Impacto España Noticias
Los policías se sienten desamparados por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, su jefe último y directo, tras reconocer en una entrevista en que la intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP) durante la huelga educativa en la Universidad Complutense se produjo tras múltiples llamadas al 091, que alertaban de la ocupación de la vía pública por parte de personas embozadas, que no habían efectuado comunicación previa y alteraban el orden público y luego decir que habría que abrir una investigación por esta actuación.
Según el sindicato Jupol, de Policía Nacional, «los manifestantes realizaron intentos violentos de rebasar la línea policial con agresiones incluso hacia los policías intervinientes». Es decir, el propio delegado del Gobierno «reconoce los hechos que motivaron y justifican la intervención policial», aunque posteriormente, «por razones políticas que Jupol critica y por ello pide su dimisión, calificara la actuación de desproporcionada y anunciara una investigación».
Para el sindicato policial, «la UIP actuó ante una situación de alteración del orden público. Cuestionar después a los agentes por intervenir, cuando es su obligación, no es aceptable».
Por todo ello, Jupol mantiene su exigencia de dimisión inmediata de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid. Hay que recordar que ningún mando de la Policía Nacional ordena intervenir en una manifestación sin una orden directa del delegado del Gobierno.
La primera jornada de la huelga de profesores en Madrid del pasado miércoles vivió episodios de mucha tensión en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuando a las 9.30 horas, la policía cargó contra un piquete informativo de estudiantes y trabajadores frente a la Facultad de Ciencias Químicas.
Cinco personas resultaron detenidas, según un portavoz policial, que indicó que dos agentes resultaron heridos leves. Además, seis manifestantes resultaron heridos. La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid solicitaba entonces una investigación «urgente» de lo ocurrido.
Tras ordenar la intervención el delegado de Gobierno calificaba como «muy duras» las imágenes grabadas por testigos y distribuidas profusamente en redes. «Nos duelen a todos. Al igual que no se debe tolerar ninguna agresión a la Policía, la respuesta de esta siempre debe ser proporcionada”, sostenía Francisco Martín Aguirre.
Varios vídeos mostraron el momento en el que unidades policiales cargan contra un grupo de manifestantes frente a la citada facultad mientras se concentraban con banderas rojas y una pancarta en la que se podía leer el lema «Universidad pública».
Las declaraciones de Martín Aguirre llevaron a algunos sindicatos policiales, como Jupol y CEP, a exigir su dimisión por considerar que estaba cuestionando la profesionalidad de los agentes y poniéndoles «en el disparadero de la política más sectaria».
El Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid también condenaba las cargas policiales contra el piquete, en el que participaron el alumnado, profesorado y personal de la institución. La dirección señalaba en un comunicado que «no ha solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional en el campus», en referencia a que ellos no habían pedido su presencia, pero sí algunos conductores que quedaron atrapados tras invadir los manifestantes la carretera.
Según la Policía Nacional, su intervención se producía tras el intento de los manifestantes de rebasar el cordón policial y atacar a los agentes. La Plataforma UCM por la Pública, conformada por trabajadores y estudiantes, señalaba directamente al delegado del Gobierno, al que acusaban de haber «llenado» la universidad de policías que han «bloqueado el paso de los piquetes de huelga».
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, defendía la actuación policial. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera criticaba la respuesta del delegado del Gobierno a la protesta y defendía la actuación de la Policía, que «ejerce sus funciones».
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