Impacto España NoticiasHay personas que tienen una habilidad extraordinaria para convertir cualquier problema colectivo en el escenario perfecto para su propia marca personal.
Y luego está Hanan Alcalde, conocida en las redes —aunque ella misma rechace insistentemente el apodo— como «Barbie Gaza».
Porque una cosa hay que reconocerle: si algo sucede en Ceuta y existe una cámara cerca, Alcalde parece tener un talento especial para terminar en el centro de la escena.
Esta vez ha sido en el antiguo Guano.
La Policía acudió para identificar a los menores que permanecían en el asentamiento. Alcalde estaba allí recopilando datos de algunos de ellos y, según su propia explicación, pretendía reunir información para facilitar posteriormente su localización y atención.
La intención declarada puede ser perfectamente comprensible.
Pero las buenas intenciones no convierten automáticamente cualquier método en correcto.
Y ahí empieza el verdadero problema.
Porque una cosa es ayudar a una persona vulnerable.
Y otra muy distinta es empezar a construir, por iniciativa propia, una especie de registro paralelo de menores, recopilando nombres, fechas de nacimiento, teléfonos, fotografías o documentación para después decidir a quién se entrega esa información y con qué finalidad.
Eso no es simplemente «ayudar».
Es manejar información especialmente delicada sobre menores.
Y precisamente por eso resulta bastante sorprendente que el debate público se haya planteado inicialmente como si el único problema fuera que la Policía hubiera «quitado el móvil» a una activista.
No.
La pregunta interesante es otra:
¿Quién debe recopilar, custodiar y gestionar los datos personales de esos menores?
¿Una persona particular con buena voluntad?
¿Una organización?
¿La Policía?
¿Los servicios de protección de menores?
¿La Fiscalía?
¿La Administración competente?
Que una persona crea estar haciendo lo correcto no significa que pueda sustituir a las instituciones encargadas de hacerlo.
Y ese es un matiz que el activismo convertido en espectáculo suele olvidar.
Alcalde explicó que la Policía le había requisado el teléfono y que sería puesto a disposición de la Fiscalía. También afirmó que desconocía qué consecuencias podía tener su actuación.
Aquí convendría bajar varias marchas.
No hay, según las informaciones disponibles, una condena contra ella.
Tampoco consta que la Fiscalía haya formulado una acusación penal.
Por tanto, convertir el episodio en «Barbie Gaza va a la cárcel» es tan irresponsable como afirmar que no ha pasado absolutamente nada.
Pero existe una cuestión perfectamente legítima que merece ser examinada:
qué datos tenía, cómo los obtuvo, dónde los almacenó y si fueron compartidos o difundidos.
Eso no lo decide Twitter.
Ni Instagram.
Ni Hanan Alcalde.
Ni quienes ya están celebrando una hipotética condena.
Lo decidirán, si procede, las instituciones competentes.
Y ahí se acaba la épica.
Hay algo más preocupante que una polémica puntual.
Es la tendencia de determinados activistas a comportarse como si la legitimidad de su causa les concediera una autoridad adicional.
Como si defender a los menores permitiera saltarse los cauces establecidos.
Como si denunciar una situación injusta otorgara automáticamente la razón en cada decisión.
Como si quien trabaja por una causa noble no pudiera equivocarse.
Ese razonamiento es peligrosísimo.
Porque los menores no necesitan héroes.
Necesitan protección.
Necesitan profesionales.
Necesitan alojamiento.
Necesitan asistencia jurídica.
Necesitan servicios sociales.
Necesitan instituciones que respondan.
Y necesitan que los adultos que intervienen en su situación comprendan que sus derechos están por encima de cualquier batalla personal, política o mediática.
Y aquí aparece el fenómeno «Barbie Gaza».
Alcalde rechaza el apodo porque considera que convierte su activismo en un personaje.
Puede entenderse perfectamente esa protesta.
Pero también puede hacerse una observación incómoda:
un personaje mediático no nace únicamente porque los demás lo inventen.
También se construye a través de la exposición.
Vídeos.
Platós.
Enfrentamientos.
Declaraciones.
Redes sociales.
Polémicas.
Respuestas a polémicas.
Y nuevas apariciones para explicar las polémicas anteriores.
En las últimas semanas, Alcalde ha protagonizado diversos enfrentamientos televisivos relacionados con la inmigración y la situación de Ceuta. En una intervención llegó a sostener que detrás del miedo expresado por parte de la población había «mucho racismo y mucha islamofobia», mientras otros participantes cuestionaban esa interpretación.
Se puede defender esa opinión.
Lo que no resulta razonable es presentarla como explicación suficiente de una realidad muchísimo más compleja.
Porque quizá algunos ciudadanos tengan prejuicios.
