Juan Jesús Vivas (PP) en Ceuta ha adjudicado casi seis millones de euros para la acogida de MENAS a dos empresas vinculadas familiarmente con personas de la máxima confianza del presidente de la Ciudad Autónoma.
Los contratos fueron formalizados el pasado 27 de agosto mediante el procedimiento de emergencia y sin publicidad previa: uno, por 3.267.698,08 euros, fue adjudicado a A&B Servicios y Construcciones de Ceuta (Absercon); el segundo, por 2.483.175 euros, terminó en manos de Ferretería Doncel. En conjunto, las dos operaciones alcanzan 5.750.873,08 euros.
Las adjudicaciones fueron reveladas inicialmente por elDiario.es a partir de la información disponible en el perfil oficial de Contratación Pública. El propio Ejecutivo ceutí ha confirmado al citado periódico que los dos contratos se realizaron sin publicidad y sin abrir la adjudicación a la concurrencia de otras empresas, aunque rechaza cualquier relación entre la elección de las compañías y los vínculos familiares existentes con el entorno de Vivas. El Gobierno sostiene que recurrió al procedimiento excepcional previsto para situaciones de emergencia después de la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
El contrato de mayor cuantía asciende exactamente a 3.267.698,08 euros y tiene como finalidad las obras necesarias para acondicionar y hacer habitables los espacios destinados a la acogida de menores extranjeros tras los acontecimientos de finales de julio. La documentación de la contratación vincula expresamente la actuación con la entrada masiva procedente de Marruecos de los días 30 y 31 de julio.
La adjudicataria es A&B Servicios y Construcciones de Ceuta SLU, conocida comercialmente como Absercon. La vinculación de Bartolomé Sánchez-París Contreras con la compañía puede comprobarse independientemente de las informaciones periodísticas: el propio Boletín Oficial del Estado lo identifica en enero de 2026 como representante legal de A&B Servicios y Construcciones de Ceuta en convenios suscritos con el Ministerio de Educación para la realización de estancias formativas.
El elemento políticamente más relevante se encuentra en su relación familiar. Bartolomé Sánchez-París es hermano de Javier Sánchez-París Contreras, actual asesor del Gabinete de Presidencia del Gobierno de Ceuta y secretario administrativo de Presidencia. Según la información publicada, Javier percibe 35.635 euros de sueldo público y es una persona próxima al presidente ceutí. El padre de ambos, Francisco Sánchez París, fue además jefe de gabinete de Vivas entre 2006 y 2011.
La vinculación de Javier Sánchez-París con el Gobierno de Ceuta no depende únicamente de esta investigación periodística. El Periódico de Ceuta ya lo identificaba en junio, meses antes de estas adjudicaciones, como asesor del Gabinete de Presidencia y señalaba igualmente que su padre había sido jefe de gabinete de Vivas.
El segundo contrato alcanza los 2.483.175 euros y fue formalizado también el 27 de agosto. En este caso, el objeto consiste en suministrar mobiliario, complementos, electrodomésticos y productos de limpieza destinados a los espacios habilitados para la acogida de menores. La adjudicación recayó en Ferretería Doncel, una conocida empresa local.
Su administrador es Manuel Jesús Doncel de Luna. Este dato también puede comprobarse en documentación oficial independiente: un contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público identifica expresamente a Manuel Jesús Doncel de Luna como administrador único de Ferretería Doncel SL.
Doncel de Luna es, según la información publicada, primo hermano de Juan Manuel Doncel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta y otra de las personas históricamente vinculadas al entorno político de Vivas. El nombramiento de Juan Manuel Doncel como presidente del Puerto tampoco ofrece dudas: fue realizado por decreto del propio presidente de la Ciudad el 28 de enero de 2019 y posteriormente publicado en el BOE.
Juan Manuel Doncel había ocupado anteriormente responsabilidades políticas bajo Vivas. Fue consejero de Fomento y posteriormente jefe de gabinete del presidente, antes de ser designado para dirigir la Autoridad Portuaria. En la actualidad continúa ejerciendo la presidencia del Puerto, como acredita documentación oficial posterior de la propia Autoridad Portuaria.
El hecho de que los adjudicatarios tengan estos vínculos familiares no demuestra por sí mismo que existiera trato de favor. El Gobierno ceutí niega expresamente que las relaciones personales o familiares hayan determinado la elección de las empresas y justifica el procedimiento empleado por las circunstancias excepcionales que atravesaba Ceuta.
Según la explicación ofrecida por el Ejecutivo autonómico, los contratos fueron tramitados conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que permite a las administraciones actuar mediante contratación de emergencia cuando acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro exigen una respuesta inmediata. El Gobierno sostiene que esperar los plazos de una licitación ordinaria habría sido incompatible con la necesidad urgente de habilitar instalaciones y adquirir equipamiento para los menores.
El Ejecutivo de Vivas asegura además que utilizar este procedimiento no significa que los contratos carezcan de controles administrativos. Según su versión, ambos expedientes cuentan con informes técnicos y jurídicos del órgano de contratación que justifican la utilización de la vía de emergencia. Por tanto, lo acreditado hasta ahora es que los contratos se adjudicaron sin publicidad y a las empresas mencionadas; no existe en las fuentes consultadas una resolución administrativa o judicial que determine que las adjudicaciones fueran ilegales o que se produjera favoritismo.
Las adjudicaciones han provocado una contundente reacción de Juan Sergio Redondo, presidente de VOX en Ceuta, que ha utilizado el caso para cargar contra la gestión migratoria del Gobierno autonómico. Según las declaraciones difundidas este domingo, Redondo acusa a Vivas de haber convertido lo que anteriormente denominaba «negocio de la miseria» en lo que ahora califica como «negocio de la invasión».
No se trata de una expresión nueva en el discurso del dirigente ceutí. Ya en 2022, VOX Ceuta publicó unas declaraciones oficiales de Redondo en las que acusaba al Gobierno de Vivas de vivir del «negocio de la miseria» relacionado, según su planteamiento, con la gestión de los menores extranjeros no acompañados.
Ahora, Redondo sostiene que mientras los vecinos soportan las consecuencias de la entrada masiva registrada en Ceuta, determinadas empresas reciben millones de euros públicos para atender las necesidades derivadas de aquella situación. Se trata de una acusación política de VOX, no de una conclusión acreditada sobre la legalidad o las motivaciones de las adjudicaciones.
Los dos contratos suman 5.750.873,08 euros y tienen un elemento común: fueron adjudicados el mismo 27 de agosto mediante el mecanismo excepcional de contratación de emergencia. El primero corresponde a una empresa cuyo responsable es hermano de un asesor de Presidencia; el segundo, a una compañía dirigida por el primo hermano del actual presidente de la Autoridad Portuaria, nombrado en 2019 por el propio Vivas.
El Gobierno de Vivas adjudica casi 6 millones para la acogida de MENAS en un momento en el que Ceuta continúa afrontando las consecuencias económicas, sociales y de seguridad derivadas de la entrada masiva de finales de julio. La Ciudad defiende que necesitaba actuar de manera inmediata y que los expedientes están jurídicamente respaldados; VOX, por su parte, convierte las adjudicaciones en munición política contra el presidente popular y denuncia lo que Redondo denomina el «negocio de la invasión».
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