"Lo que está ocurriendo en Ceuta no es una percepción, es una realidad", aseveran desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en declaraciones apoyándose en el escenario que dibujan los datos oficiales ofrecidos desde la invasión de la ciudad autónoma.
"El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha cifrado en un 60% el aumento de las infracciones penales en agosto y septiembre respecto al año pasado", recuerda el secretario de relaciones institucionales de la organización, Diego Madrazo, a este periódico.
Por otra parte, insiste, "el Consejo General del Poder Judicial tiene abiertas 37 diligencias por agresión sexual" y "en apenas seis semanas, el 112 de la ciudad ha pasado de 93 a 1.357 avisos por agresiones y de 16 a 837 por allanamientos de morada". "La propia Fiscalía Superior ha calificado la situación de insostenible", ha destacado Madrazo, "y nosotros también".
"Esa situación la sostienen cada día los guardias civiles destinados en Ceuta", asevera. "Son compañeros que llevan más de dos meses encadenando servicios y que pasaron semanas sin vacaciones ni permisos porque no había nadie que los relevara", recuerda, "que trabajan con una plantilla que ya tenía más de cien plazas sin cubrir antes de la crisis".
"Los refuerzos llegan en comisión de servicio y se marcharán", advierte el secretario de relaciones institucionales de la asociación. Y otra parte importante de la presión con la que lidian los agentes de la ciudad autónoma, añade, es que "además viven en Ceuta, y cuando termina el turno siguen en la misma ciudad".
"No se puede sostener una frontera exterior de la Unión Europea sobre el agotamiento de los mismos de siempre", exclama. De ahí que AUGC, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se vea obligada a exigir de nuevo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "condiciones dignas". Y eso implica: "descansos garantizados, adelanto de dietas (que no tengan que pagar por trabajar) y medios materiales adecuados".
Por otra parte, reclama "refuerzos estructurales: que cubran las vacantes del catálogo y aumenten la plantilla de la Comandancia de Ceuta de forma permanente". Y, para dar solución a las necesidades de Ceuta, "que agilice las repatriaciones y devoluciones que procedan conforme a la ley, con los medios de Extranjería necesarios para tramitarlas" y "que active el sistema de acogida para todas las personas que tengan derecho a él".
Madrazo hace hincapié en la necesidad de que "no se desplace el foco". "El problema no son los agentes, que han cumplido y siguen cumpliendo", añade, "es una gestión que llegó tarde y sigue sin dar respuestas estructurales". "Hablar de 'inseguridad subjetiva' cuando los juzgados y el 112 están desbordados no ayuda a nadie", sentencia el portavoz de AUGC.
Llegados a este punto cabe recordar que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río Fernández, afirmó —el 8 de septiembre— que la actividad penal en los juzgados de la ciudad autónoma se había incrementado en un 75% desde la entrada masiva de inmigrantes registrada entre los días 30 y 31 de julio. Tanto es así que motivó el envío de dos magistrados de apoyo.
"Los ciudadanos de Ceuta han demostrado estos meses una enorme responsabilidad y civismo. Tienen derecho a recuperar la normalidad y a vivir seguros en su ciudad", afirma Diego Madrazo. "Y los guardias civiles tienen derecho a trabajar en condiciones dignas para garantizarlo. Las dos cosas van de la mano", concluye el portavoz de AUGC.
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