Impacto España Noticias
La dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en Ceuta no ha conseguido cerrar la crisis política abierta tras la entrada masiva de finales de julio.
Al contrario: las responsabilidades apuntan cada vez más arriba y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha advertido de que la cadena de responsabilidades no puede terminar en la sede de la Plaza de los Reyes.
Vivas considera «justificada» la salida de Pérez Triano, pero reclama buscar las responsabilidades «en rango superior al del delegado del Gobierno». Su diagnóstico coloca nuevamente el foco sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sobre el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.
Y es precisamente ahí donde aparece una de las grandes contradicciones de la gestión de la crisis. Durante semanas, el Gobierno ha defendido que nadie pudo anticipar una entrada masiva de las dimensiones de la registrada el 30 y 31 de julio. Marlaska llegó a asegurar el 25 de agosto que ningún informe de inteligencia había anticipado una avalancha semejante.
Sin embargo, la documentación desclasificada sobre los días previos recoge comunicaciones del CNI del 29 de julio en las que se advertía de convocatorias en redes sociales para un «asalto por valla y mar» al día siguiente. Según la información publicada, el aviso llegó al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno y posteriormente se produjo una llamada telefónica de once minutos con un agente del servicio de inteligencia.
La cuestión resulta todavía más comprometida porque Pérez Triano sostuvo que desconocía esos avisos y que un WhatsApp no constituía una alerta formal. Su entonces jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, ofreció posteriormente una versión distinta y afirmó que había trasladado personalmente al delegado los mensajes recibidos del CNI.
Ahora Pérez Triano se marcha alegando que ha sufrido una campaña de «acoso» y amenazas que, según su relato, también habría afectado a familiares y amigos. En su comparecencia, en la que no aceptó preguntas, defendió su actuación durante la crisis y aseguró que la Delegación cumplió con sus competencias. También evitó pronunciarse sobre los avisos del CNI.
Pero la salida del delegado deja intacta la pregunta fundamental: ¿quién asumirá las responsabilidades políticas por lo ocurrido?
Vivas ha reclamado que Ceuta recupere la seguridad, la tranquilidad y el funcionamiento normal de sus servicios, y ha situado entre las prioridades el retorno a Marruecos de quienes llegaron masivamente durante los días 30 y 31 de julio.
Desde la oposición, el PP considera igualmente insuficiente la dimisión y señala directamente a Sánchez. «Las dimisiones no pueden ser el cortafuegos para proteger a Sánchez», sostuvo Génova, reclamando que el presidente «dé la cara y asuma las consecuencias».
Dos meses después de aquella crisis, el Gobierno afronta así un problema que no se resuelve cambiando al delegado: las contradicciones sobre los avisos previos, la gestión de la frontera y la respuesta posterior siguen sobre la mesa.
La dimisión de Pérez Triano puede cerrar una etapa administrativa, pero difícilmente cierra el debate político. Y las palabras de Vivas apuntan precisamente en esa dirección: si las responsabilidades están «en rango superior», la pregunta ya no es solamente qué ocurrió en la Delegación de Ceuta, sino hasta dónde llega la responsabilidad de quienes dirigían la respuesta del Estado.
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