--- canonical_url: "https://impactoespananoticias.es/contenido/36066/el-gobierno-de-sanchez-financia-con-millones-a-save-the-children-mientras-ensena" title: "El Gobierno de Sánchez financia con millones a Save the Children mientras enseña a los migrantes que pueden rechazar las pruebas de edad" article_type: "Article" description: "«Debes dar tu consentimiento antes de realizarlas o puedes negarte a hacerlas. Siempre pregunta y pide información si tienes dudas». «Si eres un niño, niña o joven de menos de 18 años tienes el derecho de quedarte en España»" main_image: "https://impactoespananoticias.es/download/multimedia.miniatura.bb91c634ee9f414a81194d7176f0f295.webp" date_published: "2026-08-30T08:22:00+02:00" date_modified: "2026-08-30T08:40:40+02:00" tags: - "Catalina Perazzo" - "Elma Saiz" - "Fernando Grande Marlaska" - "Invasion Ceuta" - "Pedro Sánchez" - "Save the Children" author_name: "Impacto España Noticias" author_url: "https://impactoespananoticias.es/usuario/2/impacto-espana-noticias" author_social_links: - "https://www.facebook.com/salva.salvaa.39" - "https://twitter.com/Okdiariodigita1?s=09" - "https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag" category_name: "Sinvergüenzas" category_url: "https://impactoespananoticias.es/categoria/38/sinverguenzas" category_description: "Cloacas PSOE, Begoña Gomez, Pedro Sanchez, Alberto Nuñez Feijoo, Santiago Abascal, Oscar Puente." --- # El Gobierno de Sánchez financia con millones a Save the Children mientras enseña a los migrantes que pueden rechazar las pruebas de edad La polémica sobre la actuación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes en Ceuta ya no puede despacharse simplemente calificándola de «bulo». Hay un documento. Hay un vídeo que permite verlo. Hay una posición pública de la propia organización. Y hay, además, una cuestión que afecta directamente al dinero de los contribuyentes: **los gobiernos de Pedro Sánchez han destinado millones de euros de recursos públicos a Save the Children para distintos programas.** La discusión, por tanto, no debería limitarse a determinar si una determinada ONG tiene derecho a defender una determinada posición. Naturalmente que lo tiene. La cuestión política es otra: **¿Debe el Estado financiar con dinero público a organizaciones cuya actuación y posicionamientos pueden influir directamente en uno de los asuntos más controvertidos de la política española: la identificación, protección y eventual traslado de menores migrantes no acompañados?** Ese es el debate que debería abrirse. ## El folleto existe y el mensaje es explícito El origen de la controversia está en un folleto informativo dirigido a personas migrantes que aparece en el vídeo difundido estos días. En una de sus páginas, bajo el epígrafe **«Determinación de la edad»**, se explica que una persona puede tener que someterse a pruebas médicas para determinar su edad. **Pero el documento añade algo especialmente relevante:** > «Debes dar tu consentimiento antes de realizarlas o puedes negarte a hacerlas. Siempre pregunta y pide información si tienes dudas». No hay que interpretar una declaración pública ni reconstruir una conversación privada. **Está escrito en el propio folleto.** El documento explica a la persona migrante que existe la posibilidad de negarse a realizar las pruebas médicas. Y eso cambia sustancialmente los términos de la discusión. Porque la determinación de la edad no es una cuestión administrativa secundaria. Determinar si una persona tiene 17 o 18 años puede significar la diferencia entre entrar en el sistema de protección de menores o ser considerada adulta. En un momento en el que las Administraciones públicas se encuentran desbordadas por la llegada y acogida de personas que aseguran ser menores, cualquier mecanismo que permita establecer la edad adquiere una importancia extraordinaria. ## «Si eres menor de 18 años tienes el derecho de quedarte en España» El mismo folleto contiene otro mensaje que tampoco admite demasiadas interpretaciones. **En una página dedicada específicamente a los menores puede leerse:** > «Si eres un niño, niña o joven de menos de 18 años tienes el derecho de quedarte en España». El documento explica también que los menores deben recibir protección y que los profesionales que trabajan con ellos pueden ayudarles. Nada de esto es ilegal. Un menor tiene derecho a la protección que establece la legislación española. El problema político aparece cuando este mensaje se coloca junto a información sobre el procedimiento de determinación de edad y la posibilidad de rechazar las pruebas médicas. Porque en ese momento surge una pregunta perfectamente legítima: **¿Qué incentivos genera el sistema?