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title: "Pedro Sánchez, Pepe Álvarez y Unai Sordo: el sindicalismo que vive demasiado cerca del poder"
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  - "ERE de Andalucia"
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# Pedro Sánchez, Pepe Álvarez y Unai Sordo: el sindicalismo que vive demasiado cerca del poder

**![descargar](/download/multimedia.miniatura.b9a15ab4870bfc4c.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp)**

Hay preguntas que incomodan precisamente porque nadie quiere formularlas en voz alta.

Una de ellas es esta:

**¿Puede un sindicato ser verdaderamente independiente del Gobierno cuando recibe millones de euros de dinero público y mantiene una relación permanente de colaboración institucional con ese mismo poder político?**

La pregunta no va dirigida contra los trabajadores.

Tampoco contra el derecho constitucional de asociación y libertad sindical.

Y mucho menos pretende negar la importancia histórica del sindicalismo.

La pregunta va dirigida a las grandes estructuras sindicales españolas, y especialmente a sus máximos responsables: **Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, secretario general de CCOO**.

Y también, inevitablemente, al Gobierno de **Pedro Sánchez**.

Porque después de años de gobiernos socialistas, negociaciones, acuerdos, fotografías institucionales, mesas de diálogo y financiación pública, resulta perfectamente legítimo preguntarse si las grandes centrales sindicales han conservado la distancia necesaria respecto al poder político.

## Millones de euros públicos

Empecemos por un hecho que no admite discusión.

El Estado financia mediante subvenciones determinadas actividades de las organizaciones sindicales.

El Boletín Oficial del Estado publicó en junio de 2026 la convocatoria de subvenciones a organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por actividades de carácter sindical, con una **cuantía máxima total de 32 millones de euros**. La convocatoria establece que pueden beneficiarse las organizaciones sindicales que tengan representación y que las ayudas están destinadas a actividades de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.

No estamos hablando, por tanto, de una invención de quienes critican al sindicalismo.

**Existe financiación pública. Existe una regulación. Existen convocatorias oficiales. Y existe dinero de los contribuyentes.**

La pregunta es si este modelo es el más adecuado para garantizar la independencia sindical.

## Pepe Álvarez y Unai Sordo: dos dirigentes ante una pregunta incómoda

Pepe Álvarez y Unai Sordo tienen todo el derecho del mundo a defender sus posiciones políticas y sindicales.

Pueden criticar a la derecha.

Pueden apoyar determinadas reformas.

Pueden coincidir con Pedro Sánchez.

Pueden reunirse con ministros.

Pueden negociar con el Gobierno.

Todo eso forma parte de la democracia.

Pero existe una frontera que un sindicalismo verdaderamente independiente debería cuidar especialmente: **la distancia respecto al poder político**.

Porque el sindicato no está para ser una extensión del Gobierno como ocurre actualmente, donde en ocho años de gobierno sanchista no han convocado ninguna huelga general, pero si harán una contra la oposición, es increíble.

Está para controlar al Gobierno cuando sea necesario.

Está para presionar al Gobierno cuando incumpla sus compromisos.

Está para enfrentarse al Gobierno cuando perjudique a los trabajadores.

Y esto debería ser así aunque el presidente del Ejecutivo sea socialista.

La investigación por la financiación del PSOE amenaza con irrumpir en plena campaña electoral

## El capítulo que no puede ocultarse: los reintegros judiciales

Existe otro aspecto que merece entrar en este debate: **las sentencias y resoluciones judiciales que han obligado a organizaciones sindicales a reintegrar dinero procedente de subvenciones públicas por robarlo a los trabajadores**.

Aquí conviene ser rigurosos.

Un reintegro de una subvención**equivale automáticamente a un delito de robo o malversación**. Puede producirse por una falta de justificación, un incumplimiento de las condiciones de la ayuda o por haber destinado parte de los fondos a una finalidad que la Administración considera no subvencionable.

