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El actual Ejecutivo socialista catalán consolida una deriva intolerable que prioriza el sostenimiento de una red masiva de clientelismo ideológico por encima del bienestar de las familias. El despilfarro institucional ya no solo sirve para fomentar el separatismo, sino también para financiar con recursos públicos las políticas de género más extremas.
A finales de este mes, el Gobierno catalán aprobó el Plan Estratégico de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2026-2030, un instrumento que, en sus palabras, persigue «ordenar y coordinar» las políticas de igualdad del conjunto de la Administración y reforzar la «incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas».
Esta nueva herramienta del Departamento de Igualdad y Feminismo representa un asalto directo a la neutralidad de las instituciones y un mecanismo para regar con millones a entidades afines. El plan establece directrices para tutelar con este enfoque a todos los «departamentos, organismos y entidades dependientes de la Generalitat».
El socialismo expande esta inmensa maquinaria burocrática estructurando sus políticas en seis ejes de acción, una veintena de objetivos estratégicos y 115 objetivos operativos. Este entramado engloba 419 actuaciones que condicionarán de forma obligatoria la labor de todas las consellerías —que han participado de la elaboración del plan—, extendiendo el control ideológico a sectores cruciales como Educación, Salud, Movilidad o Vivienda, pasando por los —tan en boga—cuidados.
La Generalidad levanta este imperio de observatorios y asesorías mediante un presupuesto millonario. El Gobierno ejecuta este reparto millonario en pleno fin de legislatura, ignorando por completo las reclamaciones económicas de los docentes —en permanente movilización— y las nulas soluciones a la candente cuestión de la vivienda, a pesar de que Illa prometió la construcción de 50.000 pisos de protección oficial. Frente a estas carencias reales, la previsión de gasto para aplicar este tutelaje en 2026, se eleva a los 257,96 millones de euros.
El coste total de este programa de adoctrinamiento para los próximos cinco años permanece oculto bajo la opacidad institucional del Ejecutivo. Sin embargo, los datos históricos de estos chiringuitos confirman un crecimiento exponencial del gasto superfluo.
En el Plan previo, del que este es una actualización y que se extendió entre 2019 y 2022, el gasto en 2019, por ejemplo, fue de 72,5 millones —esto es, más del triple que este año—. Los socialistas disparan el gasto ideológico a niveles históricos mientras ahogan a impuestos a la clase trabajadora.
La justificación que ofrece el Gobierno catalán para sostener este entramado de chiringuitos roza el absurdo y demuestra una obsesión total por controlar la opinión pública.
El texto asegura que el movimiento feminista ha impulsado «nuevos modelos de masculinidad más igualitarios, basados en la corresponsabilidad, el cuidado y la revisión crítica de las relaciones de poder», pero lamenta la existencia de una «reacción antifeminista creciente» que interpela especialmente a los «hombres jóvenes» a través de discursos en la esfera digital «cada vez más sofisticados». Los redactores vinculan este pensamiento crítico al «rechazo de las instituciones democráticas».
El negocio de la perspectiva de género encuentra un nuevo filón en la censura tecnológica y digital. El documento plasma una honda preocupación por la irrupción de la Inteligencia Artificial, una herramienta útil para calibrar la «eficiencia» de las respuestas públicas, pero peligrosa según el ejecutivo porque puede «reproducir y amplificar sesgos de género» y «mecanismos de discriminación automatizada».
Para combatir estos supuestos peligros, los chiringuitos gubernamentales reciben inyecciones brutales de dinero público: el plan reserva 25,6 millones a la «coeducación» con prisma de género y destina la escandalosa cifra de 65,74 millones al «empoderamiento» y «visibilización de las mujeres».
La coeducación obligatoria funciona como la puerta de entrada perfecta para regar con subvenciones a entidades privadas dedicadas a impartir talleres sin base científica. La iniciativa incluye tanto actuaciones para implantar un modelo de «educación afectivosexual» que fomente la igualdad de género como acciones para formar al personal docente en educación no sexista.
Lejos de limitarse a los colegios oficiales, el plan extiende los tentáculos de la ideología de género a los ámbitos educativos informales, promoviendo cursos para «monitores, directores y otros profesionales» con una «perspectiva de género, interseccional», además de formaciones «específicas» sobre la «violencia machista digital» o la «cosificación del cuerpo».
Por su parte, el apartado de empoderamiento se convierte en una justificación para reescribir la cultura bajo dogmas sectarios, con la excusa de visibilizar experiencias frente a los «patrones patriarcales y androcéntricos».
Los millones de los contribuyentes financian la activación de la «cooperación feminista» en agendas estratégicas ligadas al «cambio climático y la seguridad», además del fomento de «referentes de mujeres migradas y racializadas» como supuesta evidencia de la «diversidad de la población femenina catalana» para forzar su participación en todos los estratos de la Generalitat.
La distribución del dinero público para engordar esta burocracia clientelar abarca múltiples partidas millonarias. El proyecto divide los fondos otorgando 16,05 millones al impulso a políticas de «igualdad efectiva», 55,02 millones al «abordaje integral y erradicación de las violencias machistas», 57,19 millones al «Trabajo, corresponsabilidad y trabajos materiales» y 38,06 millones a la «salud y los derechos sexuales».
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