** El giro a la derecha de Sánchez con las leyes de asilo y extranjería enfada a las ONG’s ## Save the Children no se ha limitado a distribuir información: ha fijado una posición política La organización no ha ocultado su posición. El 24 de agosto, Save the Children hizo público un pronunciamiento específico sobre la situación de los menores en Ceuta. Su mensaje fue contundente. **Catalina Perazzo**, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, afirmó: > «Ante cualquier duda, debe prevalecer la presunción de minoría». La organización defendió además que las pruebas médicas para determinar la edad sean utilizadas **como último recurso**. Es una posición legítima desde el punto de vista del debate público. Pero precisamente porque es una posición legítima, también puede ser sometida a crítica. Y hay una diferencia importante entre defender que se proteja a los menores y defender un sistema en el que la duda se resuelva sistemáticamente en favor de quien afirma ser menor. Porque el Estado también tiene la obligación de proteger los recursos destinados a los menores y de garantizar que esos recursos sean utilizados por quienes realmente tienen derecho a ellos. # Una cosa es el derecho a negarse y otra que negarse convierta a alguien en menor Aquí conviene ser rigurosos. El hecho de que el folleto informe de que una persona puede negarse a una prueba **no significa que la negativa convierta automáticamente a esa persona en menor de edad**. La normativa establece un procedimiento de determinación de edad en el que interviene el Ministerio Fiscal. El protocolo publicado por el BOE regula precisamente los expedientes destinados a determinar la edad de extranjeros cuya minoría no pueda establecerse con seguridad. Por eso, sería incorrecto afirmar que una persona puede simplemente decir «no quiero hacerme la prueba» y obtener automáticamente la condición de menor. Pero también sería incorrecto afirmar que el folleto no informa de esa posibilidad. **Sí lo hace.** Y ese es el dato que debe estar en el centro de la discusión. # El dinero público entra en escena Aquí aparece la segunda parte de esta historia. Save the Children no es una organización que se financie exclusivamente mediante donaciones privadas. La propia organización publica información sobre sus cuentas y reconoce la existencia de financiación pública. En sus datos de transparencia de 2025 explica el destino de sus recursos y publica sus cuentas y memorias. Además, los registros oficiales del Estado permiten comprobar que durante los gobiernos de **Pedro Sánchez** se han concedido importantes cantidades de dinero público a la Fundación Save the Children. Y en este punto sí conviene poner nombres y cifras. En 2021, el Gobierno aprobó el **Real Decreto 938/2021**, impulsado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. **Entre las entidades beneficiarias figuraba expresamente:** **Fundación Save the Children.** La cantidad máxima asignada fue de **7.647.534 euros**. No hablamos, por tanto, de una ayuda simbólica. Son más de **7,6 millones de euros**. Y se trataba de una subvención directa dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Posteriormente, el Ministerio de Inclusión formalizó el convenio con Save the Children para ejecutar el proyecto financiado. El BOE especificó que la cuantía máxima destinada al proyecto ascendía a **7.647.534 euros**. # Más de cuatro millones para «infancia en movimiento» Pero aquella no fue la única gran partida. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó también el **Real Decreto 1101/2021**, destinado a financiar proyectos de innovación e investigación orientados a modernizar los servicios sociales y los modelos de atención. Dentro de ese programa aparece nuevamente Save the Children. **El proyecto llevaba un nombre especialmente relacionado con el asunto que hoy se debate:** **«Protección integral y escalable para la infancia en movimiento sin referentes familiares en España».** La cantidad asignada a Save the Children fue de **4.114.500 euros**. En otras palabras, solo estas dos líneas de financiación estatal aprobadas en 2021 suman alrededor de **11,76 millones de euros**. Y eso sin afirmar que todo ese dinero se destinara a inmigración irregular ni que toda la financiación pública recibida por la organización proceda del Gobierno central. No sería correcto hacerlo. Pero tampoco es correcto ocultar que **el Estado español ha financiado con cantidades millonarias a Save the Children para programas relacionados con inclusión social y protección de menores y personas en situación de vulnerabilidad.