**Pero precisamente por tratarse de dinero público, esos casos deben conocerse.**

### UGT-Andalucía y los 136.442 euros

Uno de los casos más significativos afecta a **UGT-Andalucía**.

El Tribunal Supremo dictó la **sentencia 1.808/2020, de 21 de diciembre**, en un litigio relativo a una subvención concedida a UGT-A dentro de un programa de formación profesional.

La Administración había acordado inicialmente un reintegro mucho mayor. Tras las distintas fases judiciales, quedó confirmado el reintegro de **136.442 euros**, correspondiente a una póliza contratada con Generali España.

El propio resumen de la jurisprudencia recoge que se trataba de una subvención destinada a formación profesional y que la cantidad finalmente mantenida como reintegro correspondía a esa póliza.

Esto es importante porque demuestra que no estamos hablando únicamente de opiniones políticas sobre los sindicatos.

**Hay resoluciones judiciales que han confirmado obligaciones de devolución de dinero público a organizaciones sindicales.**

Y hay que explicarlo con precisión.

No estamos diciendo que el Tribunal Supremo condenara a UGT por «robar» esos 136.442 euros.

Estamos diciendo algo diferente y perfectamente verificable:

**el Tribunal Supremo confirmó una obligación de reintegro de una cantidad procedente de una subvención pública por ir destinado a fines personalistas.**

La diferencia jurídica importa.

### Otro expediente de UGT-A: 779.364,59 euros

Existe además otro expediente relevante.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía examinó un recurso presentado por **UGT-Andalucía** contra una resolución administrativa que había establecido una obligación de reintegro de **779.364,59 euros**, de los cuales 688.000 euros correspondían al principal y 91.364,59 euros a intereses de demora, en relación con una subvención destinada a determinadas actuaciones vinculadas a la negociación colectiva.

La existencia de ese litigio demuestra hasta qué punto las relaciones entre las Administraciones y las grandes organizaciones sindicales han generado expedientes de reintegro de cantidades importantes.

**Pero nuevamente hay que distinguir:**

**una obligación de reintegro administrativo significa automáticamente que existe una condena penal por apropiación de dinero publico de manera ilegal.**

Precisamente por eso el debate serio debe apoyarse en las sentencias y no en calificativos.

### CCOO-Andalucía y otros 12.055,06 euros

Tampoco CCOO queda al margen de este tipo de procedimientos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 10 de enero de 2019, confirmó el reintegro de **12.055,06 euros** reclamado a **CCOO de Andalucía** en relación con determinados proyectos financiados con fondos FEDER.

La sentencia desestimó el recurso de CCOO-A y declaró conformes a Derecho las resoluciones administrativas que habían establecido el reintegro.

Una cantidad de 12.055 euros puede parecer pequeña frente a los presupuestos públicos.

**Pero el principio es exactamente el mismo:**

**si una organización recibe dinero público y no cumple las condiciones exigidas para conservarlo, debe devolverlo.**

Y los sindicatos no deberían ser una excepción.

## No es lo mismo una irregularidad administrativa que un delito

Este punto debe quedar meridianamente claro.

En el debate político español se utilizan con demasiada facilidad palabras como **«robo», «corrupción» o «malversación».**

Cuando existe una **condena penal firme**, podemos hablar de delito y de condena.

No debemos convertir una obligación administrativa de devolución en una condena penal que no existe.

Precisamente porque queremos exigir transparencia a los sindicatos, debemos aplicar el mismo rigor a nuestras propias afirmaciones.

## ¿Y el dinero que todavía no se haya recuperado?

Aquí aparece otra pregunta que merece una investigación periodística mucho más profunda:

**¿Cuánto dinero ordenado devolver a sindicatos está efectivamente reintegrado y cuánto permanece pendiente de cobro?**

No basta con publicar la sentencia.

Hay que seguir el dinero.

Una sentencia puede reconocer una obligación.

Después puede producirse un pago voluntario.

