El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha pagado más de 850.000 euros sólo a la empresa de vigilancia Securitas Seguridad España S.A en el último año y medio para vigilar que ninguna persona acceda a los solares donde se están construyendo las viviendas públicas de Casa 47.
Es llamativo, por si solo, que el Gobierno que más ha denostado y acusado de «hacer negocio con el miedo» a las empresas de alarmas de seguridad contrate ahora a estas empresas para proteger sus casas públicas de una posible okupación. Sin embargo, resulta todavía más grave que pague esos cientos de miles de euros públicos a la compañía que falló en la monitorización de las pulseras fake antimaltrato del Ejecutivo.
La gestión de estos dispositivos por parte de la Unión de Empresas Temporal (UTE) formada por Vodafone y Securitas Seguridad España estuvo señalada por las graves incidencias que pusieron en peligro a numerosas víctimas de violencia de género. El primero de los fallos tuvo lugar a principios de 2024 cuando se produjo un error masivo en el volcado de datos al realizarse el traspaso de la gestión de Telefónica a Vodafone y Securitas.
Otra de las incidencias más graves se dio tras producirse un colapso en el sistema central del Servicio Cometa provocando retrasos en la geolocalización de agresores y víctimas y obligando a activar de urgencia los protocolos policiales para las 4.500 mujeres usuarias.
Pese a la polémica generada en torno a la nefasta gestión de las alertas de las pulseras antimaltrato, hace tan solo cuatro meses el Ministerio de Igualdad volvió a adjudicar a la alianza de Vodafone y Securitas Seguridad España un nuevo contrato de más de 110 millones de euros para gestionar el Servicio Cometa de estos dispositivos.
El Gobierno no quiso tener en cuenta en el proceso de licitación abierta los fallos registrados en la anterior etapa y regó de millones a la compañía especializada en vigilancia y seguridad en el nuevo acuerdo.
Lo curioso es que los de Sánchez tampoco dudaron en pagar a esta misma empresa cientos de miles de euros más para que vigilara mediante sistemas de seguridad electrónica las viviendas públicas de Casa 47 que se encontraran en construcción.
Este periódico ha podido comprobar que el Ejecutivo otorgó sin contemplaciones más contratos jugosos a la entidad tiempo después de fallar estrepitosamente con las pulseras antimaltrato. Sin ir más lejos, a principios de 2025 Vivienda adjudicó un contrato de más de 300.000 euros a Securitas Seguridad para vigilar los solares de la Operación Campamento cuando únicamente había cuarteles.
Un año más tarde, en febrero de 2026, el Gobierno volvió a elegir a la compañía de seguridad para desempeñar las mismas tareas y en el mismo lugar, pero por más dinero. El departamento de Isabel Rodríguez pagó 377.000 euros en esta ocasión.
En el mismo contexto pero cambiando la ubicación, la empresa pública de Vivienda, Casa 47, encargó a la empresa vigilar las obras del nuevo barrio mallorquín de Son Busquets por más de 170.000 euros.
No importan los graves fallos de su gestión. Securitas Seguridad España tiene el favor del Gobierno y así lo reconoce abiertamente el Ejecutivo en uno de los pliegos de la licitación que versa sobre la vigilancia de Campamento consultados.
En dicho documento, el Ministerio de Vivienda señala que Securitas es la mejor opción frente a la otra empresa candidata, Viten Seguridad, pese a que en lo que respectaba a criterios técnicos, ambas empresas se encontraban bastante igualadas.
Sólo les diferenciaba uno de los puntos, la oferta económica. En este caso, Viten, su competidora, ofrecía sus servicios por 255.300 euros, mientras que Securitas incrementaba el precio de su trabajo hasta 57.000 euros por encima.
Pese a ser más cara, el documento dejaba negro sobre blanco que fue «la valoración de los criterios evaluables en función de un juicio de valor» lo que otorgó a Securitas la tan jugosa adjudicación para vigilar las obras del nuevo barrio de Campamento.
Criterios con los que la empresa de seguridad que ya puso en riesgo a miles de mujeres ahora se embolsa cientos de miles de euros poniendo alarmas a las viviendas públicas de Sánchez.
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