** # Y el flujo de dinero público no terminó en 2021 La relación institucional tampoco desapareció después. En febrero de 2026, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales publicó la relación definitiva de proyectos aprobados dentro del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Entre los beneficiarios vuelve a aparecer **Fundación Save the Children**. El proyecto, denominado **«Hogares Seguros»**, recibió una asignación de **2.325.962,88 euros**. El proyecto está relacionado con la preservación familiar y la protección de la primera infancia en situación de riesgo de desamparo. Nuevamente, no se trata de afirmar que ese dinero sea una subvención específica para la actuación de Save the Children en Ceuta. No lo es. Un extrabajador de Ceuta desvela que muchos de los invasores son delincuentes **Pero sí demuestra algo mucho más sencillo:** **Save the Children continúa siendo beneficiaria de importantes programas financiados con fondos públicos.** Y eso hace todavía más legítimo preguntar si el Estado debe revisar sus criterios de financiación cuando una organización participa activamente en debates políticos y sociales tan sensibles. # Pedro Sánchez y una política de subvenciones que merece ser revisada **Pedro Sánchez** no firma personalmente cada subvención concedida por la Administración. Sería demagógico decirlo. Las ayudas se tramitan a través de ministerios, secretarías de Estado, organismos públicos y procedimientos administrativos. Pero esos ministerios forman parte del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Y las prioridades presupuestarias también son decisiones políticas. Por eso es perfectamente legítimo hablar de **la política de subvenciones de los gobiernos de Pedro Sánchez** y exigir explicaciones sobre ella. Más aún cuando una parte de esas ayudas termina en organizaciones que, al mismo tiempo, participan activamente en el debate público sobre inmigración, menores no acompañados, acogida y determinación de edad. La pregunta no es si Save the Children puede defender su posición. Puede. La pregunta es si **el contribuyente debe financiar sin una evaluación más exigente cualquier programa de una organización que interviene directamente en ámbitos donde sus posiciones pueden tener consecuencias sobre la política migratoria y sobre el uso de los recursos públicos.** # ¿Dónde están los límites? Una democracia no puede impedir que una ONG tenga una determinada opinión. Pero tampoco debería existir la idea de que una ONG financiada con dinero público queda automáticamente fuera del escrutinio. Al contrario. **Cuanto mayor es la financiación pública, mayor debe ser la exigencia de transparencia, evaluación y rendición de cuentas.** Si una organización recibe millones de euros del Estado, las comunidades autónomas o fondos europeos gestionados por las **Administraciones españolas, los ciudadanos tienen derecho a saber:** - qué programas se financian; - cuánto dinero recibe cada programa; - quién decide la concesión; - qué resultados se obtienen; - qué porcentaje se destina a personal y estructura; - qué porcentaje llega efectivamente a los beneficiarios; - qué controles existen; - y qué mecanismos permiten retirar o revisar una financiación si los objetivos no se cumplen. La discusión debería ser todavía más exigente cuando la organización trabaja en un terreno tan sensible como la inmigración irregular y los menores no acompañados. # El Estado no puede externalizar sus responsabilidades y después mirar hacia otro lado Este es probablemente el aspecto más importante del debate. La protección de los menores corresponde a las Administraciones públicas. La determinación de la edad cuando existe una duda corresponde a los mecanismos establecidos por la legislación y, en determinados supuestos, al Ministerio Fiscal. Las ONG pueden colaborar. Pueden asistir. Pueden informar. Pueden denunciar situaciones de vulnerabilidad. Y deben poder hacerlo. Pero **no deberían convertirse de facto en árbitros de la política migratoria ni sustituir a las instituciones encargadas de determinar quién es menor y quién es adulto.** Cuando una ONG recibe dinero público y participa al mismo tiempo en la orientación de las personas que llegan al territorio, la Administración debe establecer controles especialmente rigurosos para garantizar que sus actuaciones sean compatibles con los procedimientos oficiales. No porque las ONG sean enemigas del Estado. Sino precisamente porque **el Estado tiene la obligación de controlar cómo utiliza el dinero de todos.** # El problema de fondo: proteger al menor sin convertir la duda en una puerta de entrada Nadie puede discutir seriamente que un menor debe ser protegido. **El problema aparece cuando la protección del menor se convierte en una discusión exclusivamente unilateral y se olvida la otra obligación del Estado:** garantizar que el sistema sea utilizado por quienes realmente cumplen los requisitos. Fuentes de la Policía Nacional desmontan el relato de los «grupos ultras» llegados a Ceuta En Ceuta esta cuestión tiene una importancia especial. La ciudad se encuentra en primera línea de una presión migratoria extraordinaria. Los servicios de protección de menores tienen recursos limitados. Las plazas de acogida son limitadas. Los trabajadores sociales son