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Moncloa prepara un nuevo decretazo que afecta directamente al funcionamiento del Registro Civil y que llega en un momento especialmente sensible: a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre y con cientos de miles de nacionalizaciones vinculadas a la conocida como 'ley de nietos' todavía bajo el foco.
El borrador del nuevo Reglamento del Registro Civil no habla de elecciones ni modifica directamente las reglas del voto exterior, pero introduce una transformación que puede resultar relevante para la tramitación de estos expedientes: digitaliza por completo el sistema y permite redistribuir el trabajo entre distintas oficinas.
El proyecto de Real Decreto, elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pretende culminar la transición desde el viejo Registro Civil basado en libros de papel hacia un Registro Civil único y electrónico para toda España. La herramienta sobre la que pivota el cambio es DICIREG, una plataforma que sustituirá progresivamente a INFOREG y que permitirá gestionar expedientes, practicar inscripciones y compartir información entre las distintas oficinas.
La clave está en que el nuevo modelo no se limita a cambiar el papel por una pantalla. El borrador establece que el Registro Civil será único para toda España y que sus oficinas estarán conectadas electrónicamente. Cada ciudadano tendrá un registro individual asociado a un código personal único e intransferible, en el que se irán incorporando los diferentes hechos relativos a su identidad y estado civil.
Y aquí aparece una de las novedades con mayor recorrido práctico. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública podrá establecer normas internas para distribuir los expedientes entre las distintas oficinas del Registro Civil en función de su carga de trabajo. El texto contempla expresamente que esa redistribución se realice mediante criterios objetivos de eficacia y reparto equitativo.
En otras palabras, el expediente deja de estar necesariamente atado a la capacidad de trabajo de la oficina concreta que lo recibe. Si un consulado o una oficina acumula una elevada carga de trabajo, el nuevo sistema permite organizar electrónicamente el reparto de expedientes entre otras oficinas. Es una de las piezas que puede resultar especialmente relevante para una Administración que lleva años afrontando una fuerte presión por las solicitudes de nacionalidad de descendientes de españoles.
El Registro Civil consular queda integrado en esta arquitectura. El borrador contempla las Oficinas Consulares como parte de la estructura del Registro Civil y prevé la presentación electrónica de solicitudes, así como el envío y digitalización de documentación. También permite que determinados procedimientos sean reasignados mediante DICIREG cuando la inscripción principal se encuentre en otra oficina.
La importancia de este cambio se entiende mejor al mirar las cifras. Más de medio millón de personas han obtenido la nacionalidad española al amparo de la llamada 'ley de nietos', según los datos manejados por el Gobierno, mientras que una parte importante de esos nuevos españoles reside fuera de España. RTVE situaba en 369.017 los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática inscritos en el CERA en los datos aportados por la Abogacía del Estado.
El asunto ha adquirido además una dimensión electoral inesperada. El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el derecho de voto de determinados nacionalizados por esta vía, mientras que la Junta Electoral Central ha reclamado información a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para poder aplicar su decisión.
El nuevo Reglamento no resuelve ese conflicto ni concede por sí mismo el derecho a votar. Tampoco ordena incorporar a nadie al CERA. El vínculo es más indirecto, pero relevante: la nacionalidad se tramita en buena parte a través de los Registros Civiles consulares y, una vez reconocida, la inscripción como residente en el Registro de Matrícula Consular lleva aparejada el alta en el PERE y, para los mayores de edad, en el CERA.
Por eso la digitalización adquiere especial importancia en plena carrera electoral. El Gobierno pretende poner en marcha una estructura capaz de compartir expedientes y redistribuir cargas de trabajo justo cuando el volumen de solicitudes y nacionalizaciones vinculadas a la ley de nietos ha convertido a los consulados en uno de los cuellos de botella del proceso.
El borrador concede además un considerable poder de dirección a Justicia. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ejercerá la dirección funcional de todo el personal del Registro Civil, incluso cuando orgánicamente dependa de otras administraciones, y podrá dictar instrucciones, resoluciones y circulares.
También podrá supervisar el funcionamiento mediante un cuadro de mando de DICIREG y ordenar redistribuciones de trabajo cuando detecte disfunciones.
El Gobierno presenta esta transformación como una modernización administrativa destinada a reducir trámites y agilizar la atención al ciudadano. Pero, en el contexto actual, el alcance político de la reforma resulta difícil de ignorar. El decretazo no cambia las reglas electorales, pero sí crea una maquinaria consular mucho más digitalizada, conectada y flexible para gestionar expedientes de nacionalidad.
La incógnita es hasta dónde llegará esa capacidad de aceleración antes del 29-N. El propio debate electoral ha puesto bajo la lupa el crecimiento del CERA y la nacionalización de descendientes de españoles. Y el nuevo Registro Civil introduce precisamente una herramienta que permite atacar uno de los problemas más evidentes del sistema: que miles de expedientes queden atrapados en oficinas con una carga de trabajo muy superior a su capacidad de tramitación.
El decreto, por tanto, sí cambia la maquinaria administrativa que precede a la inscripción de muchos de ellos. Y lo hace cuando el calendario electoral ha convertido cada semana de tramitación en un factor especialmente sensible.
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