La Fiscalía de Almería pide penas de prisión para 30 ilegales acusadas de organizar falsas denuncias por violencia de género entre 2017 y 2019. La trama permitía a mujeres extranjeras en situación irregular conseguir permisos de residencia y acceder a prestaciones públicas mediante agresiones previamente pactadas. El Ministerio Público reclama la devolución de más de 46.000 euros defraudados.
La Justicia sentará en el banquillo a 30 personas por su participación en una organización que utilizaba denuncias falsas de violencia machista para conseguir autorizaciones de residencia y trabajo en España. El juicio está previsto para el próximo 7 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 del Tribunal de Instancia de Almería.
La Fiscalía solicita ocho años y seis meses de prisión para el supuesto cabecilla de la organización, de nacionalidad marroquí. El escrito de acusación, al que han tenido acceso Agenda EFE y Europa Press, identifica a 13 hombres que habrían participado como agresores y a 16 mujeres que supuestamente utilizaron este procedimiento para regularizar su situación administrativa.
El Ministerio Público también ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra otras cuatro personas al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar su participación.
La investigación de la Guardia Civil sitúa el funcionamiento de la presunta organización entre 2017 y 2019. Durante ese periodo, el principal acusado habría diseñado el procedimiento junto a otro individuo identificado, pero todavía no localizado. El mecanismo comenzaba con la captación de mujeres extranjeras sin autorización de residencia.
Los organizadores les ofrecían una vía fraudulenta para obtener documentación española a cambio de cantidades que podían alcanzar los 4.500 euros. Posteriormente, las ponían en contacto con hombres dispuestos a participar en agresiones previamente acordadas. Según detalla IDEAL, los encuentros se desarrollaban en espacios públicos de Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almerimar.
Entre los escenarios investigados figuran parques, cafeterías, paseos marítimos, avenidas y entradas de centros escolares. Las agresiones provocaban lesiones reales. Después, las mujeres acudían ante la Guardia Civil o los órganos judiciales y declaraban que el hombre que las había golpeado era su pareja sentimental, aunque no mantenían ninguna relación.
Los supuestos agresores reconocían inmediatamente los hechos. De esta manera, conseguían sentencias condenatorias rápidas mediante juicios de conformidad por delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género. La Fiscalía sostiene que los hombres conocían el objetivo de facilitar la residencia de las mujeres, aunque no necesariamente sabían que estas iban a presentarse como sus parejas ni que posteriormente solicitarían prestaciones públicas.
Las sentencias condenatorias constituían la pieza central del presunto fraude. Una vez obtenida la resolución judicial, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería para solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, alegando su condición de víctimas de violencia de género.
Este procedimiento les permitía acceder a permisos de residencia con una vigencia de cinco años, según recoge el escrito de acusación. La investigación también apunta que los organizadores informaban a las participantes de la posibilidad de solicitar prestaciones económicas utilizando las mismas resoluciones judiciales.
De las 16 mujeres acusadas, nueve habrían aprovechado esta documentación para incorporarse al Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Según la información publicada por Infobae a partir de la calificación fiscal, las cantidades obtenidas irregularmente mediante estas ayudas oscilaban entre los 2.000 y los 6.000 euros por beneficiaria. El escrito también recoge el caso de una acusada que, tras acceder a un empleo gracias a la autorización de residencia presuntamente fraudulenta, percibió otras prestaciones de la Seguridad Social:
7.501,79 euros por incapacidad temporal.
4.637,92 euros por nacimiento y cuidado de un menor.
La Fiscalía reclama el reintegro de más de 46.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El supuesto responsable de la organización deberá responder solidariamente, junto con las beneficiarias correspondientes, de las cantidades que se declaren defraudadas.
El Ministerio Público atribuye al supuesto organizador un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y su participación como cooperador necesario en delitos continuados de falso testimonio y contra la Seguridad Social. Por estos hechos solicita una condena de ocho años y seis meses de prisión, además de las multas e inhabilitaciones correspondientes.
Para los 13 hombres que participaron presuntamente en las agresiones pactadas, la acusación reclama nueve meses de cárcel por persona por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las 16 mujeres afrontan peticiones de tres años y nueve meses de prisión por falso testimonio.
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