El ciudadano no debería tener que convertirse en investigador para averiguar si los millones concedidos en subvenciones terminaron correctamente utilizados.

## El caso de los ERE tampoco puede utilizarse de cualquier manera

Hay otro episodio que aparece inevitablemente cuando se habla de sindicatos, dinero público y Andalucía: el caso de los ERE.

En 2025, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acordó continuar por procedimiento abreviado una pieza relativa a ayudas por valor de **261,75 millones de euros** y señaló que entre las personas investigadas figuraban representantes sindicales de CCOO y UGT.

Pero aquí también hay que ser extremadamente cuidadosos.

**Que una persona esté investigada no significa que haya sido condenada.**

## La verdadera cuestión política

Y aquí volvemos al problema principal.

No hace falta afirmar que Pepe Álvarez o Unai Sordo hayan cometido un delito.

No hace falta afirmar que Pedro Sánchez haya comprado la voluntad de ningún sindicato.

No hace falta construir una conspiración.

Existe una cuestión mucho más sencilla:

**¿Es razonable que organizaciones encargadas de defender a los trabajadores reciban importantes cantidades de dinero público mientras negocian constantemente con el Gobierno que distribuye esos recursos?**

Sánchez incurrirá en un

La respuesta debe ser objeto de debate público.

Y si el sistema es correcto, sus defensores deberían poder demostrarlo con cifras.

## La independencia cuesta dinero

La independencia no consiste solamente en decir que uno es independiente.

También consiste en tener capacidad económica para enfrentarse al poder.

Si un sindicato depende principalmente de sus afiliados, puede permitirse decirle «no» a un Gobierno.

Si depende en mayor medida de recursos públicos, la ciudadanía tiene derecho a preguntar si esa dependencia puede condicionar sus prioridades.

No afirmamos que necesariamente las condicione.

**Preguntamos si el sistema puede generar ese riesgo.**

Y esa pregunta es completamente legítima.

## Que el sindicato viva del trabajador

Existe una alternativa sencilla de entender.

Más cuotas.

Más afiliados.

Menos dependencia de subvenciones generales.

Mayor transparencia.

Auditorías independientes.

Publicación de cuentas.

Publicidad de los convenios y contratos.

Información detallada sobre las ayudas públicas.

Y seguimiento público de cada reintegro.

Un trabajador debería poder consultar cuánto dinero recibe su sindicato del Estado y cuánto procede realmente de las cuotas de sus afiliados.

Porque si UGT y CCOO quieren representar a los trabajadores, resulta lógico que **los trabajadores tengan un papel fundamental en su financiación**.

## Pedro Sánchez tampoco debería buscar sindicatos cómodos

La responsabilidad no corresponde únicamente a Pepe Álvarez y Unai Sordo.

También corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez.

Un Gobierno democrático debería preferir sindicatos independientes, aunque sean incómodos.

Y los sindicatos deberían preferir gobiernos que acepten sus críticas, aunque sean duros.

La democracia funciona mejor cuando las organizaciones sociales tienen libertad para enfrentarse al poder.

Por eso el objetivo no debería ser conseguir sindicatos favorables a la derecha.

Ni sindicatos favorables a la izquierda.

**El objetivo debería ser conseguir sindicatos independientes de todos los partidos.**

## La calle no puede tener color político

UGT y CCOO no han convocado movilizaciones durante los gobiernos de Pedro Sánchez, y ha habido muchos motivos para hacerlas, uno de ellos es la subida de la luz tres veces mas que cuando gobernada Rajoy, al que si le hicieron manifestaciones cuando el precio era mucho mas bajo.

Sería falso afirmar lo contrario.

Han protestado por cuestiones laborales, por la reducción de la jornada, por Palestina y por otras reivindicaciones adsurdas.

Pero la cuestión que debe plantearse es diferente:

**¿Utilizan su capacidad de movilización con la misma intensidad frente a todos los Gobiernos?**

Esa es una cuestión política que los propios sindicatos deberían responder.

