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Pedro Sánchez ha vuelto a situar la inmigración en el centro del debate político con unas declaraciones que han provocado fuertes críticas por su planteamiento sobre el futuro de Ceuta.
El presidente del Gobierno ha defendido este miércoles en TVE que la ciudad autónoma debe disponer de infraestructuras de acogida de mucha mayor capacidad, hasta alcanzar las 6.000 plazas, al tiempo que ha rechazado frontalmente definir como «invasión» la entrada masiva registrada los pasados 30 y 31 de julio.
La propuesta supone, en la práctica, avanzar hacia una Ceuta convertida en un gigantesco espacio de acogida y clasificación de inmigrantes, una especie de CETI ampliado, precisamente después de una de las mayores crisis fronterizas vividas por la ciudad.
«No puede ser que tengamos centros que acojan solamente a 1.000 personas. Creo que necesitamos tener infraestructuras mucho más amplias», afirmó Sánchez en el programa Mañaneros 360. El presidente aseguró que el Ejecutivo trabaja ya para disponer de 6.000 plazas activadas, con el argumento de que es necesario identificar y clasificar a quienes permanecen en territorio español antes de proceder a devoluciones o tramitar solicitudes de asilo.
Sánchez insistió además en que lo ocurrido en Ceuta no debe calificarse como una invasión. «Me parece una auténtica barbaridad. Estamos hablando de personas que están buscando una vida mejor, no son invasores», afirmó.
Una interpretación que contrasta con la gravedad con la que el propio Gobierno describió inicialmente los acontecimientos. El Ejecutivo llegó a hablar de un ataque contra la integridad territorial de España durante la crisis fronteriza, mientras que ahora el presidente reivindica una respuesta basada fundamentalmente en ampliar las estructuras de acogida.
Especialmente polémica ha sido también otra de sus afirmaciones: «Ceuta tiene que asumir una desigualdad estructural» entre ambos lados de la frontera. Sánchez sostiene que España debe prepararse mejor ante situaciones de este tipo y aumentar tanto las infraestructuras de acogida como los medios destinados al perímetro fronterizo.
Para sus críticos, sin embargo, el anuncio supone volver a activar el denominado efecto llamada: ante una frontera sometida a una llegada masiva, la respuesta del Gobierno no sería reducir la capacidad de entrada, sino incrementar considerablemente los recursos disponibles para quienes consigan acceder ilegalmente a territorio español.
Más de un mes después de aquella crisis, el Gobierno continúa sin ofrecer una cifra exacta de cuántos inmigrantes permanecen en Ceuta. El ministro Ángel Víctor Torres ha reconocido que resulta «imposible» determinarla, aunque asegura que miles han regresado voluntariamente a Marruecos.
Así, mientras Sánchez rechaza hablar de «invasión», Ceuta se prepara para disponer de capacidad suficiente para acoger a miles de inmigrantes, una decisión que vuelve a enfrentar al Gobierno con quienes reclaman una política fronteriza más contundente y priorizan la recuperación de la normalidad y la seguridad en la ciudad autónoma.
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