Impacto España Noticias
Pedro Sánchez ya tiene una vía para intentar rescatar su decreto antidesahucios después de que PP, Vox y Junts tumbaran los decretos de vivienda en el Congreso: aprobarlo de nuevo, o aprobar uno muy parecido, y someterlo a convalidación cuando las Cortes estén disueltas.
La maniobra permitiría al Gobierno esquivar el pleno, donde ha perdido las votaciones, y trasladar el asunto a un órgano más pequeño y con una aritmética más favorable. Pero el éxito del plan depende de un PNV que no ha confirmado su apoyo.
El truco está en el calendario. Aunque se convoquen elecciones, el Ejecutivo no queda en funciones, algo que sólo ocurre después de los comicios, sino en plenitud de atribuciones. Eso le permitiría aprobar en el Consejo de Ministros decretos idénticos o similares a los caídos, bien antes de disolver las Cortes, lo que retrasaría algo la convocatoria electoral, bien después de anunciarla. Con la Cámara disuelta, la convalidación ya no correspondería al pleno, sino a la Diputación Permanente.
Ahí es donde Moncloa ve su oportunidad. El órgano está formado por 69 miembros y el Gobierno necesitaría 35 votos para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE cuenta con 25 y Sumar con 6, de modo que le faltarían cuatro. Bastaría con que votaran a favor EH Bildu, ERC, Podemos y PNV, los mismos que apoyaron el primer decreto en el Congreso. En ese escenario, el voto de Junts, que se sumó al bloque que tumbó los decretos, sería irrelevante.
Según adelantó El Independiente, se trata de una solución hipotética con la que se trabaja en La Moncloa, que estudia con detalle la fórmula jurídica más adecuada para recuperar el máximo posible, sobre todo del primer decreto, el escudo antidesahucios. Ese texto estaba pactado, según el Gobierno, con PNV, Coalición Canaria y Junts, y tenía posibilidades de salir adelante.
El principal obstáculo es el PNV. No está claro que respalde esta fórmula, y su voto es imprescindible para llegar a los 35 apoyos. El primer decreto contó con su respaldo, pero el segundo decaería precisamente por su oposición, según el propio planteamiento del Gobierno. Los nacionalistas vascos no se han pronunciado sobre una operación que combinaría el adelanto electoral con la aprobación de una norma de calado con las Cortes ya disueltas. Los márgenes son mínimos: si falla cualquiera de los cuatro apoyos necesarios, el decreto vuelve a caer.
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