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La reciente regularización impulsada por la Inspección de Trabajo —que afectó también al contrato de Intxaurrondo— vino a corregir una práctica extendida: la de considerar “colaboradores externos” a quienes, en realidad, mantenían una relación laboral continuada

Los escritos señalan que no existe constancia de una actividad económica real por parte de la sociedad, ni de la existencia de empleados o recursos materiales propios que justifiquen su operativa. El objeto social se limitaría, en la práctica, a la gestión de los ingresos derivados del contrato entre RTVE

La denuncia también cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera simulación fiscal el uso de sociedades instrumentales para eludir impuestos mediante ingresos personales disfrazados de actividad mercantil