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title: "Sánchez, a la «compra» de votos de pensionistas y funcionarios el 29-N"
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date_published: "2026-10-22T06:15:00+02:00"
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  - "Elecciones Generales"
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  - "Pedro Sánchez"
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  - "Yolanda Díaz"
author_name: "Impacto España Noticias"
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# Sánchez, a la «compra» de votos de pensionistas y funcionarios el 29-N

**![compra-de-votos](/download/multimedia.normal.9717e56cc67c6596.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)**

**Pedro Sánchez**, utiliza el aparato del Estado y los recursos financieros públicos sin ningún tipo de contemplación de cara a la cita electoral del 29 de noviembre. En sus más de ocho años al frente del gobierno, Sánchez ha prescindido de cualquier disimulo institucional a la hora de desplegar estrategias electorales de gran calado. Y ahora, cuando las encuestas están en contra, no iba a ser menos.**Lo que sea para «comprar» votos de donde sea**

Durante las semanas previas a los comicios ha acelerado la maquinaria legislativa y presupuestaria para movilizar una cantidad masiva de dinero público con un objetivo estrictamente político. No, a Sánchez no le importa en absoluto tu bienestar personal ni la sostenibilidad de las cuentas públicas; él busca capturar el voto de pensionistas y funcionarios de manera directa, y estas medidas de última hora sirven como herramienta de transacción política para perpetuarse en el poder.

**El plan del Ejecutivo contempla la inyección acelerada de más de 17.000 millones de euros mediante la vía del real decreto y la negociación exprés***.*La estrategia gubernamental apunta directamente a los principales colectivos del censo electoral, intentando asegurar la fidelidad en las urnas de millones de ciudadanos a costa de disparar el gasto estatal en el próximo ejercicio.

#### **La maniobra exprés con los empleados públicos**

Así Sánchez ha alterado los plazos habituales de la gestión administrativa para rentabilizar políticamente los acuerdos laborales previos. Habitualmente, las actualizaciones salariales de los empleados públicos carecen de una fecha fija en el calendario y los ministerios tramitan estos incrementos bien entrado el año de aplicación. Por ejemplo, el incremento correspondiente a 2026 obtuvo la validación a principios de diciembre de 2025. En esta ocasión, sin embargo, las prisas electorales guían la agenda del Ministerio de Función Pública.

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El ministro**Óscar López** pretende remitir la subida de los funcionarios a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para tramitarla de forma inmediata mediante un procedimiento de urgencia antes de la jornada de votación. Toda esta operación administrativa constituye un auténtico paripé mediático, puesto que los sindicatos y el Estado ya pactaron el incremento salarial del 4,5% para el año 2027, al cual se suma una cláusula de revisión del 0,5% para amortiguar el impacto directo de la inflación.

**La mejora económica de las plantillas públicas de más de tres millones de personas se encuentra plenamente garantizada con independencia del partido político que gane las elecciones generales, pero el candidato socialista necesita exhibir la firma del Real Decreto como un logro propio de su campaña electoral**. Esta decisión comprometerá unos 8.000 millones de euros del erario, más otros 900 millones derivados del ajuste inflacionario.

#### **El uso político de la revalorización de prestaciones**

El segundo pilar de esta campaña de atracción de sufragios se centra en la **subida de las pensiones** conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC). La actualización anual de las prestaciones contributivas exigirá un desembolso idéntico de fondos públicos, con una factura estimada de 8.400 millones de euros según los cálculos que maneja la fundación de análisis Funcas.

**Aunque las cuentas bancarias de los pensionistas no reflejarán esta mejora económica hasta la nómina del mes de enero de 2027, los estrategas de Ferraz explotarán el anuncio de forma intensiva durante los mítines de la campaña electoral.** El Ejecutivo cuenta además con un aliado de carácter técnico en el calendario.

El próximo 27 de noviembre, a tan solo cuarenta y ocho horas de la apertura de los colegios electorales, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el avance del dato de inflación del año en curso. Esta cifra resulta indispensable para computar de forma exacta la cuantía de la revalorización de las pensiones, otorgando a los portavoces del Partido Socialista una oportunidad única para pregonar el incremento presupuestario justo antes de que los ciudadanos depositen las papeletas en las urnas.

#### **El control de los grandes caladeros electorales**

La suma conjunta de ambas partidas de gasto supera holgadamente la barrera de los 17.000 millones de euros públicos. Se trata de recursos financieros en favor de colectivos con un peso demográfico decisivo. El segmento de los pensionistas cuenta con más de 9,5 millones de beneficiarios en todo el país, quienes se unen a las filas de los más de tres millones de empleados públicos que prestan servicio en las distintas administraciones del Estado.

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A este inmenso volumen de votantes potenciales se añade un tercer colectivo estratégico: los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). **Unos 2,5 millones de empleados conocerán de forma totalmente anticipada las mejoras en sus condiciones retributivas para el próximo año**. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, **Yolanda Díaz**, ordenó reunir de urgencia al comité de expertos con la finalidad de adelantar todos los trámites burocráticos pendientes.

**El objetivo estratégico de la comunista Díaz pasa por aprobar el nuevo marco salarial en las jornadas inmediatamente anteriores al 29 de noviembre, buscando colgarse una última medalla social de cara al electorado de izquierdas**mientras traslada la factura íntegra del incremento a las empresas del tejido productivo privado.

#### **15 millones de votos**

El gobierno de Sánchez y en Ferraz conocen a la perfección el impacto aritmético de estos tres grandes grupos demográficos. **Los funcionarios, los pensionistas y los perceptores del salario mínimo suman conjuntamente más de 15 millones de ciudadanos españoles con derecho al voto, una cifra que equivale aproximadamente al 39% de todo el censo electoral nacional.**

Para los planificadores de La Moncloa, el despliegue de este masivo reparto de fondos resulta una opción sumamente rentable, sobre todo porque la factura de la campaña electoral la pagan todos los contribuyentes con sus impuestos. Esto supondrá un buen caladero de votos para el PSOE. Y Sánchez lo sabe

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