únicos que recibirán todo el patrimonio familiar. Esto provocará que, sin cambios legales para elevar los umbrales, cada vez un mayor porcentaje de herencias tendrá que tributar.
"Se esperan incrementos significativos en los ingresos procedentes de sucesiones"
La OCDE explica que "se esperan incrementos significativos en los ingresos procedentes de los impuestos sobre sucesiones" en las próximas décadas. Y añade que "los impuestos sobre la herencia tienen potencial para desempeñar un papel más importante en la combinación tributaria de los países".
Sin embargo, los impuestos sobre las herencias se enfrentan a un gran rechazo social. La mayor parte de la población se opone a los impuestos sobre la transferencia de riqueza de padres a hijos, ya sea en forma de sucesión o de donación. Esto es lo que ha provocado que muchos países del mundo no tengan este tipo de impuestos. La OCDE ha analizado la recaudación en 41 países con información tributaria desagregada y en casi la mitad (18) no hay impuestos sobre la transferencia de patrimonio dentro de las familias.
La tributación de las herencias y las donaciones ni siquiera cuenta con el apoyo de un tercio de la población. En España, apenas un 26% de la población los respalda. Pero hay otro dato aún más interesante que revela la encuesta de la OCDE: el apoyo a este tipo de impuestos es un poco más alto entre las rentas altas que entre las bajas. Esto revela que incluso quienes tienen menos están preocupados por que sus herederos puedan quedarse sin una parte del patrimonio.
La OCDE señala un posible camino a los gobiernos que quieran subir la tributación de las herencias: el apoyo popular se incrementaría si este impuesto fuese finalista para mejorar específicamente la sanidad pública. En cualquier caso, tampoco es una fórmula que convenza a los contribuyentes. En el caso de España, vincular sucesiones al gasto sanitario aumentaría el apoyo del impuesto hasta el 35% de la población. Por el contrario, el apoyo a este impuesto bajaría si se destinara a políticas para mitigar el cambio climático y para conceder ayudas a los hogares afectados.
De hecho, este es un problema que reflejan habitualmente las encuestas. Una buena parte de la población está dispuesta a soportar subidas de impuestos si son finalistas para mejorar la sanidad o la educación. Sin embargo, lo que no quiere es pagar más impuestos para alimentar un presupuesto público que podría irse a financiar gasto superfluo, burocracia, sueldos de asesores o prestaciones para comprar votos. En definitiva, el mal uso de los recursos públicos explica parte de la oposición a las subidas de impuestos.
La OCDE argumenta que el envejecimiento y el cambio tecnológico contribuirán a reducir la participación de los salarios en el PIB. Las prestaciones sociales y los beneficios del capital tendrán un peso creciente, lo que justificaría buscar nuevas vías impositivas para evitar la pérdida de recaudación.
Hay tres vías principales: las rentas del capital (dividendos y beneficios de la revalorización), transmisiones (sucesiones y donaciones) e impuestos al patrimonio. Estos impuestos han sido históricamente bajos por la creencia de que fomentar el ahorro beneficia el crecimiento de los países a largo plazo. Sin embargo, la OCDE señala que la evidencia más reciente "no respalda una relación sólida entre la tributación de las ganancias de capital y el crecimiento económico". En un mundo con baja inversión productiva, fomentar el ahorro no está ayudando a mejorar el crecimiento, sino a concentrar inversión financiera.
La OCDE es incluso más contundente en sus reflexiones sobre la tributación del patrimonio. "Los impuestos sobre bienes inmuebles parecen estar infrautilizados, representando el 2,9% de los ingresos fiscales totales en los países de la OCDE", explica el organismo.
Hay dos argumentos en los que se basa para defender este tipo de tributación. Por un lado, que son "de los impuestos menos distorsionadores" al no afectar a decisiones económicas clave como consumo o contratación. Por otro lado, como el patrimonio se está concentrando en las generaciones más sénior, elevar su tributación contribuirá a redistribuir el esfuerzo fiscal y evitar que recaiga íntegramente sobre los jóvenes y trabajadores. Dicho de otra forma: es una forma de recortar las pensiones 'por la puerta de atrás' y con una fórmula muy progresiva (mayor recorte para quien es más rico).
El organismo reconoce que el problema de los impuestos sobre el patrimonio o sobre las herencias puede generar dificultades de liquidez. De hecho, esta es una de las causas que explican el aumento de las renuncias a herencias en España. La OCDE señala que los países pueden "mitigarlo aplazando los pagos hasta el momento de la venta".
El informe de la OCDE fija el cuerpo argumentativo para las difíciles decisiones que tendrán que adoptar los gobiernos en los próximos años. El mundo se sienta hoy sobre un polvorín de deuda pública, altos tipos de interés y envejecimiento. Una combinación que obligará a adoptar decisiones difíciles en sociedades con una gran resistencia a los recortes de gasto. La tributación sobre el capital se presenta como una solución políticamente viable en el horizonte.
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