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El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar este martes los decretos relacionados con vivienda que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes. La intención del Ejecutivo es volver a llevar estas medidas a la Diputación Permanente, ahora que las Cortes se encuentran disueltas, aunque en Moncloa todavía se estudia si los textos se presentarán con la misma redacción o con algunos cambios.
La estrategia del Gobierno pasa por conseguir que los decretos sean convalidados en la Diputación Permanente, un órgano en el que la composición parlamentaria juega a su favor y donde el voto de Junts no resulta determinante.
Uno de los textos, conocido como «decreto Maricarmen», establece medidas para impedir los desahucios de personas consideradas vulnerables. Según la información publicada por El País, esta iniciativa podría salir adelante si el PNV mantiene su respaldo.
La situación es diferente en el segundo decreto, que plantea convertir en permanentes determinadas condiciones de los contratos de alquiler. En este caso, el Ejecutivo no tendría garantizada su aprobación debido a la posición contraria del PNV.
La clave está en el funcionamiento de la Diputación Permanente. Con las Cortes disueltas, este órgano asume determinadas funciones que normalmente corresponden al Pleno del Congreso. Su composición, además, es mucho más reducida: está formada por 69 diputados.
Para aprobar un decreto serían necesarios 35 votos, es decir, la mayoría absoluta de sus integrantes.
El PSOE cuenta con 25 representantes en la Diputación Permanente, mientras que Sumar dispone de otros seis. En conjunto, ambas formaciones reúnen 31 votos, por lo que necesitarían cuatro apoyos más para alcanzar la mayoría absoluta.
En este escenario, el respaldo de EH Bildu, ERC, Podemos y PNV permitiría aprobar el decreto que protege a las personas vulnerables frente a los desahucios. Estas formaciones ya respaldaron esta medida durante la votación celebrada en el Congreso.
La situación cambia con el segundo decreto de vivienda. La oposición del PNV impediría alcanzar la mayoría necesaria, por lo que esta iniciativa tendría más dificultades para ser convalidada.
La posibilidad de recurrir a la Diputación Permanente se produce después de la disolución de las Cortes. Este órgano está diseñado para mantener determinadas funciones parlamentarias durante los periodos en los que las Cámaras no están reunidas o cuando se produce su disolución.
El cambio modifica también el peso de algunos grupos parlamentarios. En este caso, Junts pierde capacidad de influencia, ya que sus votos dejan de ser imprescindibles para que el Gobierno pueda alcanzar la mayoría necesaria.
De esta manera, el Ejecutivo de Sánchez intenta sacar adelante al menos una parte de sus medidas de vivienda después de que el Congreso rechazara los decretos en su votación del pasado viernes.
La nueva maniobra parlamentaria se produce, además, en un momento político especialmente relevante. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.
Así, la posible convalidación de los decretos de vivienda se desarrollará en paralelo al inicio de un nuevo escenario electoral, con las Cortes ya disueltas y la Diputación Permanente asumiendo el protagonismo parlamentario.
El Ejecutivo busca de este modo mantener en vigor sus principales medidas en materia de vivienda, aunque el resultado final dependerá de los apoyos que consiga reunir en la Diputación Permanente.
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