La historia de Maricarmen tiene una versión bastante diferente a pocos metros del portal donde vivió durante décadas. Mientras su desahucio ha terminado provocando una acampada en la Puerta del Sol, manifestaciones, una placa con los nombres de los propietarios y hasta un paquete de medidas del Gobierno bautizado políticamente con su nombre, varios vecinos y comerciantes del Retiro cuestionan abiertamente la imagen de «pobre Maricarmen» que ha acompañado al caso durante las últimas semanas.
«De pobre Maricarmen, nada. Se ha pegado unos viajes…». La frase pertenece a Juanjo, propietario de Céspedes, la pastelería y bombonería situada junto al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Es uno de los testimonios recogidos este miércoles por El Español, que ha recorrido la zona hablando con personas que conocen a la anciana desde mucho antes de que su nombre se convirtiera en símbolo de las protestas por la vivienda.
Los testimonios no son unánimes. También hay residentes que defienden que Maricarmen debía regresar a su vivienda y celebran el acuerdo alcanzado después del desahucio. Pero entre quienes llevan décadas compartiendo barrio con ella aparecen relatos muy diferentes a los difundidos durante las movilizaciones. Hablan de viajes, tardes de bingo, problemas de convivencia y compras que supuestamente dejaba sin pagar.
Una vecina resume su malestar de una manera especialmente gráfica: «Ahora parece que aquí todo el mundo tiene que colocarse de parte de Maricarmen porque es una anciana, cuando las cosas son bastante más complicadas que eso».
Uno de los detalles más llamativos del reportaje es lo que cuentan los propios residentes sobre las movilizaciones celebradas frente al edificio. Isabel, vecina de la zona, asegura que ninguna persona de la finca salió a respaldar públicamente a Maricarmen durante las protestas.
«Aquí se ha montado todo esto con gente que ha venido de fuera, pero los que vivimos aquí sabemos cómo ha sido la convivencia y tenemos nuestra propia opinión», explica. Su descripción personal es todavía más contundente: «Es una déspota. Tiene machacado al portero y a mí me sienta mal que vuelva».
El propietario de la pastelería situada junto al edificio ofrece una versión similar. «No encontrarás a nadie de su bloque manifestándose. Por algo será, ¿no? Si a una persona de verdad le están haciendo la puñeta, yo soy el primero que salgo», asegura.
Son testimonios personales y, por tanto, describen la percepción que estos vecinos tienen de Maricarmen, pero permiten conocer una parte de la historia que apenas había tenido protagonismo desde que el desahucio adquirió dimensión nacional.
Juanjo asegura conocer a Maricarmen desde hace décadas, cuando la pastelería todavía pertenecía a sus abuelos. Según su relato, la relación de la familia con la anciana fue deteriorándose por la forma en la que se dirigía a sus padres.
El comerciante recuerda que Maricarmen invocaba su condición de funcionaria cuando acudía al establecimiento. «Llegaba diciendo que era funcionaria y que ella podía hacer lo que quisiera y dejar compras a deber, como si por ser funcionaria tuviese una autoridad especial sobre mis padres», relata.
El pastelero también cuestiona algunos de los acontecimientos producidos alrededor de las protestas. Según cuenta, durante la manifestación Maricarmen habría facilitado a algunos participantes las llaves para acceder a su azotea y desde allí pasar al edificio contiguo, donde reside parte de su familia, con la intención de colocar una pancarta. «Les dejó la llave para que subieran, saltaron a la azotea de al lado, a la de mis padres», sostiene.
La otra cara de Maricarmen según sus vecinos también aparece en el testimonio de una mujer que lleva 56 años residiendo en Alcalde Sainz de Baranda. Su reflexión pone el foco precisamente en una de las cuestiones que más controversia ha generado alrededor del caso: cómo una funcionaria que vivió durante décadas pagando un alquiler muy inferior a los precios actuales llegó a los 87 años sin una vivienda en propiedad.
