El comité provincial de la Confederación Española de Policía (CEP) en Ceuta, bajo el liderazgo de Eduardo García, ha emitido un contundente comunicado en el que denuncia la ineficacia de las medidas institucionales ante la crisis migratoria e inseguridad que atraviesa la ciudad autónoma.
A juicio de la organización policial, las distintas administraciones públicas están tratando de «normalizar» la problemática para proyectar una apariencia de solución que no se corresponde con la realidad sobre el terreno.
A pesar de valorar de manera muy positiva el despliegue de los recientes dispositivos especiales —que han llegado a movilizar a unos 350 efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) bajo la coordinación del Comisario General de Seguridad Ciudadana—, la CEP enfatiza que la exhibición de medios resulta estéril.
El sindicato sostiene que las derivaciones de inmigrantes en situación irregular no constituyen una respuesta definitiva, dado que un volumen sustancial de estas personas termina permaneciendo en la propia localidad ceutí, cronificando el conflicto socio-asistencial y de seguridad.
La representación sindical vincula de forma directa este escenario con un repunte en el temor de la población local, haciendo explícita referencia a la situación de las personas de mayor edad y colectivos vulnerables.
Según la CEP, existen «decenas de Mari Carmen» en Ceuta que han visto drásticamente alterada su rutina y permanecen recluidas en sus hogares por miedo a ser víctimas de delitos violentos en la vía pública, citando episodios de robos con intimidación, tirones, asaltos mediante el procedimiento del estrangulamiento e investigaciones judiciales abiertas por delitos contra la libertad sexual, incluyendo agresiones a menores.
En su balance, el sindicato critica con severidad el paulatino desvío del foco político y mediático hacia otros asuntos de la agenda nacional cuando se van a cumplir dos meses de tensión constante. La CEP denuncia que la publicidad otorgada a los traslados responde a una estrategia para fingir una efectividad inexistente, mientras la carga delictiva la continúan soportando los mismos vecinos y los propios efectivos policiales en primera línea.
Ante lo que califican como una situación agónica, la Confederación Española de Policía hace un llamamiento urgente a los poderes públicos para acometer reformas legislativas de calado. El colectivo reclama adaptar la normativa para agilizar de forma inmediata los expedientes de repatriación y expulsión de quienes hayan accedido irregularmente al territorio nacional. En su conclusión, la central sindical insta a no ignorar las demandas de la ciudadanía ceutí y apela a la empatía hacia las familias y ancianos que sufren el deterioro del orden público.
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