La Fiscalía sigue obstaculizando la investigación del caso Pfizergate. La vista que tuvo lugar el viernes de la semana pasada en el tribunal de Lieja lo volvió a demostrar. Los fiscales han cambiado de bando y se han convertido en los mejores defensores.

Para negociar el contrato de compra de vacunas contra el “covid”, por un precio superior a 35.000 millones de euros, Ursula von der Leyen y el director general de Pfizer, Albert Bourla, intercambiaron una serie de mensajes de texto.

En abril del año pasado Frédéric Baldan acudió al tribunal de Lieja para presentar una querella criminal por “usurpación de funciones y títulos”, “destrucción de documentos públicos”, “apropiación ilegal de intereses y corrupción”. Pero, desde finales de junio del año pasado, contra todo pronóstico, la Fiscalía europea (EPPO) intenta hacerse cargo del caso, aunque a priori no tiene competencia, con el objetivo evidente de enterrar el sumario.

Prueba de ello es que el viernes, cuando se iba a celebrar una audiencia a puerta cerrada ante la sala del consejo del tribunal de Lieja, la sesión se aplazó indefinidamente por una maniobra sorpresiva por parte de la Fiscalía.

Una primera audiencia tuvo lugar el 17 de mayo, aunque no se refería al fondo del caso, sino a los términos del procedimiento. Se plantearon tres preguntas: ¿es la Fiscalía Europea competente para investigar el caso? ¿Está la presidenta de la Comisión Europea protegida por su inmunidad? ¿Cuál es el interés de los demandantes en actuar?

Baldan ya no es el único que está presente en la querella. Con el tiempo se le han unido otros 500 querellantes, incluidos dos Estados miembros de la Unión Europea (Polonia y Hungría), asociaciones, partidos políticos, dos grupos de tripulaciones de vuelo francesas y holandesas y personas de todos los países y profesiones.

La audiencia del 6 de diciembre tenía por objeto aclarar estas tres cuestiones. Pero, en el último momento, es decir durante la audiencia, la Fiscalía europea, mediante acrobacias procesales, vino a explicar que el acto no se podía celebrar y que debía posponerse hasta el 6 de enero.

La Fiscalía empezó a programar recursos para varios meses y aún no lo había hecho, pero declaró en la audiencia que estaban programados para el 6 de enero del año que viene.

El aplazamiento fue aceptado, pero al final, las cuestiones de forma (interés en actuar, inmunidad y jurisdicción) se tratarán ante la sala de acusación del Tribunal de Apelación de Lieja el 6 de enero, mientras que la audiencia ante la sala del consejo se pospondrá hasta una fecha indeterminada.

Alrededor de 200 de los 500 denunciantes estuvieron presentes en la audiencia del viernes y la sala estaba llena, aunque era la más espaciosa. Sin embargo, el presidente de la cámara autorizó la constitución de nuevos partidos querellantes. Como consecuencia de ello, ahora hay mil querellantes. Como todo el mundo tiene derecho a asistir al juicio, puede haber un grave problema de espacio.

Estarán todos, excepto Ursula von der Leyen y Albert Bourla. Tampoco estuvo el juez de instrucción Frederic Frenay, algo nunca visto hasta ahora. Debía presentar un informe, pero dijo que la Fiscalía Europea le había obstaculizado la continuación de la investigación a partir del 19 de julio, fecha en la que Ursula von der Leyen fue reelegida presidenta de la Comisión Europea.

La jefa de la Fiscalía Europea, la rumana Laura Kovesi, no piensa en otra cosa que en proteger a Von der Leyen. Según Baldan, la reelección de Von der Leyen sólo fue posible por la protección de la Fiscalía Europea, que nunca notificó oficialmente a la Comisión Europea que estaba investigando a su Presidenta.

Pero se logró una pequeña conquista: los 200 querellantes finalmente pudieron acceder al sumario de la investigación, algo que ni siquiera los eurodiputados habían logrado.

El sumario demuestra que las autoridades europeas actuaban en connivencia con Pfizer y engañaron a la población. Le presentaron un producto diciendo que era seguro, eficaz y que le permitiría proteger a otros consumiéndolo, pero era un engaño y las autoridades de Bruselas lo sabían desde el principio, especialmente Von der Leyen.

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