«Todas nosotras lo hemos hecho poquito a poco: hipotecarnos y no irnos de vacaciones todos los fines de semana como ella», afirma esta vecina, que cuestiona que se presente a Maricarmen como una persona que nunca tuvo posibilidades de buscar una alternativa residencial.
Y añade otro detalle sobre sus costumbres: «Iba bastante al bingo». La mujer tampoco entiende el relato construido alrededor de la situación económica de Maricarmen y recuerda que se le habría ofrecido otra vivienda relativamente próxima que no aceptó.
El relato encaja con otro dato conocido del caso. Maricarmen trabajó como funcionaria y actualmente percibe una pensión que ella misma ha situado alrededor de los 1.400 euros mensuales. Durante años disfrutó además de un contrato antiguo de alquiler con una renta extraordinariamente reducida respecto al mercado actual del Retiro.
El malestar se extiende a la placa instalada después del desahucio en el número 46. En ella aparecen los nombres y apellidos de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, propietarios de Urbagestión, junto a la inscripción: «Aquí fue desahuciada Maricarmen, de 87 años, vecina de esta casa desde 1955».
Algunos vecinos consideran que señalar personalmente a los propietarios cruza una línea. «Nombrar en la placa a esos dos señores es levantar el odio», sostiene Isabel. Juanjo comparte esa opinión y asegura que los comerciantes llegaron a llamar a la Policía para solicitar su retirada: «No puedes convertir ahora la fachada en una pancarta contra dos personas».
La polémica ha terminado afectando incluso a negocios que no tienen ninguna relación directa con el conflicto. En una frutería de la calle aseguran estar «saturados» después de varios días atendiendo a periodistas, manifestantes y curiosos. La dependienta sostiene además que el establecimiento sufrió pérdidas durante la jornada del desahucio y que han terminado prohibiendo hablar del asunto dentro del comercio.
El retrato del barrio, sin embargo, no es completamente hostil hacia la anciana. Otros residentes entrevistados defienden abiertamente su regreso. Antonio, vecino de la zona desde hace décadas, considera el desahucio «una barbaridad» y celebra que finalmente pueda volver a su vivienda. El camarero de un establecimiento cercano también asegura estar «muy contento» con su regreso.
Otro residente separa su opinión personal sobre Maricarmen del problema general de la vivienda. Aunque reconoce que no simpatiza especialmente con ella, considera que toda la polémica ha servido para poner sobre la mesa una cuestión real: «Los alquileres están muy altos y ya no los puede pagar ni la gente joven ni la gente mayor».
Esta división resulta relevante porque aleja el caso de los dos relatos absolutos que se han enfrentado durante los últimos días. Maricarmen ni cuenta con el rechazo unánime del barrio ni con el respaldo generalizado que podría desprenderse de las imágenes de las multitudinarias movilizaciones celebradas en su nombre.
La otra cara de Maricarmen según sus vecinos aparece precisamente cuando su caso ha dejado definitivamente de ser una disputa entre propietario e inquilina para convertirse en un fenómeno político nacional. La acampada de la Puerta del Sol afronta ya varias noches, el Sindicato de Inquilinas mantiene las movilizaciones y este 1 de octubre entra en vigor uno de los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, al que se ha denominado «Decreto Maricarmen».
Mientras tanto, Maricarmen permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. El acuerdo alcanzado entre sus representantes y Urbagestión, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, contempla que pueda regresar al mismo piso mediante un nuevo contrato de ocho años y con una renta que no supere el 30% de sus ingresos netos.
La otra cara de Maricarmen según sus vecinos obliga ahora a incorporar al relato las voces de quienes convivieron con ella mucho antes de que miles de personas conocieran su nombre. Algunos celebran que regrese a casa; otros cuestionan frontalmente la imagen de víctima que se ha construido alrededor de su figura. Y varios de estos últimos insisten en un dato especialmente significativo: cuando centenares de manifestantes acudieron al número 46 para defenderla, aseguran que sus propios vecinos de bloque no bajaron a acompañarlos.
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