Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado en las agendas y libretas de Santos Cerdán anotaciones sobre posibles encuentros con Carlos García Berro, fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que permitió varios terceros grados a etarras.
Los documentos forman parte del material incautado al exsecretario de Organización del PSOE en el marco del caso relacionado con Leire Díez. Los investigadores analizan ahora estas anotaciones para esclarecer el alcance de los contactos y su posible relevancia judicial. Por el momento, la existencia de apuntes sobre citas no demuestra por sí misma que hubiera actuaciones irregulares.
El caso coincide con una etapa en la que la Fiscalía dejó de recurrir numerosas progresiones al tercer grado concedidas a presos de ETA por el Gobierno vasco. Según la información, García Berro asumió la coordinación penitenciaria en septiembre de 2024 y, desde entonces, no impugnó 13 progresiones consecutivas entre ese mes y febrero de 2025.
La ausencia de recursos permitió que las progresiones siguieran adelante y que los 13 reclusos salieran de prisión para cumplir sus condenas en régimen de semilibertad. La situación cambió en marzo de 2025, cuando el fiscal recurrió el tercer grado de Xabier Zabalo, condenado a 208 años de cárcel por un atentado con coche bomba cometido en Salou en 2001.
La secuencia temporal ha reavivado el debate sobre la política penitenciaria y los acuerdos políticos entre el PSOE y EH Bildu. La formación abertzale apoyó la investidura de Pedro Sánchez y ha defendido históricamente el acercamiento de los presos de ETA y su progresión hacia regímenes penitenciarios más flexibles.
Santos Cerdán desempeñó un papel relevante en las negociaciones entre ambas formaciones. Sin embargo, la coincidencia entre los acuerdos políticos y los cambios en los recursos de la Fiscalía no acredita por sí sola que existiera una relación causal entre ambos hechos.
La documentación intervenida por la UCO incluye agendas, libretas manuscritas, un ordenador portátil y otros dispositivos. Los agentes recopilaron este material en la sede nacional del PSOE y en el domicilio de Cerdán en Navarra. El análisis de estos documentos forma parte de las pesquisas que continúan abiertas.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por EC, la cadena de decisiones comenzó en septiembre de 2024 y se prolongó hasta febrero de 2025. Entre los beneficiados figuraban presos condenados por delitos terroristas graves, incluido el asesinato del fiscal Luis Portero.
Durante esos meses, la Fiscalía no presentó recursos contra las progresiones de varios reclusos de ETA. La situación se mantuvo hasta que García Berro impugnó el tercer grado de Zabalo en marzo de 2025.
La UCO continúa examinando las anotaciones atribuidas a Cerdán para determinar si aportan información relevante a la investigación. Las pesquisas deberán aclarar el contenido de los posibles contactos y si existe alguna conexión demostrable con las decisiones penitenciarias adoptadas durante ese periodo.
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