Impacto España Noticias
El Gobierno socialcomunista de PSOE-Sumar, con Pedro Sánchez a la cabeza, sus satélites mediáticos y el sindicato amigo, UGT, salieron este miércoles en tromba a señalar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), por la situación de un millar de menas que siguen vagando por la ciudad autónoma tras la invasión de los pasados 30 y 31 de julio.
Sin embargo, la normativa vigente es clara. Cuando hay una emergencia migratoria de este calibre, corresponde mover ficha al delegado del Gobierno en Ceuta, es decir, al hombre de Sánchez en la ciudad autónoma, que es el cuestionado Miguel Ángel Pérez Triano por desoír los avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El propio Sánchez, en un gesto chulesco en los pasillos del Congreso de los Diputados, derivó este miércoles toda responsabilidad sobre la tutela y el futuro de los menores no acompañados al presidente de Ceuta. «Eso a Vivas, pregúntele», contestó a una periodista que se interesó por el papel del Gobierno.
Sin embargo, como apuntan fuentes de la dirección del PP, el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que «se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada», despeja cualquier duda al respecto.
En su artículo 5.7 establece que «la persona titular de la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma declarada en situación de contingencia migratoria en cuyo territorio se encuentra la persona menor de edad será la competente para resolver el procedimiento para la reubicación y el traslado de las personas menores de edad de acuerdo con lo señalado en el artículo 35 quáter.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero».
Asimismo, las fuentes de Génova también remiten aquí para desmentir la versión de Sánchez al precepto 5.1 del mismo real decreto, que indica que «en la comunidad autónoma declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria, el órgano competente para instruir el procedimiento para la reubicación y el traslado de personas menores de edad es la persona titular de la Subdelegación del Gobierno en la provincia en la que se encuentre la persona menor de edad».
Entretanto, este mismo miércoles fuentes de Génova recalcaron que la competencia de los menas que llegaron a Ceuta en el asalto masivo de finales de julio corresponde al Gobierno de Sánchez y no a la ciudad autónoma porque se trata de una «invasión» y no cabe aplicar la legislación ordinaria de menores, que está «pensada para otra cosa», enfatizaron.
«Las competencias de menores, si afectan a la integridad territorial del país, son de ámbito estatal», expresaron fuentes del entorno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que citaron dos acuerdos europeos para promover la devolución de estos menores no acompañados (menas) a Marruecos: el Pacto sobre Inmigración y Asilo y el Reglamento de Retorno de la UE.
«La tutela de la ley de menores es distinta a la utilización de la inmigración para impactar en la integridad territorial de un país. Estamos ante una instrumentalización de la inmigración para afectar al orden público y la integridad territorial de España», subrayaron las fuentes de Génova.
Además, tales fuentes pusieron de relieve que Marruecos se ha comprometido públicamente en estos días a readmitir a los invasores, al tiempo que advirtieron del efecto llamada de llevarlos a la Península. «Si trasladas a 2.000 a la Península, llegarán otros 2.000. Es la teoría de los vasos comunicantes», apostillaron.
Por su parte, el Gobierno de Vivas aprobó este miércoles un requerimiento formal dirigido a la Administración Sánchez solicitando que en el plazo «improrrogable» de un mes resuelva y ejecute los expedientes de expulsión, devolución o retorno pendientes.
Según el portavoz del Ejecutivo de Vivas, Alejandro Ramírez, ellos no tienen constancia de que se hayan dictado por parte del Gobierno central resoluciones expresas en procedimientos de expulsión, devolución o retorno de los invasores procedentes de Marruecos. Ramírez cifró en alrededor de 13.000 los que permanecen en Ceuta, entre ellos 2.100 menores filiados.
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