Un decreto vigente, revelado por este medio, establece penas de prisión de uno a cuatro años y multas de hasta 25.000 euros para cualquier persona que entre ilegalmente en el territorio vaticano mediante “violencia, amenazas o engaño”
Álvaro García Ortiz tramitó en persona, cuando era fiscal general del Estado, una denuncia de la cloaca del PSOE contra la jueza de Badajoz que acababa de imputar al hermano del presidente del Gobierno
Arroyo aseguró a los medios que esas joyas intervenidas tendrían un valor de “entre 30.000 y 50.000 euros”, pero la tasación realizada por la joyería Ansorena a instancias del juez José Luis Calama lo cifra en 1,3 millones de euros
Estima parcialmente la demanda de García-Castellón y considera que sus manifestaciones en la red social X en 2024 generaron al juez "un daño moral que debe ser indemnizado en la cuantía de 9.000 euros". La demanda reclamaba que la compensación fuera de 350.000 euros