Un sindicato independiente no puede medir su contundencia según quién ocupe La Moncloa.

Debe medirla según lo que considere que necesita el trabajador.

## El trabajador no necesita sindicatos de despacho

España necesita sindicatos.

Pero necesita sindicatos cuya principal preocupación sea el trabajador.

El trabajador que cobra 1.200 euros.

El trabajador que no puede pagar un alquiler.

El trabajador que encadena contratos.

El autónomo que no llega a fin de mes.

El joven que no puede independizarse.

El empleado que teme perder su puesto.

La persona que lleva años esperando una mejora salarial.

Ese trabajador debería ser el centro de la acción sindical.

No la fotografía con el ministro.

No el despacho.

No la subvención.

No el acto institucional.

## La pregunta que deberían contestar Álvarez y Sordo

A **Pepe Álvarez** y **Unai Sordo** se les puede formular una pregunta sencilla:

**¿Estarían dispuestos a que UGT y CCOO redujeran progresivamente su dependencia de las subvenciones públicas y aumentaran sustancialmente el peso de las cuotas de sus afiliados?**

Y otra:

**¿Estarían dispuestos a publicar de forma fácilmente accesible, año por año, el total de dinero público recibido, el destino exacto de cada euro y la situación de todos los reintegros reclamados por las Administraciones?**

No son preguntas contra los sindicatos.

Son preguntas a favor de la transparencia.

## El dinero público no tiene ideología

Un euro procedente de los impuestos de un trabajador de izquierdas vale exactamente lo mismo que un euro procedente de los impuestos de un trabajador de derechas.

El dinero público no tiene partido.

No tiene sindicato.

No tiene ideología.

Por eso, quien lo recibe debe justificarlo.

Y si un tribunal confirma que una cantidad debe ser reintegrada, esa cantidad debe volver a las arcas públicas conforme al procedimiento legal correspondiente.

Sin excepciones.

Sin privilegios.

Sin amiguismos.

Sin importar si la organización beneficiaria es UGT, CCOO, USO, CSIF, CGT o cualquier otra.

## El verdadero debate

El debate no consiste en decidir qué sindicato nos gusta más.

Tampoco en convertir una sentencia administrativa en una acusación penal.

El debate consiste en algo mucho más importante:

**¿Queremos sindicatos financiados principalmente por sus trabajadores o sindicatos que dependan parcialmente de las Administraciones?**

¿Queremos máxima transparencia?

¿Queremos saber cuánto dinero público recibe cada organización?

¿Queremos saber qué cantidades han tenido que ser reintegradas?

¿Queremos saber cuáles han sido efectivamente cobradas por la Administración?

¿Queremos que los mismos controles que se aplican a cualquier beneficiario de subvenciones se apliquen también a las grandes centrales sindicales?

Son preguntas perfectamente legítimas.

Y cuanto más dinero público esté en juego, más legítimas son.

## La independencia se demuestra con hechos

UGT y CCOO tienen una historia importante en España.

Han participado en conquistas laborales que forman parte de nuestra democracia.

Pero una historia respetable no concede inmunidad frente al escrutinio.

Pepe Álvarez y Unai Sordo deben aceptar las preguntas.

Pedro Sánchez debe aceptar las preguntas.

Y las Administraciones deben publicar los datos.

Porque la mejor defensa frente a cualquier sospecha es la transparencia.

Y cuando existen sentencias que ordenan reintegros, el ciudadano tiene derecho a saber no solamente **cuánto dinero se reclamó**, sino también **cuánto se devolvió, cuándo se devolvió y qué cantidades permanecen pendientes, si las hubiera**.

No se trata de llamar «ladrones» a los sindicatos.

Se trata de algo más serio:

**seguir el dinero público hasta el último euro.**

Porque el dinero pertenece al contribuyente.

Y quien quiera representar a los trabajadores debe estar preparado para demostrar, con hechos y con cuentas claras, que su principal compromiso está precisamente con ellos.

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