limitados. El dinero público es limitado. Y cada plaza ocupada por un adulto que no debería estar en el sistema es una plaza que no puede destinarse a un menor que realmente necesita protección. Ese es el argumento que quienes defienden una política más estricta consideran que no puede ser ignorado. # La transparencia también obliga a las ONG **Save the Children** asegura que mantiene una política de transparencia y publica sus cuentas y memorias. Eso es positivo. Pero la transparencia financiera no debería ser el final de la discusión. Debería ser el principio. Una organización que recibe millones de euros públicos debe estar preparada para responder a preguntas incómodas. También cuando esas preguntas afectan a su actuación en Ceuta. También cuando sus posiciones sobre la determinación de edad coinciden con una determinada visión de la política migratoria. Y también cuando informa a personas migrantes sobre la posibilidad de negarse a una prueba médica. No hay nada antidemocrático en pedir explicaciones. Al contrario: **cuando se utiliza dinero público, pedir explicaciones es una obligación democrática.** # El Gobierno de Pedro Sánchez debe explicar qué está financiando El debate no debería reducirse a una guerra entre quienes defienden a las ONG y quienes las critican. Hay una cuestión mucho más sencilla. El Gobierno de **Pedro Sánchez**debe explicar qué programas está financiando, cuánto dinero público reciben las organizaciones que trabajan con inmigrantes y qué controles existen para garantizar que esas organizaciones no interfieren en los procedimientos administrativos y jurídicos que corresponden al Estado. Y debe hacerlo con nombres y cifras. Porque los números existen. En 2021, el Ministerio de Inclusión concedió a Fundación Save the Children una subvención directa de hasta **7,65 millones de euros**. Ese mismo año, otro programa estatal destinó **4,11 millones de euros** a Save the Children para un proyecto de protección de la infancia en movimiento sin referentes familiares. En 2026, otro proyecto de Save the Children fue seleccionado con una financiación de **2,33 millones de euros** dentro del programa estatal de inclusión social y garantía infantil. Y mientras tanto, en Ceuta, la organización defiende públicamente que **«ante cualquier duda, debe prevalecer la presunción de minoría»** y que las pruebas médicas sean el último recurso. Y en el folleto que se muestra en el vídeo se informa a los migrantes de que pueden **negarse a realizar las pruebas**. Todo ello puede ser legal. Todo ello puede tener una explicación humanitaria. Pero **todo ello merece ser sometido al escrutinio público.** # La pregunta que queda sobre la mesa No se trata de demonizar a Save the Children. Tampoco de cuestionar la necesidad de proteger a los niños. Se trata de algo mucho más básico: **¿Quién establece las reglas de la política migratoria española: el Estado o las organizaciones que el propio Estado financia?** Si las ONG colaboran con las Administraciones, perfecto. Si reciben fondos públicos para desarrollar programas sociales, deben rendir cuentas. Si defienden públicamente determinadas posiciones, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero si esas mismas organizaciones reciben millones de euros del presupuesto público y participan activamente en un procedimiento tan sensible como la determinación de edad de personas migrantes, el Gobierno tiene una responsabilidad adicional. Debe garantizar que **la protección de los menores no se convierta en una vía para desproteger el propio sistema de protección.** Y debe garantizar que cada euro público destinado a estas organizaciones tenga una finalidad clara, medible y sometida a control. Porque proteger a un menor es una obligación. **Proteger el dinero de los ciudadanos también.** Y una cosa no debería utilizarse como excusa para olvidar la otra. **¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias?**Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es **Comparte en Redes Sociales** [**Apoya el periodismo independiente y crítico**](https://www.paypal.com/ncp/payment/MF9J9P38C9AQY) Evite la censura de Internet **suscribiéndose** directamente a nuestro canal de **Telegram**, **Newsletter** **Haz tu**[**Donación**](https://paypal.me/impactoespa?country.x=ES&locale.x=es_ES) **Síguenos en Telegram:**[https://t.me/impactoespananoticias](https://t.me/impactoespananoticias) **Whassapt Impacto España: [https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7](https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7)** **Twitter:** [https://twitter.com/impactoSumustv](https://twitter.com/impactoSumustv) **Instagram: [https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag](https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag)** **WhatsApp****: 635967726** --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.