Ayer viernes, durante las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios en el Congreso, el día que se votaban los dos decretos-ley sobre vivienda, cada partido esgrimió sus argumentos para votar a favor o en contra de estas medidas.
En el transcurso de su turno, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, expresó que "cada desahucio que se produzca a partir de esta votación va a llevar los nombres y los apellidos de quienes hoy voten que no a estos decretos. Sean del PP, de Vox o de Junts. Van a llevar sus nombres y sus apellidos".
En el siguiente vídeo podemos ver esta parte:
Así pues, el ministro de Sumar culpa a quienes voten que "no" a estos dos decretos de los desahucios que se produzcan de aquí en adelante, y también de "cada contrato que se acabe o cada euro de más que le roben a las familias trabajadoras en España", como declaró justo antes de entrar al hemiciclo. De esta forma, la culpa no la tiene su socio de Gobierno, que lleva más de ocho años gobernando, ni su grupo parlamentario, que lleva más de tres años en el Ejecutivo.
Aquí vemos lo que decía el ministro:
Resulta irónico que sea Pablo Bustinduy quien hable de "desahucios que llevarán nombres y apellidos" cuando fue precisamente su madre, Ángeles Amador, quien formó parte del Consejo de Ministros de Felipe González en 1994, Gobierno en el que se aprobaron el recorte de las subrogaciones de la renta antigua y su limitación a dos años, lo que permitió el desahucio de personas como Maricarmen, que incluso aparece en el BOE de este real decreto y ha sido la causa elegida por la izquierda para promover estos decretos.
La madre de Pablo Bustinduy, Ángeles Amador, fue ministra de Sanidad durante el Gobierno del PSOE entre 1993 y 1996, de manera que formó parte del Ejecutivo que impulsó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Si hiciéramos lo mismo que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, podríamos culpar a su madre de "firmar con su nombre y apellidos" desahucios como el de Maricarmen, u otros tantos que se han producido en el mismo sentido.
De hecho, habría más motivo para culpar a su madre, desde la perspectiva adoptada por el miembro de Sumar, ya que los desahucios no se producen porque el PP, Vox o Junts voten en contra de estos decretos aprobados esta semana, sino por leyes anteriores, entre las que se encuentra la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, aprobada bajo un Gobierno del que su madre formaba parte.
Justamente es gracias a esta ley de 1994 por lo que se producen los desahucios vinculados a la finalización del contrato de renta antigua, como el de Maricarmen, de manera que Pablo Bustinduy debería empezar primero por acusar a su madre (de nuevo, bajo su propia perspectiva argumental) antes que a quienes se oponen a aprobar estos dos decretos sobre vivienda.
Este episodio no es más que un nuevo intento de este Gobierno de culpar a la oposición de los problemas que han generado sus políticas, aunque en esta ocasión la jugada no le ha salido como deseaba.
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