Y quizá otros tengan preocupaciones legítimas sobre seguridad, convivencia o capacidad de acogida.
Una cosa no invalida automáticamente la otra.
Este es, probablemente, el punto más incómodo.
Hanan Alcalde tiene derecho a defender a los inmigrantes.
Tiene derecho a criticar a la Policía.
Tiene derecho a denunciar las condiciones de los asentamientos.
Tiene derecho a acudir a los medios.
Tiene derecho a equivocarse.
Pero los ceutíes también tienen derecho a que su realidad no sea reducida a un decorado para una batalla ideológica.
Porque Ceuta no necesita una intérprete oficial de la realidad.
Ni de un lado ni del otro.
No necesita que alguien venga a explicar a sus habitantes que lo que ven con sus propios ojos es otra cosa.
Ni necesita que otros conviertan cada problema migratorio en una demostración de que la ciudad está al borde del apocalipsis.
La realidad suele estar, como casi siempre, en un lugar bastante menos cómodo.
Esta debería ser la parte más sencilla de entender.
Se puede defender a los menores extranjeros no acompañados y criticar a Hanan Alcalde.
Se puede exigir que reciban protección y cuestionar cómo se recogen sus datos.
Se puede denunciar la precariedad de los asentamientos y, al mismo tiempo, exigir que quienes intervienen respeten escrupulosamente la legislación.
Se puede criticar una actuación policial sin convertir a todos los policías en villanos.
Y se puede cuestionar a una activista sin convertirla automáticamente en delincuente.
Lo que no tiene sentido es utilizar a los menores como escudo argumental.
«Lo hice por ellos» no responde a todas las preguntas.
A veces precisamente porque hay menores de por medio hay que ser mucho más cuidadoso.
La escena tiene incluso cierto componente de ironía.
Una activista acude para recopilar información de menores.
La Policía interviene.
El teléfono termina requisado.
La propia protagonista anuncia que el dispositivo será puesto a disposición de la Fiscalía.
Y, en cuestión de horas, las redes fabrican una película judicial completa.
Unos ya la quieren entre rejas.
Otros la presentan como una víctima perseguida por hacer el bien.
Ambos relatos tienen algo en común:
ninguno sabe todavía cómo terminará el asunto.
Lo que sí sabemos es que el teléfono fue intervenido durante el operativo y que Alcalde había reconocido que almacenaba información de menores.
Eso merece explicaciones.
Pero las explicaciones no son una condena.
Y una requisa tampoco es una absolución.
Quizá haya llegado el momento de hacerse una pregunta incómoda.
¿Qué ocurre cuando la persona que pretende llamar la atención sobre un problema termina convirtiéndose en el problema mediático?
Porque entonces el foco cambia.
Ya no hablamos de los menores.
Hablamos de Barbie Gaza.
Ya no hablamos de las plazas de acogida.
Hablamos de Barbie Gaza.
Ya no hablamos de la gestión de la inmigración.
Hablamos de Barbie Gaza.
Ya no hablamos de protección de datos.
Hablamos de si Barbie Gaza acabará en la cárcel.
Y mientras tanto, el problema real permanece.
Los menores siguen necesitando recursos.
Ceuta sigue teniendo una situación migratoria compleja.
Las administraciones siguen teniendo que actuar.
Y los ciudadanos siguen teniendo derecho a plantear preguntas incómodas sin que inmediatamente se les atribuya una motivación ideológica.
El problema de fondo no es que Hanan Alcalde sea activista.
Ni que sea crítica con determinadas políticas.
Ni que defienda a los inmigrantes.
El problema aparece cuando el activismo empieza a confundirse con autoridad.
Cuando la buena intención pretende sustituir al procedimiento.
Cuando la denuncia necesita permanentemente un enemigo.
Cuando cada intervención termina convertida en una batalla personal.
Y cuando el personaje acaba ocupando más espacio que aquello que supuestamente quería defender.
Los menores no necesitan una Barbie.
Ni Gaza.
Ni un influencer.
Ni un salvador.
Necesitan instituciones que funcionen.
Y si alguien quiere ayudar, estupendo.
Pero ayudar también significa saber dónde termina el activismo y dónde empieza la responsabilidad.
Porque la solidaridad no está por encima de la ley.
La indignación tampoco.
Y tener miles de seguidores, desde luego, no convierte a nadie en Fiscalía, Policía, juez ni Administración.
De momento, hay un teléfono requisado, unos datos cuya gestión tendrá que aclararse y una investigación cuya evolución habrá que esperar.
Todo lo demás es espectáculo.
Y en esta historia, quizá el mayor problema no sea que exista un personaje llamado «Barbie Gaza».
Quizá sea que hemos terminado hablando tanto del personaje que ya casi nadie se acuerda de preguntar quién está protegiendo realmente a los menores.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
