La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por hechos que podrían constituir delitos de prevaricación y malversación de fondos comunitarios en relación a un contrato del Ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa por el que se adquirieron 500.000 batas desechables con un supuesto sobrecoste de diez millones de euros respecto del precio de mercado en la primera ola de la pandemia. En total, se abonaron 11 millones de euros, sin que haya además justificación de a dónde fue una parte del importe.

La Fiscalía Europea abre así una investigación sobre este asunto que ya estaba siendo objeto de análisis en la Fiscalía Anticorrupción, donde el fiscal Luis Pastor asumió estas pesquisas tras una denuncia del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid el pasado 22 de abril. El contrato fue financiado al 100% con fondos de la Unión Europea, de ahí que la fiscalía internacional reclame para sí la competencia en la investigación.

Se trata de un contrato de compra de 500.000 batas desechables a la sociedad Weihai Textile Group «por un precio que sería notoriamente superior al de mercado por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad» suscrito el 27 de marzo de 2020, a partir de un recibí proforma expedido por la empresa dos días antes. Se pagaba por adelantado cada unidad a 16,7 euros y a cambio, se entregarían 100.000 batas por semana a partir del 2 de abril.

La Fiscalía Europea, que el pasado mes de julio recibió toda la documentación que tenía Anticorrupción sobre el contrato, se hace eco sobre los hechos que denunciaron los populares madrileños en relación al precio: que en esas fechas había otras dos empresas suministrando batas desechables como las adquiridas por Sanidad que en lugar de casi 17 euros costaban entre 0,28 y 0,33 céntimos de euro cada unidad.

Pero el decreto llama la atención sobre otros detalles de aquella adjudicación, como el hecho de que constando en un recibo proforma expedido por la empresa al Ingesa el 25 de marzo su identificación completa y su domicilio social, en la firma del contrato no aparezca nada más que el nombre de la mercantil. «Se omitió cualquier circunstancia sobre la sociedad, incluso su domicilio, reflejándose únicamente que estaría ubicada en España», expone la Fiscalía Europea. «Así consta en la publicación en el BOE de 28 de abril de 2020 del anuncio de formalización del contrato.

Sin embargo, examinado el expediente digital enviado, resulta patente que la Administración conocía todos los datos identificativos de la sociedad», añade el decreto. Incide en que «no consta ninguna referencia ni al objeto social de la empresa ni a su solvencia económica ni a la capacidad de hacer frente a las obligaciones del contrato».

Era una mercantil china y su domicilio «no se publicó hasta el BOE de 4 de mayo», mediante una corrección de errores. Para entonces, como desarrolla la fiscal, «no sólo se había formalizado ya el contrato, sino que ya habría sido pagado en su integridad el precio y, según factura, debía haberse ejecutado íntegramente».

Añade otro elemento a considerar, que el contrato era del Ingesa, «órgano adjudicador y quien en esos momentos era el órgano de contratación», y pese a ello, «no consta en la firma» que interviniese: lo suscribió el Ministerio de Sanidad.

Respecto al pago, el decreto se detiene en las condiciones que recogía el recibo emitido por la empresa a Sanidad y la memoria justificativa del contrato, que añade una cuantía sin justificar dentro del monto de 11.034.969,49 euros pactado. En concreto, refleja que precio ofrecido por Weihai era de 8.423.640,83 euros por las batas y un IVA de 1.768.964,58 euros, más un total de 842.364,08 euros en concepto de «tasas, aranceles y otros 10%». «No consta en la memoria justificación, aclaración o soporte documental alguno sobre este último importe no permitiendo, por tanto, determinar qué concretos servicios se incluían en ese pago», dice el decreto que abre la investigación.

Sin conflicto de competencia
La Fiscalía Europea concluye que «a falta de una calificación siquiera provisional», los hechos podrían ser constitutivos de posibles delitos de prevaricación y malversación, «sin perjuicio de ulterior y mejor calificación», una vez vayan avanzando las pesquisas, que ahora asume.

El decreto recuerda que en todo caso, los hechos afectarían a los «intereses financieros de la Unión Europea» al tratarse de la «adjudicación de un contrato público financiado en su integridad con fondos europeos» por lo que entienden que la competencia para investigar es «sin ninguna duda» suya, que no de la Fiscalía Anticorrupción. «La Fiscalía Europea es competente territorial y temporalmente», insiste, para añadir: «La incoación de dos procedimientos diferenciados en el presente caso podría llegar a perjudicar los derechos de defensa del investigado».

Según las fuentes consultadas por este diario, Anticorrupción ha entregado las diligencias a la Fiscalía Europea sin que se haya producido conflicto de competencias como el que ocurrió con las que afectaban al hermano de Isabel Díaz Ayuso. En aquel caso, la Fiscalía General del Estado tuvo que intervenir y otorgó la competencia a los fiscales nacionales. El asunto se acabó investigando por separado.

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

TEAMING, DONA UN EURO AL MES

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

Whaatsapp: 635967726