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El recurso se presentará ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo y denuncia la «inacción» del Gobierno de Pedro Sánchez desde el asalto masivo a la ciudad los días 30 y 31 de julio. Sostiene que, pasados 80 días desde la «invasión», «no consta que se haya ejecutado una sola expulsión acordada en procedimiento administrativo». Afecta a los alrededor de 25.000 inmigrantes que, según el escrito, permanecen en Ceuta.
La Ciudad solicita medidas cautelarísimas «sin audiencia de la parte contraria». Alega que lo aconsejan la «naturaleza perentoria de los plazos legales» y el hecho de que la situación de interés para la Seguridad Nacional concluye el 31 de diciembre. Pide que el Estado «cumpla las obligaciones que la ley le impone», como ya impuso el Supremo en la crisis migratoria de Canarias en marzo de 2025.
El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas quiere que el tribunal ordene al Gobierno corregir la falta de medios para tramitar los expedientes de expulsión o devolución y las solicitudes de asilo de los adultos. Según fuentes del Gobierno ceutí, el objetivo es «el retorno de todos los invasores». La reclamación no plantea devoluciones automáticas: admite los procedimientos individualizados y el respeto al asilo, así como el de los menores cuya repatriación a Marruecos con familiares, tutores designados o servicios de acogida adecuados no sea posible.
El texto, firmado por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, se eleva este martes al Consejo de Gobierno. Su Consejería cifra en más de 45 millones los gastos extraordinarios en servicios públicos y advierte de un impacto creciente sobre la estabilidad presupuestaria. Según el escrito, esos perjuicios «crecen con cada semana» y «no pueden ser reparados con posterioridad».
El requerimiento previo se aprobó por unanimidad el 16 de septiembre y se presentó el 18 ante Presidencia del Gobierno, la Delegación del Gobierno y los ministerios de Política Territorial, Interior e Inclusión. Exigía resolver los expedientes de expulsión, devolución o retorno y las solicitudes de protección internacional, además de personal y medios para tramitarlos y mantener la seguridad pública. Según el acuerdo, el plazo venció el lunes 19 de octubre sin respuesta y, «lejos de remitir, la situación se ha cronificado».
La propuesta atribuye a la «omisión estatal» una grave alteración del ejercicio de las competencias ceutíes en asistencia social, sanidad e higiene. Recuerda que inmigración, extranjería, asilo y seguridad pública corresponden al Estado. También señala que el propio Ejecutivo central reconoció el desbordamiento de las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana en el Real decreto 705/2026, del 25 de agosto, que declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional.
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